¿Un país en venta?
Carlos Tobar
Una noticia de la semana pasada daba cuenta de la inversión creciente de grandes multinacionales en compra de tierras en el país. Específicamente señalaba la compra de 90.000 hectáreas por la empresa norteamericana Cargill, la mayor comercializadora del mundo de materias primas agrícolas. Igualmente se informaba de la inversión en actividades agrícolas y forestales de empresas bolivianas, israelíes, argentinas, sueco-ecuatorianas, así como, del interés creciente de empresas brasileñas, chinas e hindúes.
Desde el gobierno pasado se ha desatado un interés voraz por las tierras de la altillanura colombiana, y en ella han invertido cuantiosos capitales grandes conglomerados nacionales, a más de inversionistas particulares, que han adquirido importantes extensiones de tierra. Llama la atención que uno de ellos sea el mismísimo ex presidente Uribe.
Esta hecho es preocupante porque desde la crisis de abastecimiento alimentario de 2008, que disparó los precios de los principales “commodities” agrícolas, se disparó un frenesí de inversiones de empresas de países importadores y comercializadores de alimentos, particularmente de países desarrollados, en la compra de tierras en países en vías de desarrollo. Tanto organismos de las Naciones Unidas, como ONG’s tipo OXFAM, e incluso el Banco Mundial, han venido llamando la atención sobre los riesgos que entrañan este tipo de inversiones para la seguridad alimentaria, el acceso al agua y la lucha contra la pobreza en los países receptores de ellas.
OXFAM en varios documentos del año pasado ha estado analizando las condiciones y resultados de esas inversiones en países de África y América Latina, señalando como una de sus conclusiones que “la inversión extranjera en tierras genera pocos puestos de trabajo y paga muy pocos impuestos”.
Así mismo, diversos estudios resaltan la debilidad institucional y normativa de Colombia para controlar este tipo de inversiones, lo que hace al país extremadamente vulnerable a violaciones de su soberanía. En debates en el Senado de la República, el senador Robledo, ha llamado la atención sobre la pretensión del gobierno de reglamentar los llamados proyectos especiales de desarrollo agropecuario y forestal de una extensión mayor a diez UAF, como la forma de abrirle la puerta a la inversión de multinacionales agroalimentarias, e incluso a especuladores financieros. Que de paso puede decirse se hacen siguiendo el libreto del TLC con los Estados Unidos.
A quienes les preocupe el tema, les recomiendo revisar los documentos de OXFAM y de la ONU, disponibles en los portales de esos organismos. Hay que meterle muela a este tópico porque en un país donde la propiedad de la tierra ha generado tales grados de violencia, este nuevo actor crea nuevas contradicciones de consecuencias imprevisibles.
