Argentina: La “extranjerización” de las tierras catamarqueñas

16-4-2014, El Ancasti
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La denominada Ley de Tierras Nº 26737, sancionada por el Congreso de la Nación el 22 de diciembre de 2011 con un amplio apoyo del arco político, tiene como objetivo principal proteger la soberanía territorial y los recursos naturales, determinando la cantidad de tierras rurales y limitando la adquisición por parte de extranjeros.

Establece concretamente que las tierras rurales en manos de extranjeros no superen el 15% de la superficie nacional, provincial o subprovincial, y prohíbe la adquisición de tierras rurales que contengan o que limiten “con cuerpos de agua de envergadura y permanentes”, entre otras cuestiones.

La mencionada ley ha recibido el apoyo de numerosas organizaciones internacionales, tal el caso de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), a la cual consideró de gran interés para América latina y que puede servir de “ejemplo” para la región.

El instrumento contempla, asimismo, la creación del Registro Nacional de Tierras Rurales, con la misión de recabar la información que permita conocer la estructura de la propiedad de la tierra en la Argentina.

El relevamiento realizado indica que sólo el 5,93% está en manos de extranjeros, muy por debajo del porcentaje establecido en la ley. Pero el dato llamativo es que Catamarca está entre las provincias que se encuentran por encima del promedio, con un 12,08%, siendo la tercera entre las que tiene mayor porcentaje de tierra en manos extranjeras luego de Misiones y Corrientes. Casi un millón trescientas mil hectáreas están en manos extranjeras en territorio catamarqueño.

Pero además, en cuatro de los dieciséis departamentos provinciales –La Paz, Paclín, Tinogasta y Santa María-, la posesión extranjera de tierras supera el tope del 15% establecido. Como la ley establece que no se afectarán derechos adquiridos, lo cual resulta razonable, se presupone que, de no haber un movimiento inmobiliario de compra y venta de las tierras productivas de estos departamentos, la “extranjerización” más allá de los límites impuestos por la legislación continuará vigente en Catamarca por un buen tiempo.

En todo caso, lo que sirve como materia de análisis a partir de los datos difundidos por el Registro Nacional de Tierras Rurales es la evidencia de que empresas de otras nacionalidades aprovecharon la pasividad y ausencia reguladora del Estado para quedarse con más de un millón de hectáreas, lo cual, en una provincia chica como la nuestra, y además con serios problemas de títulos catastrales, resulta asombroso.

No se trata de apelar a un chauvinismo ramplón, propio de nacionalistas sin más argumentos que pasiones exacerbadas. Pero la extranjerización de las tierras catamarqueñas denota la incapacidad del Estado para diseñar una estrategia que priorice, mediante instrumentos promocionales y de regularización dominial, el arraigo de los productores locales, que poseen un compromiso con la tierra en la que nacieron y crecieron, a diferencia de compañías extranjeras que sólo ven en nuestro suelo una oportunidad para hacer negocios.
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