27-11-2019, Wayka
Esta es la historia de cómo una red de empresas vinculadas al Sodalicio de Vida Cristiana se apropió sospechosamente de enormes áreas de terrenos del distrito de Catacaos bajo papeleos irregulares, amenazas y agresiones mortales.
Por Álvaro Meneses
La mañana del 8 de diciembre de 2011, al ver en el horizonte que decenas de personas no identificadas levantaban cercos sobre sus tierras, el agricultor Guadalupe Zapata Sosa y otros campesinos de la comunidad San Juan Bautista de Catacaos (Piura) les hicieron frente. En el intento por frenarlos, Guadalupe Zapata fue asesinado con un arma de fuego y la comunidad entera se vio condenada a vivir bajo amenazas, agresiones, juicios y papeleos irregulares que terminaron por quitarles casi 10 mil hectáreas de sus tierras para que parte de ellas sean transferidas a una red de empresas vinculadas al Sodalicio de Vida Cristiana.
Detrás de los foráneos que se presentaban en la comunidad campesina de Catacaos como trabajadores de empresas propietarias de sus tierras, ya había un hilo de movimientos enredados y sospechosos. Según los documentos a los que Wayka tuvo acceso, la mañana del 18 de diciembre de 1998, una asamblea en la comunidad campesina San Juan Bautista había decidido transferir 9 mil 985.25 hectáreas de sus tierras a favor de 100 comuneros.
Lo insólito, según los mismos campesinos del pueblo, es que nadie recuerda esa asamblea y que varios de los 100 beneficiados -de los cuales todos figuraban como solteros- ya habían fallecido o negaron haber firmado esa acta.
Un mes después de esa supuesta asamblea, el 15 de enero de 1999, según las actas de la época, la firma del presidente de la comunidad, José Eugenio Pasache Aquino, apareció en la irregular transferencia. Sorprendido, casi 15 años después, al enterarse de lo sucedido, el mismo José Pasache se vio en la obligación de firmar un acta de conciliación en la que negó haber firmado la transferencia y determinó que los documentos redactados en esa supuesta asamblea son falsos.
La transferencia de tierras aprobada en una supuesta asamblea fue la puerta para que casi 10 mil hectáreas de terrenos de la comunidad campesina San Juan Bautista de Catacaos entren en un circuito de empresas hasta terminar en manos de compañías vinculadas a miembros del Sodalicio de Vida Cristiana.
REPARTIJA DE TIERRAS
En junio de 2002, con las tierras en poder de los supuestos 100 comuneros, se realiza el segundo movimiento: Gran parte de las más de 9 mil hectáreas de tierras fueron cedidas por “todos sus anteriores propietarios” a la empresa Pampa Loma Vega bajo la modalidad de “aporte de capital”, es decir, sin cobrar un sol.
La empresa Pampa Loma Vega recibió las casi 10 mil hectáreas sin pagar ni un sol.
Posteriormente, como tercer movimiento, en enero de 2004, en un mismo día, Pampa Loma Vega dividió sus tierras entre varias compañías locales cuyos propietarios provienen de una misma familia: Los Velasco Guerra.
Dos mil 735.85 hectáreas fueron cedidas a la Constructora Keheda, fundada por Daissy Rodríguez Guerra y Marianella Velasco Guerra y gerenciada por Henri Velasco Guerra. Dos mil hectáreas fueron para la empresa Agroindustrias Marvel SAC, fundada por Marleny Velasco Guerra y Marianella Velasco Guerra.
Asímismo, mil 416.9443 hectáreas compartidas entre la inmobiliaria Geótica SA, cuyo gerente es Manuel Rodríguez Haro, y la empresa Pampa Loma Vega; y 500.26 hectáreas pasaron a Herman Constructora de Fiorella Crosby Aponte y Herbert Antonio Velasco Guerra.
Las mil 895.40 hectáreas de tierra restantes de Pampa Loma Vega fueron vendidas por mil soles en febrero de 2004 a la empresa San Gerardo, a cargo de Nicolás Wilfredo Arica Campos.
Por el 20.03% de las tierras, Agroindustrias Marvel SAC pagó solo S/ 100,000, mientras que a Geótica Inmobiliaria S.A le costó S/ 50,000 (10.3%). Por su lado, Herman Constructora pagó S/ 25,000 por (5.01%) y la Constructora Keheda S/ 328,794 (27.4%). Todos estos movimientos se realizaron con el aval del mismo registrador público: Jorge Salomón Reyes, también conocido como ‘El Veloz’.
