El Boletín Nyéléni 60 llama la atención para una nueva oleada de «acaparamientos verdes» impulsada por los mercados del carbono y la biodiversidad - cerca del 20% de los acuerdos actuales de compraventa de tierras a gran escala están vinculados a la bioeconomía. También destaca el programa de FMI de privatización de tierras públicas en Siri Lanka.

Canarias negocia un acuerdo con la multinacional emiratí Al Dahra Agricultural Company, que según organizaciones "Se trata de un modelo que entrega tierras y agua, escasas y disputadas en un archipélago que ya depende de 90% de importaciones"

Más violencia por la empresa SOCAPALM y la fuerza policial contra el pueblo indígena Apouh à Ngog (Apouh) que intenta recuperar parte de sus tierras. Desde 2010 la filial del grupo europeo Socfin se ha adueñado de más del 90% de la tierra de la comunidad, 3700 hectáreas, transformadas en plantaciones de palma.

Cresud, con financiación de Santander, ha deforestado más de 170.000 hectáreas en Argentina, Brasil, Bolivia y Paraguay desde 2001, según informe de Global Witness.

En Argentina, denuncia a la Justicia Federal presenta probas que funciona desde hace décadas una maquinaria público-privada diseñada para desmontar, saquear y ocultar legalizando el ilegal a escalas industriales a empresas nacionales y extranjeras.

Nuevo decreto en Bolivia disminuye la responsabilidad del Estado sobre tierras fiscales, facilitando la legalización de ocupaciones ilegales, permitiendo que terceros accedan a la propiedad de tierras fiscales sin un proceso transparente ni justo con el avance del desmonte.

El mercado de tierras en España y Portugal acumula más de 5.000 millones de euros, con subida de 41% en los precios en España, impulsado por la búsqueda de un refugio de las inversiones de la inflación y retabilidad de 5% y el 10%. Los principales inversores son fondos de pensiones o grandes corporaciones con atención a la agricultura regenerativa.

Propuesta crea restricciones para la restitución de tierras a las comunidades indígena, cómo para el número de beneficiários, fijando un límite máximo del 5% para el aumento del número de miembros de la familia en 4 anõs, así como se mantiene la voluntariedad de los propietarios de tierras ponerlas a venta.

La población mestiza y wixárika de Bolaños empezó proceso, garantizado en la Constituición, para votar sobre si adoptan un gobierno de usos y costumbres proprio, lo que puede resultar en la restituición de 2 mil 471 hectáreas de territorio ancestral a la comunidad en Mexquitic, Jalisco.

Repersentantes de LVC declaran que la Conferencia debe evaluar avances y retrocesos sobre el acaparamiento de tierras y recursos y la creciente concentración de la tierra; el cambio climático, y apuntan la reforma Agraria como forma de superar las múltiples crises que enfrenta la humanidad.

Bajo Aguán, epicentro de la reforma agraria en Honduras, desde la liberalización del mercado de tierras de los 90, sufre con un despojo masivo de campesinos, violencia y asasenatos por parte de empresarios agroindustriales y con permiso del Estado. Comisión de la Verdad del Bajo Aguán intenta acabar con esta impunidad historica.

Tras la derogación Ley 26.160 que frenava los despojos de territorios indígenas por el gobierno Milei, la reactivación de orden judicial para tomar posesión de tierras amenaza la comunidad indígena de El Encón. La comunidad Huarpe cuenta personería jurídica de pueblo originario y tiene reconocimiento como preexistentes al Estado mismo.