19-3-2011, Parlamentario
Por Julio El Ali
Las tierras son extranjeras y las penas argentinas. Mientras alrededor de 17 millones de hectáreas están en manos de inversores extranjeros, miles de ciudadanos sufren las inclemencias de un sistema económico que los obliga a vivir en zonas superpobladas para poder conseguir un puesto de trabajo. Una de las claves en el sistema capitalista es justamente la propiedad privada y el Estado debe bregar por la defensa de sus recursos naturales y su óptima producción con el mayor rendimiento. Sin embargo, el Estado argentino no cumple con ese rol y por eso se destacan los ejecutivos de renombre internacional que son dueños del sur del país. Entre ellos, Luciano Benetton (propietario de 900.000 hectáreas en la Patagonia), Douglas Tompkins (350.000 hectáreas en Corrientes, Santa Cruz, Neuquén y Tierra del Fuego), Ted Turner (5.000 hectáreas en Neuquén y Tierra del Fuego) y Charles Joe Lewis (18.000 hectáreas en Río Negro). Sin una política proteccionista de los recursos naturales, los cálculos indican que cerca del siete por ciento del territorio nacional fue comprado por inversores extranjeros, según los datos proporcionados por las autoridades de la Federación Agraria Argentina (FAA).
En este contexto, el ministro de Agricultura, Julián Domínguez, ya había adelantado que “está firme la decisión presidencial de impulsar en el Congreso de la Nación un proyecto de ley que detenga la venta indiscriminada de tierras argentinas a inversores extranjeros”. Para redoblar la apuesta, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner aceptó el pedido del diputado radical Pablo Orsolini, quien le gritó desde su banca durante la Asamblea Legislativa. “Vamos a enviar un (proyecto) que tiene que ver con la Ley de Propiedad de la Tierra en la República Argentina”. En cuanto a extranjerización de la tierra, Cristina aclaró que la ley “tiene que ser lo suficientemente inteligente para que no tenga un sesgo anti-inversor que nos plantee a los argentinos como xenófobos y refractarios a cualquier tipo de inversión”. Será esta aclaración de la Presidenta el eje de discusión y polémica sobre cuál es el límite para que una inversión no sea lo mismo que adueñarse de parte de la Patagonia. En plena coincidencia con Cristina, la diputada del Movimiento Popular Neuquino, Alicia Comelli, sostuvo que “el Congreso debe abocarse a tratar los diversos proyectos existentes sobre la venta indiscriminada de tierras a extranjeros y es muy importante que el Ejecutivo se sume al debate con una iniciativa propia”. A la voluntad de Cristina, Dominguez, Orsolini y Comelli se unen las decenas de buenas intenciones de los legisladores que han presentado durante años iniciativas con el objetivo de frenar la extranjerización de tierras.
Piedras en el camino
Un dato relevante para el futuro inmediato respecto al tratamiento del tema es la cantidad de veces que el debate ha quedado trunco en las comisiones. El último fracaso fue el intento de la diputada Elisa Carrió (CC), cuando el 4 de agosto del año pasado un proyecto de la líder de la Coalición Cívica y otro del radical Pablo Orsolini tuvieron moción de preferencia para ser tratados en el recinto con o sin dictamen de comisión, lo que generó polémica y nunca se volvió tratar. En aquella oportunidad, el debate se desató entre el oficialismo y la oposición porque Carrió había propuesto que se trate en el recinto con o sin dictamen de comisión. Ante este pedido, el diputado oficialista Carlos Kunkel sostuvo que “seguramente la bancada oficialista iba a estar de acuerdo en muchos puntos” pero este tema complejo debía ser tratado en las comisiones respectivas. En ese momento, desde su banca, el diputado oficialista José María Díaz Bancalari también elogió la iniciativa de Carrió pero recordó que en otros periodos legislativos, cuando se avanzaba en este tema, “todos aquellos que nos apoyaban nos dejaron solos. Espero que no se vuelva a repetir”. En los dichos del peronista histórico se revela que el tratamiento sobre este tema no es nuevo y ya se ha convertido en una deuda del Parlamento. Luego de esa discusión, la Cámara de Diputados votó un pedido de preferencia para tratar la iniciativa que pone límites a la venta de tierras, pero nunca se debatió en el recinto y quedó postergado en la agenda parlamentaria. La extranjerización de tierras se ha reubicado entre las prioridades legislativas, pero se duda que el Congreso salde esta deuda en un año electoral.
