Entre enredos de tierras en Montes de María, empresarios se quedan con predios

Verdada Abierta | 4 Junio 2024    

Entre enredos de tierras en Montes de María, empresarios se quedan con predios   Palma de aceite al pie del embalse de Playón. Los monocultivos se erigen al borde de las represas sin nada que los separe del agua. Foto: Carlos Mayorga Alejo.

Desde el año pasado, los campesinos del Distrito de Riego de María La Baja le han solicitado a la autoridad agraria que esclarezca la propiedad de los predios que rodean los embalses de la región. Entre esos lotes se encuentran los terrenos que adquirió el empresario Alfredo Tapia Rizzo para expandir monocultivos de palma de aceite y piña oro miel.

El Distrito de Riego de María la Baja es un edén de tierras fértiles y fuentes de agua que rodea a algunos municipios de los Montes de María. Embalses, arroyos y canales irrigan cultivos de centenares de predios. Pero las comunidades negras y mestizas que viven en la región poco han podido disfrutar de ese territorio.
Mientras los campesinos luchan por el diario vivir, cultivando y pescando para el autoconsumo, empresarios y grandes terratenientes han tapizado la región de monocultivos de palma de aceite, acaparando la tierra y el acceso al agua. (Leer más en: Comunidades de los Montes de María lucha por su derecho al agua)
La escasez de predios en la región dificulta que los labriegos emprendan proyectos productivos y rebusquen su sustento en labores distintas a las relacionadas con los monocultivos. Según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), sólo el 5,2 por ciento del uso del suelo en María La Baja estaba destinado en el 2015 para actividades de producción campesina y de bajo nivel tecnológico. 
Los líderes de la región señalan que las empresas y proyectos agroindustriales tienen acaparada la tierra en la zona. Uno de ellos, quién pidió la reserva de su nombre por seguridad, le compartió a este portal un derecho de petición que le enviaron a la Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique (Cardique), que evidencia cómo desde 2010 las comunidades campesinas venían alertando por la expansión desmedida de la palma de aceite alrededor del cuerpo de agua y la ocupación de baldíos por parte de terceros. 
Desde entonces la autoridad ambiental de los embalses se comprometió a tomar medidas para proteger las rondas hidrográficas, pero reconoció que se trataba de un problema de delimitación de las tierras que hacen parte del embalse. Después de 14 años, la palma sigue imponente frente al agua.
En los límites de los municipios de El Carmen de Bolívar, San Jacinto, San Juan Nepomuceno y María La Baja se encuentran los tres embalses que conforman el distrito de riego: Playón, Matuya y Pondaje del Viento. De ellos se desprende una red de canales principales y secundarios que recorren varios municipios de los Montes de María.
Los líderes de la región cuestionan el papel de la Agencia de Desarrollo Rural (ADR), que es la actual dueña del distrito, para hacerse responsable de esa obra civil y limitar la expansión de los monocultivos alrededor del cuerpo de agua, que aseguran ha impactado la calidad del líquido vital y de su salud por los agroquímicos. (Leer más en: Sin agua potable no es posible disfrutar del territorio y “Agua potable en estos territorios no hay porque la institucionalidad no quiere”)
En un informe técnico y jurídico de la Agencia Nacional de Tierras (ANT) varias comunidades de la región identificaron cinco escenarios de conflicto en torno a la tenencia, usos y prácticas sobre la tierra dentro del Distrito de Riego de María La Baja. Le pidieron a la ANT revisar la vida jurídica y legalidad de las propiedades, sospechando que muchas de esas tierras que se encuentran en manos de terceros pueden ser de la Nación y que podrían ser adjudicadas a los campesinos. En total, se ubicaron 125 polígonos prediales, 71 de los cuales la ANT los logró asociar a matrículas inmobiliarias constituidas.
“Las tierras a orillas de este cuerpo de agua (…) han sufrido diversos procesos de despojo jurídico por parte de ganaderos, empresarios y políticos de la región”, dice otro de los voceros de las comunidades que pidió la reserva de su nombre por el riesgo que le genera hablar públicamente de tierras. Lo cierto es que la institución no sólo es dueña de los embalses, sino de tierras en la zona. 
A esa misma conclusión llegó la ANT el año pasado. Según un documento interno que conoció este portal, a petición de algunas comunidades la autoridad de tierras inició en septiembre de 2023 un proceso de recuperación de baldíos y clarificación de propiedad sobre nueve predios, trámite que todavía no aterriza en la recuperación de las tierras a orilla de los embalses.
Entre los terrenos alrededor del embalse de Playón que han pedido que se esclarezcan, varios están en manos del empresario barranquillero Alfredo Tapia Rizzo, más conocido en la región como ‘El Peludo’, quien, durante años, acumuló tierras en las riberas de la represa para expandir sus negocios de palma de aceite y piña oro miel. 

