La ONU hace sonar la alarma después de que se hayan comprado 30 millones de hectáreas.

Los inversionistas de Arabia Saudita y de China están cada vez más interesados en adquirir tierras agrícolas en Brasil.

"Es una forma de hegemonía (...) Qatar nunca cedería a Kenia participaciones en sus campos petrolíferos", critica el abogado keniano Evans Monari.

El G-8 espera regular con algún tipo de normas las grandes compras de tierras de labranza en países en desarrollo, que ya provocaron la transferencia de propiedad de 15 a 20 millones de hectáreas en detrimento de los agricultores y del abastecimiento de los mercados locales.

En los últimos años la agricultura viene pasando por una etapa de transición que, según el analista Reynaldo Trinidad, viene siendo perjudicial para los pequeños agricultores y favorece directamente a las grandes corporaciones, en lo que sería una “nueva reforma”, que podría poner en peligro la seguridad alimentaria del país.

Actualmente los grandes compradores son el gobierno de Corea del Sur -que posee en el extranjero más tierras fértiles de las que tiene en su propio país-, seguido de China, Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos y Japón.

De Schutter y la FAO son, a mi juicio, muy confiados, porque entienden que una regulación ética “podría ser positiva, después de muchos años en los que ha habido falta de interés en el mundo por invertir en la agricultura”.

Sembrar alimentos para proveer a las necesidades de los grandes conglomerados y de las potencias dejará aún más expósita la ya diezmada soberanía alimentaria de Colombia.

Las poblaciones afectadas no siempre permanecen expectantes. Además de la larga lucha del pueblo mapuche contra Benetton en Chile y Argentina, el caso de Madagascar es paradigmático.

Estudian un mecanismo jurídico que le permita eliminar las restricciones por el área máxima que puedan adquirir los empresarios extranjeros para ejecutar proyectos productivos en el sector colombiano.

Las adquisiciones de tierra en África, Asia y Latinoamérica, tal y como se hacen en la actualidad, suponen condenar a los más pobres a ser desalojados de sus fincas o a perder acceso a la tierra, al agua y a otros recursos, según el primer estudio sobre la nueva tendencia de grandes corporaciones y gobiernos de invertir en tierras en países pobres, encargado por las agencias de las Naciones Unidas de la Agricultura y Alimentación y del Desarrollo (FAO y UNDP).

Más de 20 millones de hectáreas de tierras en el mundo en desarrollo están en manos de gobiernos y empresas extranjeras, ejemplo de una apropiación agraria que se disparó con la crisis alimentaria del año pasado.