Es por sus graves antecedentes que Jorge Salomón se ganó el apodo de ‘El Veloz’: Tres procesos administrativos en SUNARP, diversas denuncias de la Asociación de Propietarios Afectados por el Estado (APAE), y una resolución de la Contraloría General de la República que lo sindicó como responsable por inscribir un terreno del Ministerio de Defensa valorizado en 5 mil soles a nombre de una pareja conyugal.
MENCIONES «HONROSAS«
A mediados del 2017, la constructora Keheda SAC transfirió 40.4272 hectáreas de sus tierras -presuntamente apropiadas de manera irregular- a la constructora Miraflores Perú SAC, empresa que tiene un apoderado en común con la Asociación Civil San Juan Bautista (ASJB), organización conocida por su vínculo con el Sodalicio de Vida Cristiana.
La Constructora Miraflores Perú SAC, vinculada al Sodalicio, recibió parte de las tierras de la comunidad campesina obtenidas de manera sospechosa.
El vínculo de la ASJB con el Sodalicio se explica en la Misión Nuestra Señora de las Mercedes, una desapercibida organización constituida en 2008 a pedido de la Asociación Civil San Juan Bautista, y cuya designación de los miembros del Consejo de Administración y de Asuntos Económicos estuvo a cargo del Sodalicio de Vida Cristiana. En 2011, la ASJB donó a la Misión Nuestra Señora de las Mercedes un terreno valorizado en 1 millón 873 mil 963 soles con la condición de que «el inmueble sea destinado al desarrollo de un camposanto y los excedentes de los ingresos se destinen a las actividades del Sodalitium Christianae Vitae». La donación del terreno se anularía solo si «por cualquier motivo legal o judicial la Misión (…) se ve imposibilitada de destinar los excedentes al cargo».
Uno de los apoderados de la Constructora Miraflores Perú SAC es Carlos Alberto Gómez de la Torre Pretell, quien también estuvo a cargo de la Asociación San Juan Bautista -fundada por el sodálite y arzobispo de Piura y Tumbes, José Antonio Eguren Anselmi-, la cual fue mencionada en el documental «The Sodalitium Scandal» de la cadena internacional Al Jazeera, porque habría pagado 73 mil soles semanales a DEGIO CRUZ S.A.C., la empresa fachada de la banda delincuencial La Gran Cruz, cuyos «trabajadores» despojaron de sus tierras a campesinos de la comunidad de Castilla (Piura) bajo amenazas y violencia.
Posteriormente, los miembros de La Gran Cruz mencionaron reiteradas veces a a Asociación Civil San Juan Bautista en un juicio que los llevó a prisión. Ante el Colegiado A de la Sala Penal Nacional, la defensa legal de José Pacherre Rentería, miembro de la banda y sentenciado a 8 años de cárcel, declaró que este percibía «mil soles quincenales como ingresos de la empresa San Juan Bautista mediante la empresa Degio Cruz S.A.C., cuya función era cuidar los terrenos (de Castilla)». El criminal condenado por los delitos de asociación ilícita para delinquir, también aseguró que Degio Cruz S.A.C «fue creada solo para poder trabajar con la Asociación San Juan Bautista».
Los argumentos de defensa de Berly Madrid Huamán, otro miembro de La Gran Cruz que cayó 3 veces en prisión por robo agravado, también apuntaron a la ASJB. «Su función era trabajar como vigilante (…) cuidando las tierras de la Asociación San Juan Bautista, su horario de trabajo era de siete de la mañana a siete de la noche, la cual percibía 1000 soles mensuales», se lee en la sentencia.
En comunicación con este portal, la abogada Leslie Whittembury respondió por 3 empresas vinculadas a sodálites (ASJB, Inmobiliaria Miraflores Perú e Inversiones San José) sobre las menciones en la sentencia a La Gran Gruz. «Es información pública que la Sala Penal Nacional ha sancionado penalmente a los miembros de La Gran Cruz, sin que se haya involucrado a ningún representante o trabajador de Inversiones San José, Inmobiliaria Miraflores o la Asociación Civil San Juan Bautista como autor, cómplice o instigador», aclaró.
La abogada Leslie Whittembury también sostuvo que desde el Ministerio Público se ha pedido el sobreseimiento de una investigación abierta por esa supuesta usurpación. «Nunca se demostró la posesión previa de los que dijeron haber sido usurpados (…) Ese pedido ha sido aceptado por el juez penal sin que nadie lo haya impugnado», respondió a Wayka.
