25-3-2011
Unidad de Comunicación, Fundación TIERRA
Con un alegato a favor de que la venta de tierras a ciudadanos extranjeros cese en Bolivia, el investigador de Fundación TIERRA, Miguel Urioste, reclama al Estado un mayor control de este comercio que realizan las familias bolivianas, amparadas en un marco jurídico débil y poco claro.
“En los últimos años, a pesar del discurso político gubernamental contrario al latifundio y al agro negocio, la inversión extranjera directa destinada a la compra de tierras continúa siendo protegida por el Estado. De hecho desde el año 2006 hasta el año 2010, ninguna hacienda de ciudadanos argentinos o brasileros ha sido “avasallada” por campesinos sin tierra, cosa que era muy común y frecuente antes del inicio de este gobierno. Todas las normas agrarias, incluidas la Ley de Reconducción Comunitaria de la Reforma Agraria de 2006 y la nueva CPE de 2009, permiten la libre compra venta de tierras entre privados, independientemente de su nacionalidad, siempre y cuando el comprador extranjero resida en el país, salvaguarda que es fácilmente resuelta contrayendo matrimonio con ciudadanas bolivianas y obteniendo así automáticamente la naturalización”, señala el autor, quien difunde estos criterios en la investigación sobre Extranjerización de la Tierra boliviana.
Urioste presentó algunos avances de su trabajo en el seminario Bolivia Post Constituyente, realizado entre el 18 y 20 de octubre de 2010 en La Paz. En la ocasión, comentó: “Es un estudio muy novedoso porque no existen antecedentes sobre el tema. La información es muy escasa, y no es casual, porque se trata de ocultar el conocimiento de este fenómeno. En otros países la información es más accesible, el caso de Paraguay y Uruguay, donde el fenómeno de extranjerización de la tierra es similar al que está viviendo Bolivia. Lo que pasa es que en estos dos países la presencia de brasileños, en particular, y argentinos también es más contundente en términos numéricos. En Bolivia estamos hablando de unas 200 o 300 personas, pero con gran poder de concentración de la propiedad de la tierra y del poder económico consecuente. La presencia extranjera de brasileños en Bolivia se remonta a los años 90 (del siglo XX); controlan el negocio de la soya, no solamente el cultivo del producto, sino su transformación, su exportación, y tienen digamos los mecanismos de acceso al sistema financiero internacional a los mercados, porque vienen de países con una amplia experiencia en el tema”.
Dada esta experiencia, añade Urioste, los productores bolivianos no tienen ningún empacho en situarse en un segundo plano y optan, en muchos casos, por alquilar sus tierras a extranjeros que se ocupan de todo el proceso de siembra, cosecha y comercialización de la soya, principalmente. “Los bolivianos son un vagón más del tren. La locomotora del modelo soyero está en manos de extranjeros”.
Este sistema de trabajo, preocupa al estudioso porque los extranjeros poseen la mejor tierra del país. “La mejor tierra de Bolivia está en manos de argentinos y brasileños y el estado boliviano no tiene capacidad de regular de controlar de administrar esto. Por ejemplo no les cobran impuestos, los productores de soya, ganaderos, los grandes propietarios de tierras no pagan impuestos por la tierra y el impuesto que debieran pagar por la exportación del valor de la soya es mínima, y eso no parece correcto, deberían pagar montos imponibles igual que el resto de la sociedad, que el resto de los negocios”.
A este aspecto económico, se suma el hecho de que el saneamiento de las propiedades es insuficiente y, por ello, el comercio de tierras a favor de ciudadanos de otros países sigue creciendo, según destaca Urioste en el trabajo, que será publicado en los próximos meses.
“Notablemente, este acaparamiento de tierras vía compra y la reciente modalidad de alquiler de tierras de bolivianos a brasileros, argentinos y marginalmente a algunos colombianos, no ha sido desalentado por la persistente inseguridad jurídica que deriva de la falta de títulos de propiedad saneados por el Estado boliviano a través del INRA. Es sorprendente como hasta fines del año 2010, la gran mayoría de las tierras que se destinan al cultivo de la soya en Bolivia y que están en manos de ciudadanos nacionales y extranjeros, no han concluido su proceso de saneamiento y no tienen títulos de propiedad en regla, aunque muchas de estas tierras cuentan con el Plan de Ordenamiento Predial (POP). A pesar de que este POP se debiera otorgar únicamente a los portadores de títulos debidamente saneados, en la práctica no ha ocurrido así ya que también han accedido quienes poseen otros documentos (autos de vista, sentencias ejecutoriadas…) que demostrarían la pacífica posesión de las tierras. Tan alta sería la utilidad que se obtendría del agro negocio, que justificaría el riesgo de eventualmente perder las tierras por reversión del Estado. Por eso, la activa presencia de la Cancillería brasilera para proteger las inversiones y los derechos de posesión de tierras de los ciudadanos brasileros en Bolivia, es tan resaltada y requerida por estos inversionistas”.
En este marco, el gobierno anunció a mediados de febrero de este año que iniciaría un proceso de expropiación de al menos un millón de hectáreas que estarían bajo el control de ciudadanos extranjeros. Este anuncio quedó en el limbo, ya que las autoridades nacionales no volvieron a hacer referencia a esta acción.
