José Honorio Martínez
Conflicto armado y solución política
Doctor en estudios latinoamericanos de la UNAM. Profesor del Departamento de Ciencia Política de la Universidad Nacional
A fines de 2011 fue publicado el documento “Política integral de tierras, un viraje trascendental en la restitución y formalización de la propiedad agraria”, que recoge la posición gubernamental respecto a la política de tierras. Algunos meses después, en mayo de 2012, el Ministro de Agricultura, Juan Camilo Restrepo, respondió un extenso cuestionario ante el Senado de la República para puntualizar diversos aspectos de la política gubernamental. El análisis de ambos textos permite aseverar que el Gobierno tiene mayor interés en la formalización de predios que en la restitución de tierras a las víctimas; que dicha formalización, al inscribirse en la restringida perspectiva de convertir a los propietarios en sujetos de crédito y financiación, instrumentaliza la problemática de las comunidades rurales en pos de viabilizar un patrón de acumulación en el que los intereses del latifundismo y de las grandes corporaciones prevalecen sobre los del conjunto de la sociedad.
El improbable camino hacia la restitución
Según cifras del ministro Juan Camilo Restrepo, por medio de distintos métodos1 fueron despojadas 2 millones de hectáreas y otras 4 millones han sido abandonadas forzosamente por las familias que las tenían, poseían u ocupaban. A este proceso de despojo y desplazamiento se agregan medio millón de hectáreas que fueron arrebatadas a la nación por medio de trámites nota- riales en los que las propias autoridades cohonestaron con los criminales para despojar al Estado.
Luego de exponer los métodos y las cifras del despojo, el Ministro describe algunas de las dificul- tades que afronta la restitución. En líneas generales se destacan dos obstáculos: el primero, referido a los limitados recursos institucionales con los que cuenta el gobierno para atender eficazmente a las víctimas, y, el segundo, consistente en la negativa gubernamental a expropiar a los despojadores y la incapacidad del Estado para ponerle fin al paramilitarismo. La revisión de dichas dificultades da a entender que el camino de la restitución es tan arduo y complicado, que es más seguro para el Gobierno transitar por la senda de la formalización.
El primer obstáculo que enfrenta la restitución es la desidia burocrática, la ausencia de un adecuado andamiaje institucional y presupuestal y la falta de voluntad política para responder ante la dimensión del problema. Según la ley de víctimas, la restitución comprende dos etapas, una administrativa y otra judicial, cuyo trámite puede tardar diez meses de acuerdo con el Ministro2; sin embargo, al observar la forma en que ha marchado la ejecución de la ley, surgen grandes dudas de que efectivamente las víctimas puedan ver resueltas sus peticiones al cabo de la vigencia de la misma. Según Castillo, “lo que ordena la ley 1448/11 en el artículo 154, es la creación del Registro Único de Víctimas, que debería existir un año después de promulgada la ley, es decir a partir del 10 de junio de 2012, Registro Único que debe ser administrado y manejado por la Unidad de Atención a las Víctimas - UARIV, pero esto no ha sucedido, entre otras cosas, no por fallas técnicas o tecnológicas, sino fundamen- talmente por la falta de voluntad política de las entidades que administran las respectivas bases de datos que no están dispuestas a ceder esta información y ponerla a disposición de un solo ente”3. Es decir, la etapa administrativa, a pesar de las prometedoras estadísticas del Ministerio4, no comienza aún.
Una vez resuelta la etapa administrativa, las víctimas deberán surtir la etapa judicial; allí el horizonte se ve más complicado aún, pues sólo hasta el próximo año serán completados 134 jueces y 160 magistrados para atender las 360 mil reclamaciones de restitución que estima el Gobierno. ¿Será posible que un número tan reducido de funcionarios atienda tal cantidad de casos en los ocho años y medio que quedan de vigencia de la ley? El segundo obstáculo reside en la negativa gubernamental a quitar la tierra a los despojadores para entregarla a las víctimas, y en el reconocimiento de lo poco puede hacer el Gobierno para doblegar al paramilitarismo.
