4-2-2013, MOIR
Jorge Enrique Robledo
Un gran debate recorre al mundo. Versa sobre los millones de hectáreas de tierras rurales de los países del tercer mundo que están siendo adquiridas por las potencias económicas y las trasnacionales del agronegocio y la especulación financiera e inmobiliaria. ¿Las causas? La mayor conciencia de que el suelo productivo es un bien escaso, las asechanzas a la seguridad alimentaria de las naciones, la carestía de los alimentos convertidos en commodities, las fuertes valorizaciones de la tierra rural y el peso de la comida y los territorios en la soberanía nacional y el control económico y militar del globo.
Medidas para controlar la adquisición de las tierras rurales por los extranjeros, que incluyen no venderles ni un ápice o imponerles severos límites, existen, entre otros, en Estados Unidos, Canadá, Brasil y Argentina (http://bit.ly/Z5nMfh). Luego en Colombia ni siquiera cabe la bobería de los extranjerizadores de decir que “es que aquí hay tierras de sobra” y que “los extranjeros no tienen mucha”.
La extranjerización de la tierra, y de todo, en Colombia la aúpan Santos y Juan Camilo Restrepo. Cuando en el Senado expresé mi preocupación sobre el tema –ilustrada porque el presidente de la SAC informó que ciudadanos chinos ofrecieron comprar 400 mil hectáreas para producir alimentos y exportarlos a su país–, el ministro de Agricultura dijo que no le veía problema, valoró muchísimo la inversión extranjera en el campo y no dijo nada de someterla a algún control. Después, a instancias suyas, el Congreso modificó la Ley 160 de 1994, para arrebatarles a los pobres del campo el derecho a quedarse con las tierras baldías del Estado y desproteger la propiedad campesina originada en decisiones oficiales, de forma que millones de hectáreas –en la altillanura y el resto del país– pudieran pasar a manos de los magnates nacionales y extranjeros, que además las recibirían cuasi regaladas. Esta intentona fue declarada ilegal por la Corte Constitucional, pero el gobierno presiona la redacción del fallo e insiste en su política regresiva, que incluye convertir en siervos del siglo XXI a sectores del campesinado.
La extranjerización concentrará aún más la propiedad de la tierra rural y su uso improductivo. El promedio mundial de cada compra foránea es de 40 mil hectáreas y el 25 por ciento supera las 250 mil. Y apenas el 20 por ciento de esas tierras termina cultivado, pues el resto va a la especulación inmobiliaria y financiera (http://bit.ly/ZQ0tHG). En Colombia, entonces, la extranjerización agravará la concentración de la tierra –una de las mayores del mundo, con un gini de .89– y aumentará su ya muy fuerte empleo especulativo, haciendo más difícil o imposible usarla para fines productivos. Dado el evidente desastre del agro nacional –además de la enorme pobreza, hay 21 millones de hectáreas agrícolas sin cultivar–, es ingenuo o habilidoso, entonces, argüir que la extranjerización no agravará los problemas del agro, sino que los solucionará, y más en un país gobernado por quienes lo someten a las inmensas importaciones agrarias del “libre” comercio.
Los estudios también dicen que los inversionistas extranjeros logran que el Estado ponga en su beneficio los escasos recursos oficiales, y no en el de los productores nativos. De esta manera, por ejemplo, las inversiones en vías se dan allí donde a ellos les interesa y no donde las necesitan los demás e igual ocurre con los pocos subsidios que el Estado destina para el campo. La producción agrícola que establecerán será la que les convenga a sus negocios de agro exportación, aumentando la inseguridad alimentaria que Colombia ya padece. Además, la extranjerización se aceleró mediante la violación de la Ley 160, según lo reconoció el propio Juan Camilo Restrepo (http://bit.ly/UzM4u2), y tras ella pueden legalizarse dineros ilegales originados en el país, a los que les dan la vuelta por los paraísos fiscales.
La toma de las tierras rurales por parte de los extranjeros también golpea la soberanía nacional, de tantas maneras debilitada o sometida a los intereses foráneos, intereses que no son idénticos a los nacionales, y que pueden ser contrarios, así lo nieguen los gananciosos con la confusión. Dada la importancia de la propiedad de la tierra en la política en Colombia, ¿quién definirá sobre los asuntos políticos en las regiones cuyas tierras controlen los extranjeros? ¿No empeorará ese control las decisiones del gobierno central? Si la Orinoquia pasa a manos foráneas, ¿si será para siempre colombiana? No olvidar a Panamá.
