Una verdadera financiarización de la tierra, de los recursos naturales y del sistema agroalimentario está en marcha a lo largo de América del Sur. En el contexto de las múltiples crisis mundiales, la presión sobre el control de la tierra y otros recursos de interés, como el agua, en la frontera agrícola ha aumentado considerablemente, ya sea para uso productivo o como activos financieros. Para este fin la digitalización de la gobernanza de la tierra y la tecnología de georreferenciación que la apoya están sirviendo para disimular un masivo acaparamiento de tierras digital.

 

La tecnología de georreferenciación, y la información geoespacial que trasmite, se convirtieron en el principal criterio de acceso a un certificado catastral y al título de propiedad en el proceso de regularización de la tierra, lo que facilita la legalización del histórico e ilegal acaparamiento de tierras públicas, incluso a favor de extranjeros, sobre todo en las zonas prioritarias de expansión e inversión de la agroindustria. La georreferenciación se convierte también como un requisito para el acceso a otras políticas públicas y de crédito rural en el sistema financiero.

 

A través de estas tecnologías, financiadas en varios casos por instituciones internacionales como el Banco Mundial y con recursos para el combate al cambio climático, territorios de pueblos tradicionales e indígenas son “borrados”, para luego reaparecer “legales y verdes”, en manos de los agronegocios y se les promociona como “sustentables” dentro de las cadenas globales de las mercancías agrícolas de exportación.

 

En este informe se evalúa la situación de la tierra y su digitalización en cinco áreas de expansión e inversión de los agronegocios en América del Sur: el Orinoco o Llanos Orientales en Colombia; el Matopiba en el Cerrado brasileño; y las regiones a lo largo de la ruta de flujo de la hidrovía Paraná-Paraguay, el bosque seco Chiquitano en Bolivia, el Chaco Seco paraguayo y el Chaco argentino.

 

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