Portafolio | 10 de junio de 2009
Juan Carlos Domínguez / Redacción Economía y Negocios
Estudian un mecanismo jurídico que le permita eliminar las restricciones por el área máxima que puedan adquirir los empresarios extranjeros para ejecutar proyectos productivos en el sector colombiano.
Facilitar la llegada de inversionistas extranjeros al sector agropecuario colombiano se volvió prioridad para el país, en su interés por impulsar el desarrollo y la modernización del sector rural.
El tema comenzó a ser tratado por lo alto, pues el Gobierno citó el pasado 21 de mayo a la Casa de Nariño a los empresarios y a los gremios de la producción con el fin de evaluar tanto el resultado de la inversión actual como la herramienta jurídica para eliminar el límite de extensión autorizada para los proyectos extranjeros agropecuarios.
Y es que la inversión extranjera en el sector agrícola se ha frenado en el país, pues bajo el concepto de la Unidad Agrícola Familiar (UAF), ninguna empresa puede tener más de 900 hectáreas para desarrollar un proyecto productivo.
Esta ha sido la respuesta que han recibido en Colombia todos los potenciales inversionistas, entre los que se cuentan los voceros de los grupos André Maggi (Brasil) y Los Grobo (Argentina), de propiedad de Blairo Maggi (gobernador del estado de Mato Grosso) y de Gustavo Grobocopatel.
Estos dos empresarios, por el volumen de sus negocios y áreas sembradas, han sido llamados los reyes del cultivo de la soya de Brasil y Argentina, respectivamente.
Para el presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC), Rafael Mejía, el proceso (replantear el concepto de las UAF) debe ser cuidadoso, pues en el intento de arreglar un problema puede surgir otro aún más grave.
"Este último podría ser la apropiación de tierras, no para fortalecer la economía colombiana, sino para que otros países siembren aquí sus alimentos y los exporten a sus naciones, como podría suceder con inversionistas de los países petroleros del Golfo Pérsico.
"Por ahora, el asunto está comenzando a debatirse y no tenemos claro cuál podrá ser la herramienta jurídica para hacer que más inversionistas reactiven la economía agraria, en especial, en la altillanura colombiana", precisó el dirigente gremial.
Mejía aclaró que en su despacho ha recibido a 10 comisiones de empresarios interesados en hacer inversiones a gran escala en el agro, seis de las cuales han sido extranjeras.
"Todos han expuesto su intención de invertir, pero todos se han ido en espera de que se solucione este problema", concluyó el presidente de la SAC.
Opciones de normatividad
Los gremios y los empresarios creen que el asunto podría destrabarse con un proyecto de Ley que modifique la Ley 160. A este procedimiento, algunos no le ven futuro, pues en el Congreso el tema relacionado con las tierras es muy sensible, es decir, no es fácil que llegue a pasar en las plenarias de Senado y Cámara.
Otra opción planteada en este debate es reglamentar la Ley 160 sobre zonas de desarrollo empresarial, proceso que no es suficiente por sí solo, sino que debe acompañarse de medidas de flexibilización sobre la propiedad del suelo y el uso de la tierra.
Por último está revisar lo que se hace en países como Argentina y Brasil donde existen mecanismos como arriendo de la tierra o comodatos, para implementar el modelo más ajustado a la realidad colombiana.
Por ahora, el Gobierno ha hecho llegar a los interesados un proyecto de decreto que pretende reglamentar el inciso 9 del artículo 72 de la Ley 160 de 1994. Sin embargo, ya se sabe que los asesores jurídicos de los gremios y de las empresas interesadas le harán reparos de inconstitucionalidad.
Básicamente, el decreto propuesto modificaría una parte de la Ley relacionada con la imposibilidad de transferir terrenos que inicialmente fueron adjudicados como baldíos; para estos se crearía un salvavidas para que puedan venderse, en este caso a los inversionistas interesados, bien sean nacionales o extranjeros.
El tema se discutirá en una reunión en la Casa de Nariño el jueves 25 de junio.
Crearían zonas agroempresariales
Un total de 17 congresistas que representan los intereses de los departamentos de Meta, Casanare, Vichada, Arauca y Guaviare y Vaupés, están trabajando en la redacción de un proyecto de Ley que permita solucionar el tema de las UAF en la zona de la altillanura.
Lo que se busca es la declaratoria de zonas agroempresariales, específicas para esta región del país, que permita la inversión extranjera. En esto también estuvieron de acuerdo 15 empresarios del sector agrícola que hace pocos días se reunieron con el Ministro de Agricultura, Andrés Fernández, para tratar el tema.
El proyecto en mención lo radicarán los congresistas y su debate se hará durante la próxima legislatura.
En Argentina, una de las opciones que se maneja para la ampliación del área permitida para estos proyectos es la posibilidad de firmar convenios para administrar terrenos que han sido enajenados por el Gobierno mediante los esquemas de extinción de dominio.
