La nueva oleada de acuerdos sobre tierras no es la inversión en agricultura que millones de personas esperaban. Las personas más pobres son quienes más sufren cuando se intensifica la competencia por la tierra. Las investigaciones de Oxfam demuestran que la población local suele salir perdiendo frente a las élites locales y a los inversores nacionales o extranjeros, ya que carece de poder para hacer valer sus derechos y defender sus intereses eficazmente.

Las empresas y los gobiernos deben adoptar urgentemente medidas para que se respete el derecho a la tierra de las personas que viven en la pobreza. Además, si se espera que las inversiones contribuyan a mejorar la seguridad alimentaria y los medios de subsistencia de las personas en lugar de minarlos, las relaciones de poder entre los inversores y las comunidades locales tienen que cambiar.

Recomendaciones:

• Deben respetarse los derechos de las comunidades afectadas por estos acuerdos y atender sus reclamaciones, y quienes obtienen beneficios con los acuerdos internacionales deben contribuir a garantizar que esto suceda. Aquéllos que financian la inversión o adquieren las tierras, así comolas empresas situadas por debajo en la cadena de valor, deben utilizar su influencia para garantizar que esto sea así.
• El equilibrio de poder debe inclinarse a favor de las poblaciones locales y las comunidades con derechos sobre la tierra. Los gobiernos deben adoptar estrictos estándares internacionales sobre la gobernanza de la propiedad de la tierra y la gestión de los recursos naturales.
• Los gobiernos receptores deben respetar y proteger todos los derechos existentes sobre la tierra y garantizar que se aplique el principio de consentimiento libre, previo e informado, así como que las mujeres dispongan de los mismos derechos de acceso y control sobre la tierra.
• Los inversores deberían respetar todos los derechos existentes sobre el uso de la tierra. Deberían asegurarse de que en todos los acuerdos se aplique el principio de consentimiento libre, previo e informado, así como buscar alternativas a la pérdida de derechos sobre la tierra por parte de los pequeños productores y productoras de alimentos.
• Las entidades financieras y compradoras deberían asumir su total responsabilidad en la cadena de suministro. Deberían exigir a todas las operaciones agrícolas que financian o utilizan como proveedores que respeten los principios mencionados anteriormente y corregir los problemas existentes.
• Los gobiernos de los países de origen deberían exigir a las compañías que invierten en el extranjero que hicieran públicas todas sus actividades y garantizaran que se apliquen estándares y salvaguardas para proteger a los pequeños productores y productoras de alimentos y a las poblaciones locales.