14-12-2013, Crónica del Quindio
Un proyecto de ley les pone límites a los extranjeros para adquirir tierras en el país. El Senado de la República aprobó esta semana el proyecto de ley que limita la extranjerización de la tierra en Colombia, como una medida para evitar que las grandes multinacionales se apropien de la totalidad de las tierras del país. En el mismo sentido, la norma busca poner controles para evitar operaciones especulativas de la tierra, ante la paulatina ocupación de este bien natural, lo que lo va haciendo cada día más escaso.
Como lo dice el economista Luis Jorge Garay, uno de los grandes conocedores del tema de la tierra en Colombia, “la extranjerización es una tendencia de la globalización, ante la presión y la demanda de ciertos países con poblaciones crecientes, como China o India, que ven la necesidad de hacer nuevos contratos de derechos reales de superficie para titularizar tierras en otros territorios”. Colombia es un mercado potencial e importante en este campo, y en el país no existe, hasta ahora, una normatividad detallada que limite la extranjerización de este bien.
El proyecto que pasó en el Senado establece que los extranjeros solo podrán comprar y/o explotar el 15% de las tierras de mejor calidad en los municipios con una extensión inferior a 500 mil hectáreas; el 10% de las mejores tierras en los municipios con una extensión superior a 500 mil hectáreas e inferior a un millón, y el 5% de las tierras de mejor calidad en los municipios con una extensión superior a un millón de hectáreas.
Las preguntas que nos hacemos son ¿qué entiende la ley por tierras de mejor calidad? ¿Se entiende de mejor calidad para las actividades agrícolas? ¿O para el turismo? ¿O para la minería? ¿O para la conservación de bosques, de flora y fauna nativas?
Y ¿En las tierras de menor calidad se podrán adquirir porcentajes más altos?
El tema cobra importancia por las denuncias hechas recientemente sobre la compra de tierras, incluyendo baldíos que estaban en manos de campesinos, en la altillanura colombiana por compañías extranjeras, como Cargill, que ha adquirido 230 millones de hectáreas en el mundo para dedicarlas a monocultivos, lo que atenta contra la seguridad alimentaria en los territorios donde se viene dando el fenómeno.
La extranjerización de la tierra tiene dos fenómenos: la compra de esta para producción agropecuaria o minera, apropiándose de este bien nacional. La otra es la compra por parte de capital especulativa multinacional, solo por inversión. En Uruguay, un país estrictamente agropecuario, por ejemplo, en el censo del 2000 se registró que el 17% de la tierra está en manos de compañías extranjeras, sin contar las sociedades anónimas, sobre las que no se tiene información clara de los propietarios. En este país hay una alerta generalizada sobre el particular. Además, numerosos estudios advierten de las nefastas consecuencias de la extranjerización de la tierra, especialmente para los habitantes del campo.
La norma aprobada en Colombia limita las dos maneras de extranjerización. El proyecto dispone que los inversionistas extranjeros que pretendan adquirir tierras deban demostrar que las utilizarán para proyectos productivos, para evitar la especulación. Además, los inversionistas no podrán tener domicilio en lugares considerados paraísos fiscales y en un medio masivo de comunicación escrito deberán hacer pública su intención de adquirir inmuebles rurales.
Esta es una norma copiada de países como Estados Unidos, Canadá, Argentina y Brasil, que contemplan en sus legislaciones limitaciones a la extranjerización de la tierra. Colombia es un país que no tiene escasez de tierras agrícolas y donde la inversión extranjera en este renglón no se conoce con exactitud, pero, a decir de las instituciones del Estado comprometidas con el asunto, es mínima.
El proyecto seguirá su curso en la Cámara de Representantes y se espera que el año entrante sea ley de la República, y que contribuya, también, en la puesta en marcha de los acuerdos de paz firmados ya sobre el campo, entre el gobierno y la Farc.
Un proyecto de ley les pone límites a los extranjeros para adquirir tierras en el país. El Senado de la República aprobó esta semana el proyecto de ley que limita la extranjerización de la tierra en Colombia, como una medida para evitar que las grandes multinacionales se apropien de la totalidad de las tierras del país. En el mismo sentido, la norma busca poner controles para evitar operaciones especulativas de la tierra, ante la paulatina ocupación de este bien natural, lo que lo va haciendo cada día más escaso.
Como lo dice el economista Luis Jorge Garay, uno de los grandes conocedores del tema de la tierra en Colombia, “la extranjerización es una tendencia de la globalización, ante la presión y la demanda de ciertos países con poblaciones crecientes, como China o India, que ven la necesidad de hacer nuevos contratos de derechos reales de superficie para titularizar tierras en otros territorios”. Colombia es un mercado potencial e importante en este campo, y en el país no existe, hasta ahora, una normatividad detallada que limite la extranjerización de este bien.
El proyecto que pasó en el Senado establece que los extranjeros solo podrán comprar y/o explotar el 15% de las tierras de mejor calidad en los municipios con una extensión inferior a 500 mil hectáreas; el 10% de las mejores tierras en los municipios con una extensión superior a 500 mil hectáreas e inferior a un millón, y el 5% de las tierras de mejor calidad en los municipios con una extensión superior a un millón de hectáreas.
Las preguntas que nos hacemos son ¿qué entiende la ley por tierras de mejor calidad? ¿Se entiende de mejor calidad para las actividades agrícolas? ¿O para el turismo? ¿O para la minería? ¿O para la conservación de bosques, de flora y fauna nativas?
Y ¿En las tierras de menor calidad se podrán adquirir porcentajes más altos?
El tema cobra importancia por las denuncias hechas recientemente sobre la compra de tierras, incluyendo baldíos que estaban en manos de campesinos, en la altillanura colombiana por compañías extranjeras, como Cargill, que ha adquirido 230 millones de hectáreas en el mundo para dedicarlas a monocultivos, lo que atenta contra la seguridad alimentaria en los territorios donde se viene dando el fenómeno.
La extranjerización de la tierra tiene dos fenómenos: la compra de esta para producción agropecuaria o minera, apropiándose de este bien nacional. La otra es la compra por parte de capital especulativa multinacional, solo por inversión. En Uruguay, un país estrictamente agropecuario, por ejemplo, en el censo del 2000 se registró que el 17% de la tierra está en manos de compañías extranjeras, sin contar las sociedades anónimas, sobre las que no se tiene información clara de los propietarios. En este país hay una alerta generalizada sobre el particular. Además, numerosos estudios advierten de las nefastas consecuencias de la extranjerización de la tierra, especialmente para los habitantes del campo.
La norma aprobada en Colombia limita las dos maneras de extranjerización. El proyecto dispone que los inversionistas extranjeros que pretendan adquirir tierras deban demostrar que las utilizarán para proyectos productivos, para evitar la especulación. Además, los inversionistas no podrán tener domicilio en lugares considerados paraísos fiscales y en un medio masivo de comunicación escrito deberán hacer pública su intención de adquirir inmuebles rurales.
Esta es una norma copiada de países como Estados Unidos, Canadá, Argentina y Brasil, que contemplan en sus legislaciones limitaciones a la extranjerización de la tierra. Colombia es un país que no tiene escasez de tierras agrícolas y donde la inversión extranjera en este renglón no se conoce con exactitud, pero, a decir de las instituciones del Estado comprometidas con el asunto, es mínima.
El proyecto seguirá su curso en la Cámara de Representantes y se espera que el año entrante sea ley de la República, y que contribuya, también, en la puesta en marcha de los acuerdos de paz firmados ya sobre el campo, entre el gobierno y la Farc.