La sentencia a La Gran Cruz también menciona a Alberto Gómez de la Torre Pretell, actual apoderado de la Constructora Miraflores Perú SAC. El 14 de agosto de 2012, según se lee en la sentencia, dos comuneros de Castilla denunciaron que una treintena de personas «bajo amenaza no los dejaban ingresar a sus tierras». Sobre esa ocasión, Wayka tuvo acceso a un parte policial que muestra que la policía detuvo a de la Torre Pretell por el presunto delito contra la paz pública, cuando un grupo de 30 hombres irrumpían con palos y tractores sobre las tierras de Castilla.
Sobre las menciones de la Asociación San Juan Bautista en la sentencia contra la Gran Cruz del Norte y la detención de Carlos Alberto Gómez de la Torre Pretell constatada en el acta policial, el también apoderado de Constructora Miraflores Perú, José Antonio Milla, respondió a nombre de su empresa: «Desconocemos los hechos sobre los que se nos pregunta». Al preguntarle si tenía conocimiento de cómo la Constructora Keheda S.A.C. adquirió las tierras que posteriormente les cedieron, Milla Vera zanjó: «Ninguna adquisición hecha por CMP ha sido ilícita. Todas se hicieron en el marco de la legalidad y, por esa razón, se han registrado en los Registros Públicos. Mientras no exista una sentencia firme que anule la inscripción, queda claro que es lícita».
La sombra sodálite
Por 51 mil dólares al contado, Keheda SAC también hizo copropietaria del 2.078% de 818.1621 hectáreas de sus tierras a Inversiones Santa Regina SAC (antes Agrícola Santa Regina SAC), una empresa de Piura que en marzo del 2016 recibió 1 millón 535 mil 180 soles de Inversiones San José, compañía que fue dirigida por 3 sodálites con más de 30 años en la secta religiosa: Erwin Scheuch Pool, José Ambrozic Velezmorro y Juan Carlos Len Álvarez.
Actualmente, Inversiones San José, empresa que inyectó dinero a Inversiones Santa Regina, figura como la responsable de la gerencia de Inmobiliaria Miraflores Perú SAC, una compañía que en 2016 fue mencionada en el mismo documental de Al Jazeera donde muestran que su proyecto inmobiliario, Miraflores Country Club, se construyó sobre las tierras de Castilla (Piura) invadidas por la banda La Gran Cruz.
Wayka pudo verificar que Inversiones Santa Regina, Inversiones San José SAC, Constructora Miraflores Perú y la Inmobiliaria Miraflores Perú se encuentran en la misma dirección: Calle 28 N° 150 de la urbanización Monterrico de San Borja, a la espalda de la sede central del Sodalicio de Vida Cristiana.
Además, el 99% de acciones de la Inmobiliaria Miraflores -según Al Jazeera- le pertenecían a la Asociación San Juan Bautista.
En comunicación con Wayka, el actual gerente general de Inversiones Santa Regina S.A.C., Milko Yasser Gonzales Ruiz, aclaró: «solamente podemos decir que desde marzo de 2018 hemos asumido la propiedad y posterior gestión de Inversiones Santa Regina S.A.C. de sus anteriores propietarios. Desconocemos lo que se haya hecho con anterioridad a nuestra entrada en la empresa».
Otra ruta de compra y venta de tierras -que terminan dentro de esta red de empresas dirigidas por sodálites- es la que toma la empresa San Gerardo, al vender por 550 mil dólares el terreno a los ciudadanos Carlos Alberto Herrera Simón y su pareja Yulizza Irene Olivos Benites, quienes luego revendieron las mismas tierras a la Asociación San Juan Bautista, por 2 millones 029 mil 973.40 dólares. Finalmente, por 3 millones 110 mil 635 dólares, el terreno fue revendido de la ASJB a Inversiones San José.
Posteriormente, Inversiones San José acordó participar administrativa y económicamente en la empresa DEFRU S.A.C. para tener voz, voto y potestad de inyectar capital a la compañía. Esa misma empresa, recibió luego 1,895.40 hectáreas de las tierras de Inversiones San José que inicialmente les pertenecía a la comunidad San Juan Bautista de Catacaos.
Los fundadores de DEFRU SAC son Alessandro Mussio Gonzales y Rafael Boisset Tizón, ambos socios del Estudio Phillipi Pietrocarrizosa Ferrero DU & Uría, uno de los bufetes de abogados que fue allanado por la Fiscalía y la Policía por supuestamente haber favorecido a Odebrecht para que se adjudique el Gasoducto del Sur.
