Una investigación da cuenta de la creciente extranjerización de tierras en el oriente boliviano, principalmente en manos de ciudadanos brasileros y argentinos, proceso que se habría dado en los últimos 15 años cuando fueron adquiridas o alquiladas para uso agrícola soyero y ganadero.
Este hallazgo fue revelado por el economista e investigador de la Fundación Tierra, Miguel Urioste, en ocasión del II Seminario "Bolivia Post-Constituyente. Derechos indígenas en el Estado Plurinacional", realizado en la ciudad de La Paz.
Urioste mencionó que no hay una "transparencia" en el mercado de tierras en el oriente de Bolivia y es "casi clandestino", y escapa a toda regulación y control del Estado, por tanto, extranjeros continúan comprando tierras a pesar de la inseguridad jurídica, porque la única condición a las grandes extensiones de propiedad, es cumplir una función económico-social.
El Departamento de Santa Cruz tiene dos mil kilómetros de extensión fronteriza con Brasil y entabla una relación comercial de mercado con ese país, por tanto la presencia brasileña en esa región se hace creciente. Destina al sistema agropecuario 1.8 millones de hectáreas de 2.7 millones que se cultivan en Bolivia.
El desarrollo acelerado de esta región se ha notado considerablemente desde la última década debido al cultivo de la soja, trigo, maíz y arroz. "El fenómeno de la soja es hoy, el centro del modelo extractivista de la ampliación de la frontera agrícola depredadora a costa de la destrucción del monte permanente del bosque húmedo tropical, en las regiones amazónicas".
El investigador afirmó que en 2010, el agronegocio de soja en Bolivia está bajo control de ciudadanos brasileños y argentinos y hay una "gran" receptividad de sus capitales por la compra y alquiler de tierras.
En los últimos 15 años, entre 200 a 300 ciudadanos brasileños compraron aproximadamente medio millón de hectáreas de uso agrícola soyero y cerca de 700 mil hectáreas de uso ganadero en Municipios vecinos con Brasil. En los últimos 4 ó 5 años, argentinos compraron unas 100 mil hectáreas."Casi todas estas tierras no tiene título de propiedad saneada, pero la utilidad y rentabilidad del negocio es tan alta, que en corto plazo permite al inversor asumir semejante riesgo".
Brasileños y argentinos optan por la compra de tierras en Bolivia, porque en sus países cuestan cuatro veces más. Una hectárea en el oriente boliviano vale 2.000 dólares, mientras que en su lugar de origen está en 8.000.
Urioste plantea al Estado siete tareas urgentes de atender, sanear tierras de empresas; eliminar latifundio y fortalecer seguridad jurídica; elaborar catastro (nacionalidad); frenar extranjerización; regular mercado de tierras; y cumplir el PLUS.
En la historia
La extranjerización de tierras en el país se remonta a principios del siglo pasado cuando el Estado boliviano se esforzó por lograr inversión extranjera a través de concesión de grandes extensiones de tierra en la Amazonía boliviana. Por ejemplo, cuando otorgó cerca de 200 mil kilómetros en el Acre a la empresa Bolivian Syndicate.
La Ley de Reforma Agraria de 1953 señalaba que todo extranjero tenía el mismo derecho que cualquier boliviano de recibir tierras dotadas por el Estado siempre que cumplan con requisitos de migración y colonización, por esa misma causa, hoy se conocen apellidos extranjeros en el oriente, de japoneses y menonitas, serbios y croatas, y últimamente, brasileros y argentinos.
La Ley INRA en 1996, luego la Ley de Reconducción Comunitaria de 2006 y la nueva Constitución Política del Estado aprobada en 2009, prohíben expresamente la dotación de tierras fiscales a extranjeros, pero no incorporan mecanismos de regulación, control y supervisión pública Estatal sobre las formas de adquisición de las tierras en el país; no establecen límites de la propiedad, esto estimula el mercado de tierra, el agronegocio y el monocultivo de exportación.
