Menonitas acaparadores de tierras indígenas en el Meta serán juzgados
Colombia Informa | 30 de agosto 2024 

Menonitas acaparadores de tierras indígenas en el Meta serán juzgados

La Fiscalía imputará a 12 extranjeros que integran la secta religiosa cristiana por delitos de deforestación y daño ambiental en zona de importancia ecológica. Además, los indígenas Sikuani los señalan de acaparar tierras en complicidad con el paramilitarismo.

Menonitas invaden tierras en el Meta

Los religiosos llegaron procedentes de México en el 2016 y 2017 y adquirieron 32 mil hectáreas para sembrar soya y maíz.

La adquisición se hizo de manera irregular, sin cumplir las normativas, se superó la cantidad de tierra permitida y fueron desconocidos los derechos de los pueblos indígenas. Además, los menonitas habrían comprado tierras a personas vinculadas con el paramilitarismo.

El Incoder señaló que algunos predios fueron comprados a Rodrigo Vargas Cuéllar, que es socio del ex paramilitar y narcotraficante Guillermo Acevedo, alias “Memo Fantasma”.

Después del auge del paramilitarismo a principios de los años 2000, las comunidades indígenas Sikuani decidieron volver a sus tierras en 2017, pero encontraron que sus tierras ahora estaban ocupadas por los menonitas, secta religiosa creada en el siglo XVI en Europa Central.

Derechos de los indígenas sobre esas tierras

Los indígenas se ampararon en el Decreto 2333 del 2014, que les otorgaba derechos ancestrales sobre esas tierras. Cinco años después, y en un segundo intento, la Agencia Nacional de Tierras (ANT) les reconoció su posesión en junio de 2022.

Sin embargo, la alcaldía de Puerto Gaitán, la policía, la personería y civiles armados violaron las directrices nacionales y desalojaron los predios de Campo Alegre y Coba Libre que eran habitados por los Sikuani.

Con tractores echaron abajo los ranchos de paja de 500 familias, que luego fueron obligadas a irse a un parque que se inundaba en Puerto Gaitán. Todo para favorecer a los menonitas.

Por su parte, los Sikuani instauraron una tutela que el juez 38 penal del circuito de conocimiento falló a favor de los indígenas, 20 días después del desalojo.

En abril, la comunidad indígena resistió otro desalojo tras bloquear las carreteras aledañas, lo cual logró presionar a las autoridades para suspender los ataques contra el pueblo Sikuani.

Las autoridades indígenas del pueblo Sikuani exigen la restitución de 58 mil hectáreas de su territorio en el Meta. En la actualidad, son un total de 135 familias de este asentamiento que reclaman sus tierras, denuncian la apropiación y acumulación de extranjeros.

“Queremos estar tranquilos en nuestro territorio, cultivando nuestros usos y costumbres, porque como indígenas necesitamos nuestra tierra madre para vivir en paz y libertad”, denunció Alba Rubiela Gaitán, autoridad tradicional del territorio Barrulia.

Los menonitas invaden y contaminan

El investigador Yann Le Polain explicó al diario La Nación que en la actualidad hay 214 colonias menonitas en nueve países de América Latina, entre ellos Argentina, Belice, Bolivia, Colombia, México, Perú y Paraguay.

En Perú, la Guardia Indígena de Caimito decidió expulsar a los menonitas, quienes desde diciembre del 2023 tienen una orden judicial para dejar de deforestar en los bosques de Masisea. Sin embargo, la colonia menonita continuó con la deforestación y le incumplieron a la justicia peruana.

Este grupo religioso se dedica a los monocultivos de soya, maíz, arroz y frijol con alta tecnología y el uso de pesticidas que contaminan los ríos aledaños.

Proyecto de ley para evitar este acaparamiento de tierras

El congresista Wilson Arias, quien desde hace años denuncia este problema, dijo: “Celebro que la justicia actúe. Espero que pronto hallen noticias sobre mi otra línea de denuncia, el complot empresarial que menonitas montaron allí para acaparar tierras colombianas”.

Además, dijo que a principios de este mes se radicó un proyecto que busca limitar la venta y acaparamiento de tierras colombianas por parte de extranjeros.

La propuesta contempla, entre otras cosas, que la tierra adquirida no sea más que una unidad agraria familiar y el 15% de un municipio.

Arias sostiene que este proyecto es fundamental para proteger la soberanía alimentaria en el país.

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