Así fueron repartidas las tierras de la comunidad campesina San Juan Bautista de Catacaos (Piura), para terminar en manos de empresas vinculadas al Sodalicio.
Empresas de ofensiva
Durante los años en los que los campesinos de Catacaos desconocían de los sospechosos papeleos que se tramitaban a sus espaldas sobre sus tierras, a la vez recibían amenazas, agresiones y hasta presión jurídica de sus invasores. Luis Ynga, comunero del pueblo y miembro de ‘Los Guardianes de los Bosques Secos’, lo recuerda hasta ahora: “Por las noches escuchábamos un montón de balas a lo lejos, como tirando a quien le caiga (…) también pasaban con maquinarias y aplastaban más de 100 hectáreas de frejol, nos robaban nuestros animales, o soltaban a sus perros para que los maten a mordidas”.
Hasta la fecha, según los datos proporcionados por la Unidad de Protección de Defensores de la CNDDHH, este conflicto por las tierras de la comunidad campesina San Juan Bautista de Catacaos ha dejado 2 muertos, 7 heridos y 39 comuneros con procesos en la Fiscalía.
“Mediante todo este tiempo nosotros hemos sido atropellados con denuncias a nuestros comuneros. Estas empresas están relacionadas, porque manejan sus mismos abogados, misma gente, solo le cambian el nombre (…) Todas esas empresas han venido denunciándonos”, cuenta Luis Ynga a Wayka.
La Asociación San Juan Bautista, Inversiones Santa Regina S.A.C. y DEFRU S.A.C., todas mencionadas a lo largo del reportaje por sus vínculos, son las empresas que han denunciado ante el Ministerio Público a casi 40 campesinos de la comunidad San Juan Bautista de Catacaos, según el registro de la Unidad de Protección de Defensores de la CNDDHH.
«Los comuneros de San Juan Bautista de Catacaos han venido siendo criminalizados desde el año 2011 hasta el presente año por empresas que están vinculadas al Sodalicio de Vida Cristiana (…) Han entablado denuncias señalando que ellos (los comuneros) han usurpado tierras de las que estas empresas dicen ser dueñas», sostiene la Unidad de Protección de Defensores de la CNDDHH para este reportaje.
La Defensoría del Pueblo, por su parte, ya ha iniciado una serie de diligencias para determinar qué instituciones habrían actuado en contra de la comunidad campesina de Catacaos. «Nuestra intervención está centrada en establecer si el Estado, la policía, el Ministerio Público o el Poder Judicial ha actuado apegada a la norma. Estamos solicitando información a todas estas entidades para analizar la situación», precisó Percy Castillo, adjunto a la Defensoría del Pueblo.
A modo de resumen, el funcionario de la Defensoría del Pueblo concluye a Wayka: «Según la denuncia de los comuneros, se trataría de todo un esquema empresarial de adquirir, vender, trasladar terrenos para esconder la titularidad de quién estaría a cargo».
Respuesta amenazante
Wayka hizo llegar una lista de preguntas a las oficinas de las empresas mencionadas en este reportaje. Una de las compañías fue Inversiones San José, que días antes de que se publique este reportaje, envió una amenazante carta notarial donde advierte tomar medidas penales y civiles contra este medio de comunicación.
El pasado viernes 8 de noviembre, Wayka hizo llegar a Inversiones San José una carta con 6 preguntas, en la que se les consulta si la empresa tenía conocimiento de que la Inmobiliaria Miraflores Perú, en la cual figuran como gerentes generales, habría construido un proyecto inmobiliario sobre terrenos que habrían sido invadidos por miembros de banda La Gran Cruz, según el documental ‘The Sodalitium Scandal’ de la cadena internacional Al Jazeera.
También se le preguntó a Inversiones San José si tenía conocimiento de las constantes menciones a la Asociación San Juan Bautista en la sentencia contra La Gran Cruz, condenados por el delito de asociación ilícita para delinquir.
Las preguntas parecen no haber sido del agrado de la empresa. A través de una carta notarial, la abogada de Inversiones San José, Leslie Whittembury, advirtió a este portal que «cualquier información que difunda su medio sobre alguna participación en actos de usurpación o en los actos criminales de la Gran Cruz, será tomado como difamatorio y dará lugar a las denuncias penales y civiles correspondientes contra el periodista, los directores».
