Una fuerte oposición se evidenció ayer en un foro durante el cual los analistas consideraron que el proyecto de ley 133 por el cual se desarrollan las Zonas de Interés de Desarrollo Rural y Económico (Zidres), comprometería el acceso a tierras baldías para los pequeños productores y promovería la acumulación de tierras en manos privadas.
En el evento se discutió que, por ejemplo, el artículo 9 de la iniciativa indica que los empresarios gestores de los proyectos podrán adquirir o recibir en aporte predios inicialmente adjudicados como baldíos, sin que les sea aplicable la restricción prevista en la Ley 160 de 1.994.
“De esta forma, se dijo, se pretendería legalizar prácticas irregulares de concentración de tierras en el país.
“También, se analizó que una vez tramitada y sancionada la ley anotada, los 14 casos denunciados de acaparamiento de baldíos, podrían ser presentados como los proyectos asociativos (Zidres) incluidos en el proyecto.
“Así, los acaparadores pasarían a ser por gestores y de esta forma, las cuestionadas compras podrían quedar legalizadas”, denuncio la ONG Oxfam, organizadora del evento.
En otro foro acerca del mismo tema, organizado por la Unillanos y el Centro de Estudios de la Orinoquia de la Universidad de los Andes(CEO), en Villavicencio, José Leibovich, consultor del Centro de Estudios de la Orinoquia, dijo que “el proyecto presentó el Gobierno es muy pequeño, pero puede mejorarse a propósito de la problemática que hay acerca de la gente de esta región, que viene trabajando tierras por varios años y varias generaciones y que no tiene los títulos”.
El investigador agregó que lo urgente es que los congresistas de la región analicen cómo pueden mejorar este proyecto.
Para Óscar Domínguez, rector de la Unillanos, la realización del foro permitió contar con diferentes aspectos teóricos para que quienes se encargan de hacer la política de tierras tengan todo los referentes de orden jurídico, económico y social para ese propósito.
EL GOBIERNO ARGUMENTA
El Superintendente de Notariado y Registro, Jorge Enrique Vélez –quien presentó el proyecto a nombre del Gobierno– dijo que este busca la creación de zonas especiales para proyectos productivos que beneficien a los campesinos sin tierra y promuevan la inversión.
Vélez explicó que este proyecto fue diseñado bajo dos preceptos: el primero, el deber del Estado de promover el acceso progresivo a la propiedad de la tierra y a otros servicios públicos rurales con el fin de mejorar el ingreso y la calidad de vida de la población campesina, y el segundo, en el entendido que existen zonas en donde la productividad implica mayores esfuerzos, tanto económicos como de asociatividad.