Afirma el Ministro que la restitución “no se hará mediante compras ni expropiaciones, sino mediante la movilidad de tierras”, que en términos más precisos consiste en la entrega de un subsidio de tierras, por parte del Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder) a los campesinos para que ellos compren algunas hectáreas en el “mercado de tierras”. El eufemismo “movilidad” trata de significar una no- vedad donde no la hay, ya que en realidad lo que se mantiene vigente es el neoliberal y concentrador instrumento del “mercado de tierras” instaurado con la ley 160 de 1994.
El Gobierno tiene mayor interés en la formalización de predios que en la restitución de tierras a las víctimas; dicha formalización, al inscribirse en la restringida perspectiva de convertir a los propietarios en sujetos de crédito y financiación, instrumentaliza la problemática de las comunidades rurales en pos de viabilizar un patrón de acumulación en el que los intereses del latifundismo y de las grandes corporaciones prevalecen sobre los del conjunto de la sociedad.
De otra parte, el énfasis gubernamental, al señalar que “no habrá expropiaciones”, debe entenderse como un mensaje dirigido a dar tranquilidad a los latifundistas. El Ministro no solamente se manifiesta garante de los privilegios de los terratenientes, sino que va más allá, poniendo un punto alto en materia de impunidad, al sostener que “no hay posibilidades prácticas de que el deudor principal (despojador) resarza sus deudas con los despojados”5. Para la muestra está el hecho de que la devolución de tierras al amparo de la ley 795 de Justicia y Paz, en 8 años de vigencia, suma menos de veinte mil hectáreas.
Para completar el cuadro, el Ministro reconoce que un gran obstá- culo para la restitución lo constituye “la capacidad de influencia política y de intimidación armada que conservan, (...) los beneficiarios del despojo de tierras”6.
En efecto, la continuidad del paramilitarismo es una de las mayores amenazas para cualquier reforma progresista en materia de tierras. Los asesinatos de tres dirigentes campesinos en diferentes lugares del país (Gustavo Adolfo Pizo en Totoró, Alonso Lozano en Mapiripán y Hermes Vidal en Tierralta) en los días siguientes a la celebración del Tercer Encuentro de Zonas de Reserva Campesina, es un acontecimiento que corrobora la capacidad genocida que continúa detentando el paramilitarismo. Hasta el periódico El Tiempo, que hace parte de las barras bravas del equipo de los despojadores, reconoce que en lo que va corrido de la expedición de la Ley de Víctimas han sido asesinados 64 reclamantes de tierras7, muchos de ellos líderes populares y comunitarios. Algunos de los casos más recientes son el asesinato de Éver Cordero, el 9 de abril, Día nacional de las víctimas, y de Dairo Luis Espitia y Ceferino Majore Domicó en Tierralta (Córdoba), los días 16 y 17 de abril.
Teniendo en cuenta este panorama se puede sostener que mientras persistan el latifundio y el paramilitarismo será imposible que el conflicto social por la tierra se canalice de manera institucional y legal, como aspira el gobierno de Santos. En Colombia está demostrado que la sola expedición de leyes no es suficiente para modificar la cruenta realidad del país.
El peso que ostentan en el discurso gubernamental las limitantes que afronta la restitución, llevan a considerar si de veras existe interés por adelantar un proceso de restitución, o si lo que se está dando a entender es que, dadas las dificultades, las víctimas deben abandonar la idea de recuperar las tierras que les han arrebatado.
Formalización de la propiedad: ¿La base legal del próximo despojo?
A diferencia de las complicaciones que asedian la restitución, en materia de formalización, el gobierno se manifiesta totalmente claro en cuanto a los objetivos y las metas. Asegura el ministro Restrepo que, con el propósito de convertir en titulares de crédito a los poseedores de tierras, se pretende formalizar la propiedad de 2 millones de predios (muchos de ellos baldíos). La intención gubernamental reside en resolver los obstáculos que en este momento enfrenta el 40% de los poseedores de predios en Colombia, quienes al presentar precariedad en su titularidad se encuentran impedidos para recibir créditos, subsidios y financiación; adicionalmente, en desafectar los más de 5 millones de hectáreas que se encuentran cubiertas por el Proyecto de protección de tierras y patrimonio de la población desplazada.