Esta es la historia de cómo una red de empresas vinculadas al Sodalicio de Vida Cristiana se apropió sospechosamente de enormes áreas de terrenos del distrito de Catacaos bajo papeleos irregulares, amenazas y agresiones mortales.
Por Álvaro Meneses
La mañana del 8 de diciembre de 2011, al ver en el horizonte que decenas de personas no identificadas levantaban cercos sobre sus tierras, el agricultor Guadalupe Zapata Sosa y otros campesinos de la comunidad San Juan Bautista de Catacaos (Piura) les hicieron frente. En el intento por frenarlos, Guadalupe Zapata fue asesinado con un arma de fuego y la comunidad entera se vio condenada a vivir bajo amenazas, agresiones, juicios y papeleos irregulares que terminaron por quitarles casi 10 mil hectáreas de sus tierras para que parte de ellas sean transferidas a una red de empresas vinculadas al Sodalicio de Vida Cristiana.
Detrás de los foráneos que se presentaban en la comunidad campesina de Catacaos como trabajadores de empresas propietarias de sus tierras, ya había un hilo de movimientos enredados y sospechosos. Según los documentos a los que Wayka tuvo acceso, la mañana del 18 de diciembre de 1998, una asamblea en la comunidad campesina San Juan Bautista había decidido transferir 9 mil 985.25 hectáreas de sus tierras a favor de 100 comuneros.
Lo insólito, según los mismos campesinos del pueblo, es que nadie recuerda esa asamblea y que varios de los 100 beneficiados -de los cuales todos figuraban como solteros- ya habían fallecido o negaron haber firmado esa acta.
Un mes después de esa supuesta asamblea, el 15 de enero de 1999, según las actas de la época, la firma del presidente de la comunidad, José Eugenio Pasache Aquino, apareció en la irregular transferencia. Sorprendido, casi 15 años después, al enterarse de lo sucedido, el mismo José Pasache se vio en la obligación de firmar un acta de conciliación en la que negó haber firmado la transferencia y determinó que los documentos redactados en esa supuesta asamblea son falsos.
La transferencia de tierras aprobada en una supuesta asamblea fue la puerta para que casi 10 mil hectáreas de terrenos de la comunidad campesina San Juan Bautista de Catacaos entren en un circuito de empresas hasta terminar en manos de compañías vinculadas a miembros del Sodalicio de Vida Cristiana.
REPARTIJA DE TIERRAS
En junio de 2002, con las tierras en poder de los supuestos 100 comuneros, se realiza el segundo movimiento: Gran parte de las más de 9 mil hectáreas de tierras fueron cedidas por “todos sus anteriores propietarios” a la empresa Pampa Loma Vega bajo la modalidad de “aporte de capital”, es decir, sin cobrar un sol.
La empresa Pampa Loma Vega recibió las casi 10 mil hectáreas sin pagar ni un sol.
Posteriormente, como tercer movimiento, en enero de 2004, en un mismo día, Pampa Loma Vega dividió sus tierras entre varias compañías locales cuyos propietarios provienen de una misma familia: Los Velasco Guerra.
Dos mil 735.85 hectáreas fueron cedidas a la Constructora Keheda, fundada por Daissy Rodríguez Guerra y Marianella Velasco Guerra y gerenciada por Henri Velasco Guerra. Dos mil hectáreas fueron para la empresa Agroindustrias Marvel SAC, fundada por Marleny Velasco Guerra y Marianella Velasco Guerra.
Asímismo, mil 416.9443 hectáreas compartidas entre la inmobiliaria Geótica SA, cuyo gerente es Manuel Rodríguez Haro, y la empresa Pampa Loma Vega; y 500.26 hectáreas pasaron a Herman Constructora de Fiorella Crosby Aponte y Herbert Antonio Velasco Guerra.
Las mil 895.40 hectáreas de tierra restantes de Pampa Loma Vega fueron vendidas por mil soles en febrero de 2004 a la empresa San Gerardo, a cargo de Nicolás Wilfredo Arica Campos.
Por el 20.03% de las tierras, Agroindustrias Marvel SAC pagó solo S/ 100,000, mientras que a Geótica Inmobiliaria S.A le costó S/ 50,000 (10.3%). Por su lado, Herman Constructora pagó S/ 25,000 por (5.01%) y la Constructora Keheda S/ 328,794 (27.4%). Todos estos movimientos se realizaron con el aval del mismo registrador público: Jorge Salomón Reyes, también conocido como ‘El Veloz’.
