IMELDA DAZA COTES
Más de sesenta países están en la mira de cientos de grupos de inversión extranjeros.
Los países de más alto consumo de alimentos y de agrocombustibles dependen cada vez más de productos importados, provenientes de mercados dispersos y de difícil control. Esto los llevó a concebir una estrategia novedosa, definida como "la agricultura en el extranjero", que consiste en producir en otros lados lo que no es posible hacer en el propio territorio, y para ello decidieron adquirir por compra, arriendo a largo plazo, usufructo o concesión, grandes extensiones de tierra agrícola en otros países. Además, la crisis financiera desplazó los flujos de inversiones especulativas hacia el mercado de tierras agrícolas, un negocio muy rentable y más seguro. La disputa por la tierra para cultivo de alimentos se intensificó y el acaparamiento se aceleró a partir de 2001.
Más de sesenta países están en la mira de cientos de grupos de inversión extranjeros y de una docena de Estados ansiosos de controlar las mejores tierras; ya han negociado cerca de 167 millones de ha y están tomando el control de todos los recursos -agua, minerales- que hay en el área cedida. Los negocios marchan a un ritmo tan acelerado que se estima que en 2012 esta cifra se duplique. Todos los días se otorgan licencias, se roturan suelos y las cercas se extienden; muchas poblaciones locales son expulsadas de sus sitios de origen. El proceso de expansión y reestructuración de los agronegocios mundiales está generando más pobreza.
Las compañías y corporaciones más activas son agronegocios, grupos industriales y fondos de inversiones (los de pensiones son los mayores inversionistas institucionales), puro capital especulativo. Los gobiernos más interesados en el negocio son los Estados del Golfo, EE. UU., algunos de la Unión Europea, Corea del Sur, China, Japón, India y Sudáfrica, y las tierras más atractivas están en Latinoamérica, África, Australia y Europa Oriental. Las instituciones financieras internacionales FMI, BM y Bancos de Fomento promueven estos negocios.
Algunos pueblos empiezan a reaccionar y atribuyen la crisis alimentaria mundial al acaparamiento de tierras. En Mali (África) se realizó la I Conferencia Internacional de organizaciones campesinas para fortalecer la alianza global por la defensa de la soberanía alimentaria, los bienes comunes y el derecho de los pueblos a beneficiarse de los recursos naturales.
En Colombia esta política de extranjerización y acaparamiento ha contado con el respaldo de los gobiernos siempre complacientes con este tipo de inversiones. La altillanura (unos 7 millones de ha productivas) y la Orinoquía son zonas de grandes inversiones agrícolas extranjeras. La organización Oxfam denunció recientemente que empresas multinacionales se han apoderado de terrenos baldíos y de tierras de desplazados mediante prácticas fraudulentas. En el Chocó le fue concedida a la empresa Colombia Hardword una licencia forestal para explotar maderas (15 millones de m3) en un territorio de 67.000 ha compuesto por una de las selvas más valiosas del planeta. La empresa instaló un campamento con algunos empleados canadienses, otros nativos e inició el corte de maderas en un área de 45.000 ha, es decir, el 70 por ciento de una zona habitada por 18 comunidades está ocupada y controlada por la empresa extranjera. El consejo comunitario recibirá el 10 por ciento del valor comercializado a manera de compensación, pero los nativos no tienen mecanismos para controlar las cifras de la empresa.
Este auge de compra masiva de tierras por parte de empresas o Estados extranjeros, además de atentar contra la soberanía nacional, sustituye la agricultura familiar por grandes explotaciones cuyo fin es exportar. El modelo agroindustrial-latifundista, igual que la minería a cielo abierto, es intensivo en uso de capital, no de mano de obra, por lo que no genera bienestar y hace imposible un desarrollo equitativo. Su único móvil es la ganancia. Son negocios social y humanamente ilegítimos.
