El pronunciamiento institucional subraya que las reservas forestales —según la Ley Forestal N° 1700 y el D.S. 24453— son tierras fiscales de dominio público con uso exclusivo forestal, bajo administración estatal. Pero el nuevo decreto promueve una reinterpretación legal que permitiría habilitar planes de uso de suelo y desmonte en estas áreas protegidas, contradiciendo el principio de conservación.

Otro aspecto preocupante es que el Decreto 5390 disminuye la responsabilidad institucional del Estado sobre estas tierras, deslindando a las autoridades forestales de su obligación de fiscalización y control. Esto, según los expertos, facilita la legalización de ocupaciones ilegales y permite que terceros accedan a la propiedad de tierras fiscales sin un proceso transparente ni justo.

El ente colegiado también advirtió que el decreto otorga una “discrecionalidad excesiva” a la autoridad forestal al introducir la figura de “otros instrumentos de gestión”, sin una definición clara, lo cual contraviene el principio de legalidad y debilita la seguridad jurídica ambiental.

Además, cuestiona que el decreto haya sido emitido en un contexto político y electoral, sin consulta previa ni evaluación de impactos, lo cual evidencia —según el CIF-SC— una motivación política para legalizar asentamientos y ampliar la frontera agrícola en año electoral.

Exigencias 

Ante este escenario, el Colegio de Ingenieros Forestales plantea cuatro exigencias clave: la derogación inmediata del Decreto Supremo 5390, por vulnerar el orden constitucional y el marco legal forestal; la investigación de los avasallamientos y desmontes ocurridos en reservas; el fortalecimiento del sistema nacional de monitoreo y fiscalización ambiental; y la apertura de un diálogo nacional sobre el futuro del ordenamiento territorial rural en Bolivia.

“El Colegio convoca a abrir un proceso de diálogo amplio y vinculante entre sociedad civil, sector técnico, pueblos indígenas y autoridades, para debatir el futuro de las reservas forestales y revisar el modelo de uso del suelo en Bolivia”, dice el comunicado.

En la actualidad, Bolivia ha sido uno de los países con mayor tasa de deforestación en la región. Organismos ambientales estiman que en los últimos cinco años se han perdido más de un millón de hectáreas de bosques. Para el CIF-SC, normas como el D.S. 5390 solo aceleran esta tendencia y colocan en riesgo no solo los ecosistemas, sino también la credibilidad del país en sus compromisos internacionales frente al cambio climático y la conservación de la biodiversidad.