Es por sus graves antecedentes que Jorge Salomón se ganó el apodo de ‘El Veloz’: Tres procesos administrativos en SUNARP, diversas denuncias de la Asociación de Propietarios Afectados por el Estado (APAE), y una resolución de la Contraloría General de la República que lo sindicó como responsable por inscribir un terreno del Ministerio de Defensa valorizado en 5 mil soles a nombre de una pareja conyugal.
MENCIONES «HONROSAS«
A mediados del 2017, la constructora Keheda SAC transfirió 40.4272 hectáreas de sus tierras -presuntamente apropiadas de manera irregular- a la constructora Miraflores Perú SAC, empresa que tiene un apoderado en común con la Asociación Civil San Juan Bautista (ASJB), organización conocida por su vínculo con el Sodalicio de Vida Cristiana.
La Constructora Miraflores Perú SAC, vinculada al Sodalicio, recibió parte de las tierras de la comunidad campesina obtenidas de manera sospechosa.
El vínculo de la ASJB con el Sodalicio se explica en la Misión Nuestra Señora de las Mercedes, una desapercibida organización constituida en 2008 a pedido de la Asociación Civil San Juan Bautista, y cuya designación de los miembros del Consejo de Administración y de Asuntos Económicos estuvo a cargo del Sodalicio de Vida Cristiana. En 2011, la ASJB donó a la Misión Nuestra Señora de las Mercedes un terreno valorizado en 1 millón 873 mil 963 soles con la condición de que «el inmueble sea destinado al desarrollo de un camposanto y los excedentes de los ingresos se destinen a las actividades del Sodalitium Christianae Vitae». La donación del terreno se anularía solo si «por cualquier motivo legal o judicial la Misión (…) se ve imposibilitada de destinar los excedentes al cargo».
Uno de los apoderados de la Constructora Miraflores Perú SAC es Carlos Alberto Gómez de la Torre Pretell, quien también estuvo a cargo de la Asociación San Juan Bautista -fundada por el sodálite y arzobispo de Piura y Tumbes, José Antonio Eguren Anselmi-, la cual fue mencionada en el documental «The Sodalitium Scandal» de la cadena internacional Al Jazeera, porque habría pagado 73 mil soles semanales a DEGIO CRUZ S.A.C., la empresa fachada de la banda delincuencial La Gran Cruz, cuyos «trabajadores» despojaron de sus tierras a campesinos de la comunidad de Castilla (Piura) bajo amenazas y violencia.
Posteriormente, los miembros de La Gran Cruz mencionaron reiteradas veces a a Asociación Civil San Juan Bautista en un juicio que los llevó a prisión. Ante el Colegiado A de la Sala Penal Nacional, la defensa legal de José Pacherre Rentería, miembro de la banda y sentenciado a 8 años de cárcel, declaró que este percibía «mil soles quincenales como ingresos de la empresa San Juan Bautista mediante la empresa Degio Cruz S.A.C., cuya función era cuidar los terrenos (de Castilla)». El criminal condenado por los delitos de asociación ilícita para delinquir, también aseguró que Degio Cruz S.A.C «fue creada solo para poder trabajar con la Asociación San Juan Bautista».
Los argumentos de defensa de Berly Madrid Huamán, otro miembro de La Gran Cruz que cayó 3 veces en prisión por robo agravado, también apuntaron a la ASJB. «Su función era trabajar como vigilante (…) cuidando las tierras de la Asociación San Juan Bautista, su horario de trabajo era de siete de la mañana a siete de la noche, la cual percibía 1000 soles mensuales», se lee en la sentencia.
En comunicación con este portal, la abogada Leslie Whittembury respondió por 3 empresas vinculadas a sodálites (ASJB, Inmobiliaria Miraflores Perú e Inversiones San José) sobre las menciones en la sentencia a La Gran Gruz. «Es información pública que la Sala Penal Nacional ha sancionado penalmente a los miembros de La Gran Cruz, sin que se haya involucrado a ningún representante o trabajador de Inversiones San José, Inmobiliaria Miraflores o la Asociación Civil San Juan Bautista como autor, cómplice o instigador», aclaró.
La abogada Leslie Whittembury también sostuvo que desde el Ministerio Público se ha pedido el sobreseimiento de una investigación abierta por esa supuesta usurpación. «Nunca se demostró la posesión previa de los que dijeron haber sido usurpados (…) Ese pedido ha sido aceptado por el juez penal sin que nadie lo haya impugnado», respondió a Wayka.
