Congreso hondureño decreta desarme parcial en el Bajo Aguán

1-8-2012, Terra
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ALBERTO ARCE
El Congreso de Honduras aprobó el miércoles la suspensión y decomiso de todos los permisos de portación de armas —salvo los de algunos guardias de seguridad— en el departamento de Colón, al norte del país, en el que un conflicto por la tierra ha provocado decenas de muertos en menos de tres años, con "el objetivo de combatir el terrorismo, tráfico de armas y crimen organizado".

Un activista campesino calificó la medida de "absolutamente falsa" porque, dijo, son los guardias de seguridad los que secuestran, torturan y matan.

El secretario general del Congreso, Rigoberto Chang Castillo, dijo a The Associated Press que se trata de un desarme general en el Departamento de Colón, donde se encuentra el Valle del Bajo Aguán por los enfrentamientos generalizados que allí han estado sucediendo y explicó que "estamos integrando una fuerza combinada de policía, ejército, ministerio público y departamento de migraciones para conseguir que se mantenga el orden en la zona".

Pero Chang matizó el anuncio, al hablar de una excepción aplicable a "los guardias de instituciones bancarias y los empleados de las plantas procesadoras de palma africana, con el objetivo de proteger sus instalaciones".

En el Departamento de Colón, de 8.000 kilómetros cuadrados y 250.000 habitantes, se encuentra el Valle del Bajo Aguán, uno de los lugares más fértiles de Honduras y escenario de un conflicto por la posesión de miles de hectáreas de palma africana que ha enfrentado a grupos campesinos con la corporación agroindustrial DINANT, la mayor propietaria de tierras en la región, desde que éstos comenzaron a tomar tierras en el lugar a finales del año 2009.

Desde entonces, 64 personas han muerto, la mayoría campesinos pero también guardias de seguridad de las empresa, en hechos por los que nadie ha sido detenido ni juzgado.

El portavoz del Movimiento Unificado Campesino del Bajo Aguán, Vitalino Álvarez, dijo que se trata "en realidad de un desarme parcial que permite que los responsables de la vulneración de los derechos humanos de los campesinos sigan impunes y puedan seguir actuando con libertad".

Según el portavoz campesino, "son los guardias de seguridad los que atacan, secuestran, torturan y hacen desaparecer compañeros en la zona, es a ellos a quien hay que desarmar y no proteger aún más".

Para Álvarez, "el gobierno va a quedar en ridículo si trata de aplicar una medida así porque el conflicto en el Bajo Aguán es agrario y no militar, no es una cuestión de seguridad nacional".

Añadió que "contra la desigualdad y el acaparamiento de tierras por parte de las corporaciones no se puede luchar con las armas sino con leyes de reforma agraria".

El activista opinó que "un desarme selectivo y el incremento continuo de presencia militar constituye un estado de sitio efectivo en la zona pese a que ellos no quieran llamarlo así".

La propuesta del ejecutivo hondureño aprobada por el Congreso es inusualmente autocrítica al señalar en su exposición de motivos que "la debilidad de la institucionalidad democrática y el sistema político obstaculizando el fortalecimiento del estado de derecho" actúan "restando credibilidad y debilitando las estructuras del sistema de seguridad" y provocan que "la población se sienta insegura y con incertidumbre ante la ausencia de respuestas efectivas por parte del estado" debido a "la falta de eficacia en el control, registro, regulación de la tenencia y posesión de armas de fuego".

El texto legislativo también reconoce que "las armas de fuego provenientes de un lucrativo mercado de importación y comercialización proliferan en el mercado nacional sin ningún control efectivo en lo que respecta a su adquisición transporte, compraventa y portación".

El pasado 1 de junio el gobierno firmó un acuerdo con los campesinos con el que pretendía darle solución al conflicto pero el tiempo ha demostrado que la inciativa ha sido un fracaso y al contrario de lo esperado, la tensión no ha cesado de aumentar.El gobierno accedió entonces a comprarle a la Corporación DINANT, propietaria de las tierras en disputa, más de 4000 hectáreas de palma africana para luego vendérselas a los campesinos en condiciones favorables pero el gobierno no ha hecho efectivo el pago por la tierra a la empresa desde entonces los campesinos han tomado aproximadamente 2500 hectáreas adicionales de palma africana.

Roger Pineda, Director Ejecutivo de DINANT, declaró a The Associated Press que "cree que no deba haber debate y que hay que actuar lo más pronto posible para evitar consecuencias peores".

Pineda se mostró "muy preocupado porque los acuerdos no se aplican y siguen ocupándonos fincas".

Durante varios días los medios hondureños han especulado con la declaración de un estado de sitio pero tanto el presidente Porfirio Lobo como el Ministro Bonilla lo descartaron. "Consideramos que no es necesario un estado de sitio en el Aguán, pero si es necesario implementar el cumplimiento de la ley, que es lo que determina que en una sociedad podamos vivir en paz y tranquilidad" declaró Bonilla.

El Ministro añadió que "existe un clamor social respecto al número de muertes en la zona, y por eso ya estamos enviando más policías y militares para controlar la zona".

Por su parte, el Presidente Porfirio Lobo insistió en que "el conflicto en el Aguán ha dejado de ser por tierras y ha cobrado dimensiones de seguridad nacional, por lo que ha garantizado que acabará y pondrá orden a ese mal parto".

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