La senadora Magdalena Odarda propone bajar del 15 al 6% la superficie máxima para la adquisición de tierras rurales.
Cuando se sancionó la llamada “ley de tierras” (26.737) que puso límite a la adquisición por parte de extranjeros se estableció en un límite del 15% “a toda titularidad de dominio o posesión de tierras rurales en el territorio nacional”.
Hasta diciembre de 2011 cuando se sancionó la ley, no se sabía a ciencia cierta la superficie de tierras rurales que había en manos de personas físicas o jurídicas sin nacionalidad argentina. Desde la FAA, una de las entidades que siempre impulsó la ley se hablaba de un 20% aproximadamente, aunque sobre estimaciones muy gruesas.
Sancionada la norma y bajo la órbita del Ministerio de Justicia, se elaboró el Registro Nacional de Tierras Rurales con la información catastral suministrada por las provincias. El resultado arrojó que el 5,93% del total de tierras rurales estaba en manos extranjeras. Una realidad muy superior al 15% que determina la ley.
Al 1 de marzo de 2016, según datos consultados por El Enfiteuta en los registros del ministerio de Justicia a excepción de siete provincias -Mendoza, San Luis, Formosa, Chaco, Entre Ríos, Tierra del Fuego y Córdoba-, las 16 restantes superan el máximo permitido en la ley respecto de la posesión de tierras rurales por parte de extranjeros en algún partido o departamento.
Así las cosas, la senadora de la Coalición Cívica por Río Negro y del interbloque Cambiemos, María Magdalena Odarda, presentó un proyecto de ley para que se modifique la “ley de tierras” reduciendo el límite al adquisición de tierras por parte de extranjeros que ya está casi agotado a nivel nacional al totalizar el 5,93%.
En Río Negro, por caso, un 2,03% de las tierras rurales está en manos de extranjeros, pero en Bariloche se supera la superficie permitida a nivel nacional. No es el caso más alarmante, en Misiones el 13,87% de los campos están en manos de extranjeros según el Registro, y según la ley actual todavía tienen margen para adquirir algo más.
Otro dato que se elaboró en el Registro durante el gobierno anterior, pero que según la ley debe ser de actualización permanente, es la nacionalidad de los extranjeros que poseen esas propiedades, ya fuera empresas o personas.
De los 15,8 millones de hectáreas de tierras rurales que hay en manos de extranjeros, el más de la mitad se distribuyen entre los de nacionalidad estadounidense, española e italiana. Estos propietarios concentran 7,44 millones de hectáreas. En importancia le siguen nada menos que las empresas off shore cuya nacionalidad de origen son paraísos fiscales con 950 mil hectáreas.
“Ahora que ya conocemos el nivel de extranjerización de nuestras tierras, creemos necesario modificar el límite establecido” en la ley 26.737, dice la senadora Odarda. Ello “va a impedir la posibilidad de que se continúe extranjerizando el territorio nacional, del 5,93% actual hasta el 15% permitido por la Ley”, concluye.