En este punto se revela con mayor nitidez el sentido de la política gubernamental de tierras en relación con la lógica sistémica impuesta por el capital, ya que, en realidad, el interés gubernamental no reside tanto en la restitución sino en la formalización de la propiedad, y lo que interesa con la formalización no es multiplicar la cantidad de propietarios y posibles productores agrarios, sino darle viabilidad a la inversión extranjera que reclama seguridad jurídica para sus adquisiciones e inversiones.
La pretensión oficial por resolver la titularidad de la tierra se inscribe en el cumplimiento de una exigencia del capital para establecerse en el territorio colombiano. Este reposicionamiento del capital sobre el territorio inaugurará un nuevo ciclo de despojo, pero esta vez se tratará de una desposesión legal.
El gobierno sabe que en las actuales condiciones (con un Tratado de Libre Comercio en marcha con Estados Unidos), ningún pequeño o mediano productor puede sortear con éxito las aguas del mercado mundial; en otras palabras, después de la formalización de la propiedad y el otorgamiento de créditos sobre la tierra, devendrán nuevas dinámicas de despojo por la vía de las hipotecas, como ha acontecido con gran cantidad de productores agrícolas quebrados porque no tienen ninguna posibilidad de subsistir en “el mercado internacional”. Entonces, de lo que se trata a ciencia cierta es de viabilizar un patrón de apropiación de la tierra en manos de grandes corporaciones manteniendo a la vez el latifundio8.
Conclusión
La política de tierras del gobierno de Santos es continuadora de los derroteros neoliberales y de las líneas estructurales de la política estatal frente al problema de la tierra: conservación del latifundio, agroindustrialización dependiente, colonización (formalización) antes que reparto agrario, mercado de tierras y abandono de los pequeños productores, entre otros aspectos. Frente a estas líneas afirmativas de la expoliación y el hambre en el campo, el movimiento agrario ha presentado alter- nativas dirigidas a recuperar y consolidar la economía campesina por medio de las Zonas de Reserva Campesina.
El pulso que actualmente se dirime es el de modificar el rumbo de la política gubernamental para que las comunidades rurales sean consideradas como fines, no como un medio para el afianzamiento de intereses corporativos. Las propuestas realizadas por el movimiento campesino en el Foro sobre política de desarrollo agrario integral de diciembre de 2012, estuvieron volcadas precisamente en una perspectiva desinstrumentalizadora, en el sentido de recuperar el valor de la tierra y el territorio para la vida de las comunidades rurales y para plantar en el campo semillas de justicia social.
Notas:
1. Entre los que sobresalen las ventas forzadas, las ventas a precios irrisorios, las hipotecas, la revocatoria ilegal de títulos y la titulación de predios abandonados.
2. Ver: “La política integral de tierras: restitución, formaliza- ción y procesos agrarios en Colombia”, Presentación en el Senado de la República, mayo 15 de 2012.
3. Ver: Alfonso Castillo, Ley de víctimas: el abismo entre la norma y la realidad. Un año de pequeños avances y grandes vacíos, Asociación Nacional de Ayuda Solidaria (ANDAS), Bogotá Abril 2 de 2013.
4. Ver: http://restituciondetierras.gov.co/... disticas/estadisticas-20130204.pdf
5. Juan Camilo Restrepo, Política integral de tierras, un viraje trascendental en la restitu- ción y formalización de la propiedad agraria, Villegas editores, Bogotá, 2011, p.17.
6. Ibíd., p.46.
7. Juan Valbuena, “En el país asesinan a un líder de restitución cada mes”, El Tiempo, 14 de abril de 2013.
8. La experiencia brasileña demuestra que el agronegocio no riñe con la conservación de la estructura latifun- daria de la tierra. Ver: Osvaldo Coggiola, “La cuestión agraria en Brasil, Universidad de Sao Paolo”, Rebelión, octubre 11 de 2006.