El representante a la Cámara por el Polo Democrático Alternativo Wilson Arias Castillo reveló escritos donde el propio INCODER daba a conocer a la Presidencia de la República y a la Supernotariado, el acaparamiento irregular de baldíos en que incurrió Riopaila con asesoría de Brigard & Urrutia, y el fraude a la Ley en que estarían incursos. Meses después el gobierno pretende legalizar lo que antes el INCODER denunciaba como delito.
A comienzos de este año, el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (INCODER), emitió dos duras comunicaciones, una al Departamento Administrativo de la Presidencia de la República y otra a la Superintendencia de Notariado y Registro, en las que manifestaba claramente que “los predios sobre los cuales se pretende ejecutar el proyecto Veracruz están sometidos a la mencionada ley 160 de 1994” y que por tanto, nadie podría acumularlos en extensión superior a una Unidad Agrícola Familiar, prohibición que Riopaila violó, a través de la compleja figura jurídica que ya es de conocimiento público. Señala también que “las 25 sociedades por Acciones Simplificadas se crearon con el propósito, presuntamente, de realizar fraude a la ley 160 (…) como quiera que el mismo socio y único dueño de las 25 sociedades, negoció la compra de 37 predios que comprenden un globo de tierra de 32.000 hectáreas aproximadamente”.
Inexplicablemente, y a pesar de los categóricos conceptos emitidos por una entidad oficial y elevado en calidad de denuncias a otras entidades competentes, estas no se han pronunciado ni obrado en sentido alguno, tras meses de conocer un caso que se ha convertido en escándalo internacional. En la propia comunicación del INCODER se recuerda que los hechos señalados datan del 2010 y que por tanto, al amparo de la Ley 7334 de 2002, no prescriben disciplinariamente. En consecuencia, no hay justificación al letargo institucional.
“En todos estos hechos se encuentra involucrado el ahora exembajador Carlos Urrutia y la firma de abogados de la que fuera socio y gerente. Esperamos que responda ahora, en su condición de ciudadano, tal como lo ha prometido. Pero sobre todo esperamos que el gobierno no traicione al INCODER”, señaló el representante Arias, quien agregó que Brigard & Urrutia no es el único bufete comprometido, sino que “se ha conformado todo un cartel de abogados y contadores expertos en diseñar maniobras para violar la ley, y de esta manera despojar a los campesinos de sus tierras y entregárselas a magnates nacionales y extranjeros”.
En los siguientes enlaces se encuentran las comunicaciones completas del INCODER
https://www.dropbox.com/s/f1mqo8aruabmzdj/Incoder%20a%20presidencia.pdf
https://www.dropbox.com/s/ka3l7gl70c1xw9f/Incoder%20a%20SNR.pdf