La sentencia a La Gran Cruz también menciona a Alberto Gómez de la Torre Pretell, actual apoderado de la Constructora Miraflores Perú SAC. El 14 de agosto de 2012, según se lee en la sentencia, dos comuneros de Castilla denunciaron que una treintena de personas «bajo amenaza no los dejaban ingresar a sus tierras». Sobre esa ocasión, Wayka tuvo acceso a un parte policial que muestra que la policía detuvo a de la Torre Pretell por el presunto delito contra la paz pública, cuando un grupo de 30 hombres irrumpían con palos y tractores sobre las tierras de Castilla.
Sobre las menciones de la Asociación San Juan Bautista en la sentencia contra la Gran Cruz del Norte y la detención de Carlos Alberto Gómez de la Torre Pretell constatada en el acta policial, el también apoderado de Constructora Miraflores Perú, José Antonio Milla, respondió a nombre de su empresa: «Desconocemos los hechos sobre los que se nos pregunta». Al preguntarle si tenía conocimiento de cómo la Constructora Keheda S.A.C. adquirió las tierras que posteriormente les cedieron, Milla Vera zanjó: «Ninguna adquisición hecha por CMP ha sido ilícita. Todas se hicieron en el marco de la legalidad y, por esa razón, se han registrado en los Registros Públicos. Mientras no exista una sentencia firme que anule la inscripción, queda claro que es lícita».
La sombra sodálite
Por 51 mil dólares al contado, Keheda SAC también hizo copropietaria del 2.078% de 818.1621 hectáreas de sus tierras a Inversiones Santa Regina SAC (antes Agrícola Santa Regina SAC), una empresa de Piura que en marzo del 2016 recibió 1 millón 535 mil 180 soles de Inversiones San José, compañía que fue dirigida por 3 sodálites con más de 30 años en la secta religiosa: Erwin Scheuch Pool, José Ambrozic Velezmorro y Juan Carlos Len Álvarez.
Actualmente, Inversiones San José, empresa que inyectó dinero a Inversiones Santa Regina, figura como la responsable de la gerencia de Inmobiliaria Miraflores Perú SAC, una compañía que en 2016 fue mencionada en el mismo documental de Al Jazeera donde muestran que su proyecto inmobiliario, Miraflores Country Club, se construyó sobre las tierras de Castilla (Piura) invadidas por la banda La Gran Cruz.
Wayka pudo verificar que Inversiones Santa Regina, Inversiones San José SAC, Constructora Miraflores Perú y la Inmobiliaria Miraflores Perú se encuentran en la misma dirección: Calle 28 N° 150 de la urbanización Monterrico de San Borja, a la espalda de la sede central del Sodalicio de Vida Cristiana.
Además, el 99% de acciones de la Inmobiliaria Miraflores -según Al Jazeera- le pertenecían a la Asociación San Juan Bautista.
En comunicación con Wayka, el actual gerente general de Inversiones Santa Regina S.A.C., Milko Yasser Gonzales Ruiz, aclaró: «solamente podemos decir que desde marzo de 2018 hemos asumido la propiedad y posterior gestión de Inversiones Santa Regina S.A.C. de sus anteriores propietarios. Desconocemos lo que se haya hecho con anterioridad a nuestra entrada en la empresa».
Otra ruta de compra y venta de tierras -que terminan dentro de esta red de empresas dirigidas por sodálites- es la que toma la empresa San Gerardo, al vender por 550 mil dólares el terreno a los ciudadanos Carlos Alberto Herrera Simón y su pareja Yulizza Irene Olivos Benites, quienes luego revendieron las mismas tierras a la Asociación San Juan Bautista, por 2 millones 029 mil 973.40 dólares. Finalmente, por 3 millones 110 mil 635 dólares, el terreno fue revendido de la ASJB a Inversiones San José.
Posteriormente, Inversiones San José acordó participar administrativa y económicamente en la empresa DEFRU S.A.C. para tener voz, voto y potestad de inyectar capital a la compañía. Esa misma empresa, recibió luego 1,895.40 hectáreas de las tierras de Inversiones San José que inicialmente les pertenecía a la comunidad San Juan Bautista de Catacaos.
Los fundadores de DEFRU SAC son Alessandro Mussio Gonzales y Rafael Boisset Tizón, ambos socios del Estudio Phillipi Pietrocarrizosa Ferrero DU & Uría, uno de los bufetes de abogados que fue allanado por la Fiscalía y la Policía por supuestamente haber favorecido a Odebrecht para que se adjudique el Gasoducto del Sur.
