En Brasil está restringida la venta de tierras cultivables a extranjeros

11-5-2014, E'a
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Tranquilo Favero

“Brasil prohíbe la venta de tierras a extranjeros” fue titular en diversos medios, y tema de polémicas desde el año pasado en el vecino país. Brasil es hoy un granero global emergente, así como Paraguay. Debido a la escasez mundial de alimentos, la demanda de forraje para animales en Asia y Europa, el aumento del mercado de los biocombustibles y la apreciación de los productos agrícolas, el gigante de Sudamérica ha visto una oleada de empresas de capitales extranjeros comprando tierras en su territorio.

Ante esta situación, el gobierno ha sentado una política dura: prohibir que inversionistas de otros países adquieran o se fusionen con empresas locales que posean tierras cultivables. Este es un esfuerzo por proteger a su sector agropecuario y sus tierras cultivables, considerados clave para su desarrollo económico.

Restricción

Esta es una restricción cuyo origen data de agosto de 2010, durante el gobierno de Luis Ignacio Lula Da Silva.

En ese entonces, en Brasilia, el procurador general de la República, Luis Lucena Adams, anunciaba que el presidente brasileño había firmado una nueva norma, que reinterpretaba una ley de 1971, restringiendo a máximos de entre 250 y 5000 hectáreas -dependiendo de la zona del país- la cantidad de tierras rurales que pueda adquirir una empresa extranjera o brasileña pero controlada por capitales foráneos.

La reglamentación establece también que la suma de las áreas adquiridas por las compañías bajo control extranjero no puede superar el 25 por ciento del tamaño de cada municipio.

“Preservar el control nacional en la posesión de tierras”

“No vamos a excluir la participación extranjera, pero queremos preservar el control nacional en la posesión de tierras. Las compañías se tendrán que adaptar y cooperar más con empresas locales”, señalaba entonces Lucena Adams, que descartó que la medida pudiera frenar la inversión extranjera en Brasil, preocupación presentada por analistas económicos.

“Lo que pautan las inversiones en Brasil no es el control de la tierra o de las empresas, sino el rendimiento financiero [a las inversiones realizadas]“, resaltaba el funcionario, quien advirtió que la medida no se aplicaría retroactivamente.

“Preservar el país del dominio extranjero”.

De esta manera, Lula buscaba poner fin a un resquicio legal en la ley de 1971 -durante la dictadura- que, de acuerdo con una interpretación aprobada en 1998, durante el gobierno de Fernando Henrique Cardoso, permitía a extranjeros soslayar las restricciones establecidas mediante la creación de una empresa con sede en Brasil.

Bajo la nueva interpretación, las adquisiciones de tierras por empresas “brasileñas” pero controladas por capitales extranjeros también deberán ser registradas públicamente y comunicadas al Ministerio de Desarrollo de Tierras, obedeciendo así a la Constitución de 1998, que señala que el Estado debe regular el capital extranjero en sectores considerados estratégicos.

“Brasil creció y atrajo el interés de los extranjeros. Necesitamos tener un control estratégico sobre la industria agropecuaria, señalaba Lucena Adams, quien argumentaba que era una forma de “preservar el país del dominio del capital extranjero”.

Ratificación

En marzo de este año, esta medida fue ratificada. Según publicaba el periódico O Estado de S. Paulo, el fiscal general enviaba la decisión al Ministerio de Desarrollo, Industria y Comercio Exterior, que lo debía reenviar a su vez a los consejos estatales de comercio que son responsables del registro de los acuerdos empresariales. Los acuerdos que ya se hayan cerrado podrían ser ahora suspendidos por los tribunales, dijo el periódico.

Así, los cambios de control accionario de empresas propietarias de áreas rurales que incluyan a extranjeros no podrán ser formalizados. Y los acuerdos que ya se hayan cerrado podrían ser ahora suspendidos por los tribunales, aseguraba entonces el periódico. Los consejos estatales de comercio también contribuirían para identificar la participación de capital extranjero en empresas que adquieran tierras.

La paradoja paraguaya

Lo paradójico del caso es que Paraguay vive prácticamente el mismo cuadro que Brasil. Expansión de capitalistas extranjeros, principalmente brasileños, sobre nuestro principal recurso estratégico: la tierra.

Según el investigador Marcos Glauser, en base a un cruzamiento de datos del último Censo Agropecuario, unas 4.800.000 hectáreas del país estarían en manos de capitalistas y colonos de origen brasileño.

El sojero brasileño Tranquilo Favero, poseería entre unas 600 mil a 1 millón de hectáreas en todo el país. Tan solo en el distrito deÑacunday posee al menos 32 mil hectáreas. Si fuera paraguayo y quisiera hacer lo mismo en el Brasil, no podría.

Gracias al lobby de la Unión de Gremios de la Producción (U.G.P.) y la Asociación Rural del Paraguay (A.R.P.), se eliminó del último Estatuto Agrario la restricción de la cantidad de tierras que puede tener un propietario en el país. Es decir, cualquier persona con el suficiente dinero puede apropiarse de todas las tierras.

Las pocas leyes que hay, como la Ley de Franja de Seguridad Nacional que prohíbe la venta de a tierras en una franja de 50 kilómetros a la línea de frontera, no son cumplidas.

La UGP, y sus medios empresariales voceros acusan de xenofóbicos a quienes advierten sobre la dominación de nuestro principal recurso estratégico, la tierra, de parte del capital extranjero.

Teniendo en cuenta la política de tierras de nuestro vecino: ¿Podemos calificar entonces, a su vez, al gobierno brasileño de xenofóbico?

El pedido de intervención en los conflictos de tierra de Alto Paraná a las autoridades del Brasil, por parte de los productores de origen brasileño, la intromisión de senadores de dicho país, así como la participación del embajador del Brasil en Paraguay en las negociaciones del caso Ñacunday, ponen en evidencia que nuestras fronteras son un enclave del capital brasileño.
  •   E'a
  • 11 May 2014
  • Sign the petition to stop the deployment of police/military and criminalisation of peasants struggling for their land against oil palm plantation company in Buol Regency, Sulawesi, Indonesia

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