Tapia entre líos de tierras

Tapia nació hace más de 60 años en Magangué, Bolívar. En Barranquilla es reconocido por haber fundado la empresa Auto Taxi Ejecutivo, más conocida como la empresa de taxis 322 Satelital, que presta servicio de transporte en la capital del departamento de Atlántico.
Las aspiraciones de Tapia para incursionar en negocios agroindustriales se materializaron en 2010, cuando llegó a la región de los Montes de María buscando tierras para sembrar y procesar palma de aceite, en tiempos en que la región se estaba reconstruyendo por el paso de los años más cruentos del conflicto armado.
La justicia ha determinado que el empresario barranquillero se hizo a tierras sucreñas de víctimas del conflicto en los Montes de María. Desde 2018, en la Sala Civil Especializada en Restitución de Tierras del Tribunal Superior de Cartagena se llevó un proceso contra Tapia en el que una víctima reclamaba un predio en el municipio de San Onofre, Sucre, por haber sido desplazada tras la masacre paramilitar de Palo Alto, perpetrada el 30 de abril del 2000. 
Según la sentencia del 26 de octubre de 2023 de ese tribunal, la compra que realizó Tapia de ese predio, que pasó por varias manos antes que las de él, no cumplió con la buena fe exenta de culpa frente al estudio de títulos por la compra de esas tierras. Se declaró la nulidad de la compra del bien por parte de Inversiones Tapias Villamizar S.A.S. (Tavi S.A.S.), sociedad a través de la cual el empresario barranquillero acumuló tierras en los Montes de María. Además, se ordenó reparar a la víctima y poner a disposición esas tierras del fondo de la Unidad de Restitución de Tierras (URT). 
La región del embalse de Playón no estuvo libre de esa violencia del conflicto y de las disputas por la tierra. A partir de los años noventa, las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (Accu), el Ejército de Liberación Nacional (Eln) y los frentes 35 y 37 de las antiguas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc), incrementaron las acciones violentas contra la población civil de María La Baja, entre ellas las familias de Palo Altico y San José de Playón, comunidades asentadas al pie de la represa. 
Entrado el nuevo siglo, los combates entre los grupos armados se escalaron y la violencia paramilitar llevó a miles de familias del municipio a buscar un nuevo pedazo de tierra en donde vivir. Según recoge un informe de la URT, entre 1990 y 2008 ocurrieron 22.383 casos de desplazamiento forzado en María La Baja. (Leer más en: El terror que desplazó a María La Baja y El éxodo de Mampuján)
Hoy, el grupo de herencia paramilitar Autodefensas Gaitanistas de Colombia (Agc), llamado por las autoridades como ‘Clan del Golfo’, mantiene en alerta a las comunidades. Con precaución, alzan la voz por el establecido control que el grupo armado tiene en el municipio y el resto de los Montes de María. (Leer más en: Líderes sociales de María La Baja, en zozobra constante).
Tapia también adquirió predios en la región del embalse de Playón. VerdadAbierta.com pudo identificar 16 lotes a los que el empresario barranquillero se hizo propietario entre 2010 y 2020 en los municipios de María La Baja y San Jacinto, Bolívar. Con esos títulos, Tapia afirma ser el dueño de varios predios en inmediaciones del embalse de Playón y, tal como lo hizo en San Onofre, lo hace a través de la empresa Inversiones Tapias Villamizar S.A.S., de la que es socio mayoritario.
Dos de los predios que adquirió en San Jacinto, y que regó con cultivos de palma y piña, están siendo reclamados por el Consejo Comunitario Eladio Ariza, que libra un pleito judicial ante el Juzgado Especializado en Restitución de Tierras de El Carmen de Bolívar para recuperar 1.800 hectáreas de su territorio ancestral, el cual afirman fue adjudicado por el extinto Instituto Colombiano de la Reforma Agraria (Incora) de manera irregular y vendido de manera fraudulenta.
La forma en que llegaron algunas de esas tierras a manos de Tapia y la historia de estos predios está llena de irregularidades. Según recuerdan líderes de la región, detrás de las tierras en donde el empresario construyó su cabaña principal, está ubicado el antiguo cementerio de una de las comunidades que para los años sesenta tuvieron que vender sus tierras a petición del Incora para poder construir el embalse de Playón. Es por eso que líderes de la región sospechan que estos lotes le pertenecieron al Incora, pasaron por el Incoder y hoy deben estar en manos de la ADR.
Uno de los hechos que evidencia que en el distrito de riego hay predios de la Nación es un acta de entrega que realizó el extinto Incoder a finales de 2016. En ese documento se relacionan 32 predios que pertenecieron a su antecesor, el Incora, como parte del Distrito de Adecuación de Tierras de María La Baja, para la construcción, hace más de 60 años, de los embalses que alimentan al distrito de riego. Después de varios años esas tierras pasaron a manos de la ADR.
Según se lee en ese documento, bajo la escritura 200 del 2 de diciembre de 1970 de la Notaría Única de María La Baja, el extinto Incora le compró el predio “Monterrey” a Fernando Jiménez Ramos para la construcción de los embalses del distrito de riego. La entonces autoridad de tierras le permitió permanecer en el predio hasta que “las aguas lo desalojen o hasta cuando el INCORA lo crea conveniente”, se lee. Pero los líderes señalan que esas tierras no fueron bien administradas por el Incora.
Según explica un líder que pidió la reserva de su nombre, varias familias campesinas ocuparon ese predio, pero años después los herederos Jiménez Ramos le vendieron esas tierras a Alfredo Tapia y los campesinos ocupantes fueron desplazados. Según registros consultados por este portal, efectivamente Tapia es propietario de un predio llamado Monterrey que le fue titulado inicialmente a Fernando Jiménez Ramos.
Tapia también estaría inmerso en presuntas irregularidades agrarias. Como lo investigó este portal, por un lado, se habría apropiado de tierras en la región instalando una planta procesadora de piña para la cual pidió a la autoridad ambiental regional una licencia presentando un título de otro predio. Por otro lado, habría adquirido un predio que, bajo una sentencia falsa, se le tituló al contador de sus empresas. 
El empresario barranquillero es dueño de las tierras a través de Inversiones Tapias Villamizar S.A.S., sociedad en Colombia que controla mediante una serie de empresas que se extienden hasta Panamá.