Jorge Enrique Robledo
Un gran debate recorre al mundo. Versa sobre los millones de hectáreas de tierras rurales de los países del tercer mundo que están siendo adquiridas por las potencias económicas y las trasnacionales del agronegocio y la especulación financiera e inmobiliaria. ¿Las causas? La mayor conciencia de que el suelo productivo es un bien escaso, las asechanzas a la seguridad alimentaria de las naciones, la carestía de los alimentos convertidos en commodities, las fuertes valorizaciones de la tierra rural y el peso de la comida y los territorios en la soberanía nacional y el control económico y militar del globo.
Medidas para controlar la adquisición de las tierras rurales por los extranjeros, que incluyen no venderles ni un ápice o imponerles severos límites, existen, entre otros, en Estados Unidos, Canadá, Brasil y Argentina (http://bit.ly/Z5nMfh). Luego en Colombia ni siquiera cabe la bobería de los extranjerizadores de decir que “es que aquí hay tierras de sobra” y que “los extranjeros no tienen mucha”.
La extranjerización de la tierra, y de todo, en Colombia la aúpan Santos y Juan Camilo Restrepo. Cuando en el Senado expresé mi preocupación sobre el tema –ilustrada porque el presidente de la SAC informó que ciudadanos chinos ofrecieron comprar 400 mil hectáreas para producir alimentos y exportarlos a su país–, el ministro de Agricultura dijo que no le veía problema, valoró muchísimo la inversión extranjera en el campo y no dijo nada de someterla a algún control. Después, a instancias suyas, el Congreso modificó la Ley 160 de 1994, para arrebatarles a los pobres del campo el derecho a quedarse con las tierras baldías del Estado y desproteger la propiedad campesina originada en decisiones oficiales, de forma que millones de hectáreas –en la altillanura y el resto del país– pudieran pasar a manos de los magnates nacionales y extranjeros, que además las recibirían cuasi regaladas. Esta intentona fue declarada ilegal por la Corte Constitucional, pero el gobierno presiona la redacción del fallo e insiste en su política regresiva, que incluye convertir en siervos del siglo XXI a sectores del campesinado.
La extranjerización concentrará aún más la propiedad de la tierra rural y su uso improductivo. El promedio mundial de cada compra foránea es de 40 mil hectáreas y el 25 por ciento supera las 250 mil. Y apenas el 20 por ciento de esas tierras termina cultivado, pues el resto va a la especulación inmobiliaria y financiera (http://bit.ly/ZQ0tHG). En Colombia, entonces, la extranjerización agravará la concentración de la tierra –una de las mayores del mundo, con un gini de .89– y aumentará su ya muy fuerte empleo especulativo, haciendo más difícil o imposible usarla para fines productivos. Dado el evidente desastre del agro nacional –además de la enorme pobreza, hay 21 millones de hectáreas agrícolas sin cultivar–, es ingenuo o habilidoso, entonces, argüir que la extranjerización no agravará los problemas del agro, sino que los solucionará, y más en un país gobernado por quienes lo someten a las inmensas importaciones agrarias del “libre” comercio.
Los estudios también dicen que los inversionistas extranjeros logran que el Estado ponga en su beneficio los escasos recursos oficiales, y no en el de los productores nativos. De esta manera, por ejemplo, las inversiones en vías se dan allí donde a ellos les interesa y no donde las necesitan los demás e igual ocurre con los pocos subsidios que el Estado destina para el campo. La producción agrícola que establecerán será la que les convenga a sus negocios de agro exportación, aumentando la inseguridad alimentaria que Colombia ya padece. Además, la extranjerización se aceleró mediante la violación de la Ley 160, según lo reconoció el propio Juan Camilo Restrepo (http://bit.ly/UzM4u2), y tras ella pueden legalizarse dineros ilegales originados en el país, a los que les dan la vuelta por los paraísos fiscales.
La toma de las tierras rurales por parte de los extranjeros también golpea la soberanía nacional, de tantas maneras debilitada o sometida a los intereses foráneos, intereses que no son idénticos a los nacionales, y que pueden ser contrarios, así lo nieguen los gananciosos con la confusión. Dada la importancia de la propiedad de la tierra en la política en Colombia, ¿quién definirá sobre los asuntos políticos en las regiones cuyas tierras controlen los extranjeros? ¿No empeorará ese control las decisiones del gobierno central? Si la Orinoquia pasa a manos foráneas, ¿si será para siempre colombiana? No olvidar a Panamá.
