El avance de los principales países que invierten en el mercado de tierras mundial -como China, Corea del Sur e India- ha sido “mínimo” en Latinoamérica, en comparación con las grandes superficies adquiridas por empresas transnacionales del mismo continente, señala el informe “Perspectivas de la agricultura y del desarrollo rural en las Américas 2013: una mirada hacia América Latina y el Caribe”. El documento que insta a legislar y crear iniciativas por parte de los gobiernos para regular la propiedad extranjera de la tierra fue elaborado por el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA), la Oficina Regional para América Latina de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).
En cuanto a la propiedad de la tierra, la situación a lo largo del continente latinoamericano es diversa; se observa la fragmentación del territorio en México, Centroamérica y las naciones andinas, concentración en los países del Cono Sur y mayoritaria tenencia estatal en el Caribe. Sin embargo, la presión sobre la tierra en áreas agrícolas que intensificó la rotación de suelos y originó procesos de erosión, salinización y pérdida de fertilidad es común a los países de la región. Según el estudio, los estados se enfrentan al dilema entre el problema de lo “legal” -titulación de la propiedad según el marco institucional jurídico- y lo “legítimo” -tenencias no oficiales- de propiedades familiares, propiedades generacionales y grupos indígenas que reivindican el derecho a la tierra. En este sentido, señala el documento, “en los países continentales el costo y la complejidad de los procesos de titulación es en parte responsable de que sólo la mitad de los agricultores tengan un registro seguro de su propiedad”.
Hermanos mayores
Según el documento, las empresas transnacionales dedicadas al cultivo de commodities o flex crops (cultivos de uso múltiple: alimentos, forrajes o combustibles), producción forestal y servicios ambientales, turísticos y de conservación, o bien firmas que pretenden acceder a recursos mineros y energéticos, de origen latinoamericano, son las mayores compradoras de grandes superficies de tierras. “El principal flujo migratorio está asociado al desplazamiento masivo de agricultores brasileros hacia Paraguay, Uruguay, Argentina y Bolivia”, constata el informe. Si bien en Argentina existen leyes que “prohíben la instalación de extranjeros en zonas de frontera”, numerosos pequeños productores brasileños se han instalado de forma “ilegal”. En tanto, en Uruguay no existe reglamentación al respecto, por lo que el país “está expuesto a la doble presión de Brasil y Argentina”, detalla.
En este contexto, compañías vitivinícolas y empresas forestales chilenas también han dado un salto a los países vecinos. Argentina, principal receptor de Inversión Extranjera Directa (IED) de origen chileno, aloja en la provincia de Mendoza a las filiales de la empresa Viña Concha y Toro, la mayor exportadora de vinos de Chile, que en 2011 obtuvo ventas por valor de 55 millones de dólares. Por su parte, la mayor empresa forestal chilena, Arauco, cuenta con 127.290 hectáreas de plantaciones forestales en Argentina, 73.561 en Brasil y 67.897 en Uruguay (en este caso en copropiedad de 50% junto con el grupo Stora Enso), que “representan el 12,6%, 7,3% y 6,7% respectivamente del total de hectáreas forestales disponibles”, puntualiza el documento.
Por otra parte, la concentración de la tierra es una constante en el Cono Sur, explican las agencias. En Chile, en los últimos diez años se produjo una disminución de 9% en el número total de explotaciones agrícolas, con caídas de 20% en algunas regiones de agricultura moderna orientadas a la exportación. En Argentina, el número de explotaciones agrícolas disminuyó en 20,8% entre 1988 y 2002. En Brasil se aprecia una reducción de 10,7% en el número de explotaciones entre 1985 y 2006. En Uruguay, según datos del Censo Agropecuario de 2011, 9% de las explotaciones acumulan más de 60% de la superficie, mientras que 56% ocupa 5% del territorio.
En el escritorio
La bancada oficialista elaboró dos anteproyectos de ley para frenar la extranjerización de la tierra; ambos esperan el aval del presidente José Mujica para ser presentados en el Poder Legislativo. El grupo Agro, del Partido Socialista, avanzó en la redacción de un anteproyecto de ley que prohíbe la compra de tierra por parte de estados extranjeros o empresas asociadas a éstos, pero según fuentes de la bancada socialista consultadas por la diaria no han concretado una entrevista con el mandatario para seguir adelante con la iniciativa. Por otra parte, la comisión especial, formada en 2010 a pedido del presidente e integrada por los senadores Ernesto Agazzi y Enrique Rubio, conformó una iniciativa más ambiciosa. Según el secretario político de Agazzi, Ricardo Pose, es un anteproyecto “más abarcativo”. En este sentido, no sólo se restringe la compra de tierras a Estados o empresas extranjeras sino también a “ciudadanos y sociedades financieras”. La iniciativa que “está en el despacho del Pepe”, según el funcionario, implicaría hacer un relevamiento de lo que actualmente “está en manos de extranjeros” en cada departamento para estipular “máximos” en la posesión de tierras. En este contexto los datos obtenidos por el Censo Agropecuario de 2011 no son categóricos para implementar las medidas propuestas.
