Tras el escándalo de la apropiación de tierras en la Altillanura por parte de las empresas Riopaila y Cargill, con la asesoría de la firma de abogados Brigard y Urrutia, y la consecuente renuncia del embajador de Colombia en Estados Unidos, se abre el debate sobre la ausencia de una política agraria en Colombia.
No resiste análisis jurídico decir que casos como el de Riopaila, Cargill o Corficolombiana no violan la Ley 160 de 1994.
El representante a la Cámara por el Polo Democrático Alternativo Wilson Arias Castillo reveló escritos donde el propio INCODER daba a conocer a la Presidencia de la República y a la Supernotariado el acaparamiento irregular de baldíos.
La renuncia de Carlos Urrutia, embajador en Washington, es un enorme triunfo para Colombia, afirmó el senador Jorge Enrique Robledo, en rueda de prensa junto a Wilson Arias.
El agro está en boca de todos. Son cuatro álgidos temas que están dando de qué hablar por estos días a los colombianos: la Ley de Baldíos, que impulsa el Gobierno; el caso sobre las presuntas compras ilegales de tierras de Cargill y Riopaila Castilla; la restitución de tierras; y la Unidad Agrícola Familiar (UAF).
Colombian Ambassador to the United States, Carlos Urrutia, has resigned under a cloud of scandal involving the illegal purchase of protected peasant land holdings by multinational companies facilitated by his law firm.
Las cartas en las que una multinacional le cuenta al entonces presidente Uribe que está violando la ley
Cargill, the world’s largest food company, has been secretly amassing land from small farmers in eastern Colombia, despite a law prohibiting the practice.
Robledo insistió en señalar que el diseño de la ruta jurídica de estos negocios fue hecho por Brigard & Urrutia Abogados, la firma de propiedad de Carlos Urrutia, actual embajador de Colombia en Washington.
Entre los dos mil y cuatro mil millones de pesos Cargill habría pagado a las sociedades que la misma empresa creó, veinte días luego de haber pagado a los campesinos diez millones.
El caso CARGILL ahora en los Estados Unidos
Good-faith investment or flagrant land grab? That’s what Colombians are debating following revelations that Cargill acquired nearly 130,000 acres [52,610 ha] of former government land that had been donated to peasant farmers.
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