Según el congresista dicho proyecto tiene dos finalidades específicas. “Continuar acaparando las tierras de la altillanura colombiana y facilitar el plan maestro de la Orinoquía, algo así como la privatización de las tierras nacionales de la Amazonía con destino a los sectores agroalimentarios y del capital financiero nacional y transnacional”, manifestó.
La marcha “por la soberanía del lago Escondido” comenzó el fin de semana pasado con una columna que inició el recorrido más largo a pie, por el Cajón del Azul. La segunda columna partió hoy por el camino vecinal en Tacuifí.
Se trata de la fiscalización a las empresas Cacao del Perú Norte S. A. C. y Plantaciones Ucayali S. A. C., en los departamentos de Loreto y Ucayali, respectivamente, a pesar de conocer los impactos negativos ambientales que se estaban generando y que no contaban con certificación ambiental.
Michel Forst, hizo un recorrido para conocer la realidad de la comunidad campesina San Juan Bautista que denuncia haber sido despojada de casi 10 mil hectáreas de sus tierras por empresas vinculadas al Sodalicio de Vida Cristiana.
Hoy, las comunidades de Ndiaël que lucharon contra Senhuile desde que ésta llegó, siguen ahí. Para ellas, nada ha cambiado. Informe de una visita de campo de GRAIN y Enda Pronat.
La compañía líder en agricultura concentrada adquirió 2261 hectáreas en Georgia y la marca Generation Farms
Esta es la historia de cómo una red de empresas vinculadas al Sodalicio de Vida Cristiana se apropió sospechosamente de enormes áreas de terrenos del distrito de Catacaos bajo papeleos irregulares, amenazas y agresiones mortales.
Los extranjeros podrán canjear tierras prioritarias, que sus empresas ya alquilan actualmente. Alrededor de tres millones de hectáreas de 42 millones están afectadas por esto
Cuatro grandes bancos de desarrollo europeos han invertido millones de euros en una compañía con sede en República Democrática del Congo (RDC) que se dedica a la plantación de aceite de palma en condiciones insalubres para sus trabajadores y el medioambiente, denunció hoy Human Rights Watch (HRW).
Holandesa Bema Agri: Desde 2008, la multinacional mantenía la explotación ilegal en la isla Irupé, sobre el arroyo Los Laureles. Había intervenido el humedal con un terraplén de 19 kilómetros y un drenaje. Levantó silos y un enorme galpón para sus maquinarias. La máxima instancia judicial entrerriana le bajó el pulgar.
A través de la modificación, Cambiemos flexibilizó el sistema de protección sobre tierras soberanas. Un abogado de La Plata pidió a la justicia que avance en un amparo que solicita ponerle fin a beneficios para extranjeros, además de sostener que el decreto es inconstitucional.
La Unión Europea (UE) expresó su apoyo a la iniciativa del Gobierno ucraniano para levantar la prohibición de la venta de tierras a los extranjeros.