Así fueron repartidas las tierras de la comunidad campesina San Juan Bautista de Catacaos (Piura), para terminar en manos de empresas vinculadas al Sodalicio.
Empresas de ofensiva
Durante los años en los que los campesinos de Catacaos desconocían de los sospechosos papeleos que se tramitaban a sus espaldas sobre sus tierras, a la vez recibían amenazas, agresiones y hasta presión jurídica de sus invasores. Luis Ynga, comunero del pueblo y miembro de ‘Los Guardianes de los Bosques Secos’, lo recuerda hasta ahora: “Por las noches escuchábamos un montón de balas a lo lejos, como tirando a quien le caiga (…) también pasaban con maquinarias y aplastaban más de 100 hectáreas de frejol, nos robaban nuestros animales, o soltaban a sus perros para que los maten a mordidas”.
Hasta la fecha, según los datos proporcionados por la Unidad de Protección de Defensores de la CNDDHH, este conflicto por las tierras de la comunidad campesina San Juan Bautista de Catacaos ha dejado 2 muertos, 7 heridos y 39 comuneros con procesos en la Fiscalía.
“Mediante todo este tiempo nosotros hemos sido atropellados con denuncias a nuestros comuneros. Estas empresas están relacionadas, porque manejan sus mismos abogados, misma gente, solo le cambian el nombre (…) Todas esas empresas han venido denunciándonos”, cuenta Luis Ynga a Wayka.
La Asociación San Juan Bautista, Inversiones Santa Regina S.A.C. y DEFRU S.A.C., todas mencionadas a lo largo del reportaje por sus vínculos, son las empresas que han denunciado ante el Ministerio Público a casi 40 campesinos de la comunidad San Juan Bautista de Catacaos, según el registro de la Unidad de Protección de Defensores de la CNDDHH.
«Los comuneros de San Juan Bautista de Catacaos han venido siendo criminalizados desde el año 2011 hasta el presente año por empresas que están vinculadas al Sodalicio de Vida Cristiana (…) Han entablado denuncias señalando que ellos (los comuneros) han usurpado tierras de las que estas empresas dicen ser dueñas», sostiene la Unidad de Protección de Defensores de la CNDDHH para este reportaje.
La Defensoría del Pueblo, por su parte, ya ha iniciado una serie de diligencias para determinar qué instituciones habrían actuado en contra de la comunidad campesina de Catacaos. «Nuestra intervención está centrada en establecer si el Estado, la policía, el Ministerio Público o el Poder Judicial ha actuado apegada a la norma. Estamos solicitando información a todas estas entidades para analizar la situación», precisó Percy Castillo, adjunto a la Defensoría del Pueblo.
A modo de resumen, el funcionario de la Defensoría del Pueblo concluye a Wayka: «Según la denuncia de los comuneros, se trataría de todo un esquema empresarial de adquirir, vender, trasladar terrenos para esconder la titularidad de quién estaría a cargo».
Respuesta amenazante
Wayka hizo llegar una lista de preguntas a las oficinas de las empresas mencionadas en este reportaje. Una de las compañías fue Inversiones San José, que días antes de que se publique este reportaje, envió una amenazante carta notarial donde advierte tomar medidas penales y civiles contra este medio de comunicación.
El pasado viernes 8 de noviembre, Wayka hizo llegar a Inversiones San José una carta con 6 preguntas, en la que se les consulta si la empresa tenía conocimiento de que la Inmobiliaria Miraflores Perú, en la cual figuran como gerentes generales, habría construido un proyecto inmobiliario sobre terrenos que habrían sido invadidos por miembros de banda La Gran Cruz, según el documental ‘The Sodalitium Scandal’ de la cadena internacional Al Jazeera.
También se le preguntó a Inversiones San José si tenía conocimiento de las constantes menciones a la Asociación San Juan Bautista en la sentencia contra La Gran Cruz, condenados por el delito de asociación ilícita para delinquir.
Las preguntas parecen no haber sido del agrado de la empresa. A través de una carta notarial, la abogada de Inversiones San José, Leslie Whittembury, advirtió a este portal que «cualquier información que difunda su medio sobre alguna participación en actos de usurpación o en los actos criminales de la Gran Cruz, será tomado como difamatorio y dará lugar a las denuncias penales y civiles correspondientes contra el periodista, los directores».
