El interés de China y Arabia Saudita por la compra de tierras en Uruguay para el abastecimiento directo de alimentos a los países asiáticos hizo que el presidente José Mujica dijera basta. El mandatario encomendó a tres legisladores de la coalición izquierdista Frente Amplia un proyecto de ley para limitar la venta de tierras a extranjeros.
Según la Asociación Rural de Uruguay (ARU), en los últimos nueve años 60% de las áreas comercializadas pasaron a manos extranjeras un total de aproximadamente 3,5 millones de hectáreas, territorio superior al estado de Alagoas, en Brasil.
La mayoría de esas áreas fue comprada por empresarios brasileños y, principalmente, argentinos que se dedicaron al cultivo de cereales y oleaginosas en Uruguay. También hubo un fuerte ingreso de compañías dedicadas a la fabricación de celulosa y papel, que compraron tierras para plantar eucaliptos, sobre todo entre 2005 y 2006.
“Le damos la bienvenida a ese tipo de inversiones. Lo que nos preocupa es el surgimiento de empresas ligadas a Estados nacionales, que están comprando tierras para producir directamente en las últimas reservas agrícolas disponibles para alimentar un mundo con 9.000 millones de habitantes”, afirmó a Valor el senador izquierdista Jorge Saravia, uno de los que Mujica convocó para la elaboración del proyecto de ley. Para Saravia, en última instancia esa modalidad consiste en la compra de partes de un Estado por otro Estado.
La preocupación de Mujica se originó en una conversación con el presidente brasileño Luiz Inacio Lula da Silva. A inicios del año, durante un viaje a Montevideo, Lula comentó a su colega uruguayo acerca de la compra por parte de inversores chinos, en sociedad con el gobierno de ese país, de tierras en la región de “Mapito”, en la triple frontera entre los estados de Maranhão, Piauí y Tocantins. Pocas semanas después, el interés de los árabes por tierras en Uruguay asustó a Mujica, que decidió tomar medidas.
Saravia afirmó que en los próximos meses se presentará un proyecto de ley sobre el tema. “Estamos revisando y comparando las legislaciones de otros países”, señaló. El senador dejó claro que no existen motivos de preocupación para los agricultores brasileños y argentinos instalados en el país. “De cualquier forma es algo que valdrá sólo para adelante (una vez aprobada la ley) y preservará los contratos”, agregó.
“Nos tenemos que prevenir. Mire lo que sucede en África”, dijo Andrés Berterreche, presidente del Instituto Nacional de Colonización de Uruguay. El funcionario explicó que una medida para dificultar la “extranjerización” de las tierras es la puesta en vigencia de la Ley de Sociedades Anónimas. Esa regulación prevé que sólo personas físicas pueden ser propietarias de las tierras, pero actualmente está en moratoria hasta mayo de 2011–porque la “cantidad de casos excepcionales era tan grande que no era posible aplicar la ley efectivamente”. Los fondos y empresas brasileñas y uruguayas pueden enfrentar dificultades porque la inversión en el campo se hizo principalmente a través de personas jurídicas.
La ARU, principal entidad del sector de agronegocio, dijo respaldar las iniciativas bajo estudio del gobierno “contra la compra de tierras, en territorio uruguayo, por terceros Estados”. Sin embargo, José Bonica Henderson, presidente de la ARU, señaló a Valor que “no se necesita ninguna medida discriminatoria entre inversores privados nacionales o extranjeros”. Para el dirigente, la adquisición de tierras por parte de extranjeros siempre que no participen Estados nacionales–aumenta los niveles de inversión en el campo y estimula la innovación, la productividad y la demanda por mano de obra, especialmente calificada, en el sector.
