La causa que involucra a funcionarios de Leandro Zdero tiene su contraparte corporativa. Urquía, Buratovich, Vicentín y más. La huella de Santiago Bausili.
La fiscalía federal de Chaco trabaja en nuevas resoluciones en la megadenuncia por el desmonte ilegal de miles de hectáreas de bosques nativos que involucra a un entramado político y empresarial. De hecho, es probable que dicte más imputaciones, esta vez a los dueños de las compañías que actuaron en connivencia con funcionarios públicos provinciales.
Una de los principales grupos económicos denunciados por la Asociación Argentina de Abogados y Abogadas Ambientalistas ( AAdeAA) es la familia Vicentín, que tuvo una relación probada con el ministro de la Producción y el Desarrollo Económico Sostenible del gobierno de Leandro Zdero, Hernán Halavacs, hoy imputado en la causa. Halavacs trabajó como consultor para la familia Vicentín en al menos 14 oportunidades y gestionó permisos de desmonte para 5.500 hectáreas.
La causa que instruye el fiscal federal de Resistencia, Patricio Sabadini, pone en jaque a la administración que hoy conduce el gobernador radical, pero involucra también a las gestiones peronistas que lo antecedieron, ya que la deforestación ilegal lleva años en marcha.
Las empresas que investiga la fiscalía en Chaco
El foco sobre la familia Vicentín no es nuevo. Meses atrás, Greenpeace publicó el informe ”Desmonte S.A.” en el que detalla la participación de Orlando Luis Vicentín y René Segundino Vicentín en los cambios de zonificación de más de 7.000 hectáreas de bosques protegidos por leyes nacionales para poder habilitar la deforestación.
Entre 2011 y 2013, Orlando Vicentín recategorizó los bosques del departamento de Almirante Brown dos veces: primero, 2.076 hectáreas y luego otras 2.481. Por su parte, René Segundino modificó 999 hectáreas y, luego, 1.658 en los departamentos Brown y Güemes en 2017.
Otro de los grupos investigado es Las Guindas S.A., una empresa propiedad de la familia Urquía, propietaria del Grupo Aceitera General Deheza (AGD), un conglomerado industrial con sede central en Córdoba que pisa fuerte a la hora de formar precios en el mercado. Halavacs también trabajó para AGD antes de ingresar a la función pública. Según la denuncia, la empresa obtuvo permiso de desmonte por 1.331 hectáreas en El Impenetrable en 2018 y actualmente tiene un campo en la zona recategorizada por la polémica Ley de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN) que sancionó la Legislatura de Chaco este año y que permite la tala en zonas que eran protegidas.
Las Guindas pertenece a la familia que incluye a Alberto Vicente Urquía y Adrián Urquía y que tiene como figura pública al exsenador por el peronismo Roberto Urquía, quienes a su vez dirigen el Grupo AGD, la empresa madre del grupo cordobés que maneja compañías agroindustriales y de carga ferroviaria, entre otras actividades.
La conexión con Santiago Bausili
Entre las empresas investigadas por Sabadini está Triad S.A., que tuvo entre sus accionistas al presidente del Banco Central, Santiago Bausili.
En la última declaración jurada de Bausili, que corresponde a 2024, no hay registros de su participación en Triad. Sin embargo, en 2016, cuando fue subsecretario de Financiamiento bajo la órbita de Toto Caputo, y cuando pasó a ser secretario de Finanzas en 2017 integraba la empresa denunciada. Hasta 2019, Bausili fue el dueño del 5% de las acciones de la empresa.
Triad figura en la causa como una de las compañías beneficiadas por Miguel Ángel López, que fuera responsable de la dirección provincial de Bosques de Chaco y es uno de los imputados en el proceso. López es también propietario de uno de los mayores aserraderos de la provincia, Forestales del Oeste. Según los registros de Greenpeace, en 2013 Triad deforestó 2.499 hectáreas en zonas protegidas en Almirante Brown.
Además de Conexa, que tiene actividad en el bosque chaqueño desde 2011, también aparecen otras empresas del grupo Buratovich, como Adedan S.A., que deforestó 5.800 hectáreas en Güemes en 2017, Palo Mataco S.A. y Celtis S.A. A estas últimas, Halavacs les tramitó permisos en distintos años. “Tiene denuncias por acaparamiento de tierras desde 2007. Halavacs realizó al menos ocho permisos de desmontes para la familia Buratovich”, indica el escrito.
Otras empresas bajo la lupa
También está bajo la lupa Establecimiento Monterrey, propiedad del empresario agropecuario de Buenos Aires Juan Antonio Aloi, que es investigado por su vínculo con Halavacs, quien le tramitó al menos dos permisos de desmonte de mil hectáreas cada uno en el departamento de Brown: uno a su nombre y otro a nombre de la esposa de Aloi, Marcela Silvia Bortolin. Además, Aloi también tiene campos en la zona recategorizada por la OTBN.