6-3-2016, Entorno Inteligente
La problemática de la tierra en Bolivia sigue aún sin resolver el control de la propiedad y se encamina a un “mercado negro de tierras especulativo”, con la acción de traficantes, consolidación de grandes propiedades, extranjerización y ampliación del control de la propiedad por transnacionales, en la que los pequeños propietarios acaban siendo una parte marginal, advierte el director de la Fundación Tierra, Gonzalo Colque.
Colque, junto a los investigadores Efraín Tinta y Esteban Sanjinés, evaluaron los 19 años de la Ley INRA, vigente desde 1996, cuyos resultados se plasmó en el libro “Segunda Reforma Agraria, una historia que incomoda” y que fue presentado esta semana en Santa Cruz.
Colque expresó a este medio que las distorsiones en el proceso de titulación se deben, entre otros aspectos, en que la ley agraria no se ha aplicado y, además, no se ha vigilado que la gente use la tierra y tome posesión de la propiedad en el marco de lo que establece la norma. “Ahí hay una debilidad institucional muy fuerte, que no deberíamos ignorar y que todos deberíamos reclamar, el uso del marco legal como un principio básico para distribuir la tierra”, subrayó.
En este contexto, según Colque, de seguir en este camino, los riesgos para el país pueden ser muy grandes, pues hay graves consecuencias ambientales por el uso indiscriminado y habilitación de tierras para cultivos sin respetar las leyes ambientales.
En este estudio de la vigencia de la Ley INRA, Colque indica que como aspecto positivo hubo momentos importantes en la recuperación de tierras fiscales para el Estado. Sin embargo, señala que también hubo bastantes flaquezas, al no haber un gran avance en el proceso de titulación, especialmente en los 10 primeros años de vigencia de esta norma, de 1996 a 2005.
En este último periodo, de 2009 a 2015, para la Fundación Tierra hubo un retroceso en la titulación, porque no se utiliza la ley como una herramienta técnica y jurídica para revisar el derecho de propiedad y la función económica social. “Casi se ha convertido en un proceso formalizador. Se utiliza la ley para legalizar lo que los traficantes de tierras, los que tienen más poder sobre la tierra fiscal, han empezado a privatizar y a mercantilizar”, dijo.
En este sentido, Colque dijo que a través de este estudio han concluido que hay muchas distorsiones, por lo que proponen que en algunas zonas debería paralizarse el proceso de titulación de la tierra.
TEMAS PENDIENTES DEL ACCESO A LA TIERRA
Los datos que evalúa el libro: Segunda Reforma Agraria, una historia que incomoda son los siguientes:
• La Reforma Agraria tiene por objetivo revolucionario abolir la desigual estructura agraria. Transferir la tierra de grandes propietarios a pequeños productores campesinos e indígenas. El saneamiento debe cumplir ese objetivo y aunque sigue vigente, los resultados no son muy alentadores.
• Según algunas proyecciones del Gobierno, el sector empresarial podría lograr consolidar 17 millones de hectáreas hasta el 2017.
• Estas estimaciones otorgan a los campesinos, pequeños propietarios e interculturales alrededor de 38 millones de hectáreas y a los pueblos indígenas 26 millones de hectáreas bajo la modalidad de TCO. Si a esto se suman los 24,5 millones de tierras fiscales, se alcanza los 106,7 millones de hectáreas que es la meta nacional para el proceso de saneamiento.
• Hace 19 años con la Ley 1715, más conocida como Ley INRA, se inició el saneamiento y la titulación de todas las propiedades agrarias de Bolivia. El INRA identificó 106,7 millones de hectáreas como superficie objeto de saneamiento.
Fuente: Fundación Tierra ( www.ftierra.org )
La problemática de la tierra en Bolivia sigue aún sin resolver el control de la propiedad y se encamina a un “mercado negro de tierras especulativo”, con la acción de traficantes, consolidación de grandes propiedades, extranjerización y ampliación del control de la propiedad por transnacionales, en la que los pequeños propietarios acaban siendo una parte marginal, advierte el director de la Fundación Tierra, Gonzalo Colque.
Colque, junto a los investigadores Efraín Tinta y Esteban Sanjinés, evaluaron los 19 años de la Ley INRA, vigente desde 1996, cuyos resultados se plasmó en el libro “Segunda Reforma Agraria, una historia que incomoda” y que fue presentado esta semana en Santa Cruz.
Colque expresó a este medio que las distorsiones en el proceso de titulación se deben, entre otros aspectos, en que la ley agraria no se ha aplicado y, además, no se ha vigilado que la gente use la tierra y tome posesión de la propiedad en el marco de lo que establece la norma. “Ahí hay una debilidad institucional muy fuerte, que no deberíamos ignorar y que todos deberíamos reclamar, el uso del marco legal como un principio básico para distribuir la tierra”, subrayó.
En este contexto, según Colque, de seguir en este camino, los riesgos para el país pueden ser muy grandes, pues hay graves consecuencias ambientales por el uso indiscriminado y habilitación de tierras para cultivos sin respetar las leyes ambientales.
En este estudio de la vigencia de la Ley INRA, Colque indica que como aspecto positivo hubo momentos importantes en la recuperación de tierras fiscales para el Estado. Sin embargo, señala que también hubo bastantes flaquezas, al no haber un gran avance en el proceso de titulación, especialmente en los 10 primeros años de vigencia de esta norma, de 1996 a 2005.
En este último periodo, de 2009 a 2015, para la Fundación Tierra hubo un retroceso en la titulación, porque no se utiliza la ley como una herramienta técnica y jurídica para revisar el derecho de propiedad y la función económica social. “Casi se ha convertido en un proceso formalizador. Se utiliza la ley para legalizar lo que los traficantes de tierras, los que tienen más poder sobre la tierra fiscal, han empezado a privatizar y a mercantilizar”, dijo.
En este sentido, Colque dijo que a través de este estudio han concluido que hay muchas distorsiones, por lo que proponen que en algunas zonas debería paralizarse el proceso de titulación de la tierra.
TEMAS PENDIENTES DEL ACCESO A LA TIERRA
Los datos que evalúa el libro: Segunda Reforma Agraria, una historia que incomoda son los siguientes:
• La Reforma Agraria tiene por objetivo revolucionario abolir la desigual estructura agraria. Transferir la tierra de grandes propietarios a pequeños productores campesinos e indígenas. El saneamiento debe cumplir ese objetivo y aunque sigue vigente, los resultados no son muy alentadores.
• Según algunas proyecciones del Gobierno, el sector empresarial podría lograr consolidar 17 millones de hectáreas hasta el 2017.
• Estas estimaciones otorgan a los campesinos, pequeños propietarios e interculturales alrededor de 38 millones de hectáreas y a los pueblos indígenas 26 millones de hectáreas bajo la modalidad de TCO. Si a esto se suman los 24,5 millones de tierras fiscales, se alcanza los 106,7 millones de hectáreas que es la meta nacional para el proceso de saneamiento.
• Hace 19 años con la Ley 1715, más conocida como Ley INRA, se inició el saneamiento y la titulación de todas las propiedades agrarias de Bolivia. El INRA identificó 106,7 millones de hectáreas como superficie objeto de saneamiento.
Fuente: Fundación Tierra ( www.ftierra.org )