Maraña empresarial

Este portal pudo identificar seis empresas en Colombia controladas por Alfredo Tapia. Unas se ocupan de su emporio de taxis en Barranquilla y las otras de sus inversiones y negocios agrícolas en Montes de María. A través de Inversiones Tapias Villamizar S.A.S. (Inversiones Tavi S.A.S) Tapia compró las tierras a inmediaciones del embalse de Playón.
Esa empresa fue constituida el 29 de septiembre de 2004 en Barranquilla, a través de la escritura 4796, con un simple objetivo: administrar el patrimonio de sus socios e incrementarlo. El 2 de diciembre de 2015, los accionistas de la empresa —para ese momento; Tapia, su esposa y sus dos hijos— aprobaron ampliar el objeto social para cultivar, procesar y comercializar piña, como quedó consignado en un acta de la junta directiva de la empresa. 
Pero cuatro años antes, la sociedad se preparaba para incursionar en los negocios agroindustriales. Tres meses antes de empezar a comprar los primeros predios en María La Baja y San Jacinto, desde el 14 de febrero de 2011 la empresa ya tenía por objeto el cultivo de palma africana, la instalación de plantas para la extracción de aceites vegetales, la cría de ganado, y la compra y administración de bienes, según actas de accionistas de la empresa.
A través de una cadena de empresas constituidas en Colombia y Panamá, Tapia controla de manera indirecta a Inversiones Tapias Villamizar S.A.S. Actualmente, la empresa Negocios y Valores Colombia S.A.S tiene el 99 por ciento de las acciones de Inversiones Tavi S.A.S. La empresa, también representada por Tapia, fue creada en diciembre de 2013 y el total de sus acciones están en manos de la empresa panameña Valores Latinoamérica S.A.
Esa sociedad extranjera fue creada el 6 de agosto de 2013, bajo la escritura 21800 de la Notaría Décima del Circuito de Panamá y en ese acto se estableció que el agente residente —los abogados que asume la responsabilidad de representar a la sociedad ante las autoridades del país— sería la firma Mulford Abogados. Además, se aclara que el presidente de la Junta Directiva y representante legal será la Fundación Rizzo Internacional. Esta última entidad, también panameña, es la última empresa en la cadena de control de Tapia.
Fundación Rizzo Internacional fue constituida el 2 de agosto de 2013, bajo escritura 21450 de la Notaría Décima del Circuito de Panamá y desde entonces se nombró en el consejo de la fundación —los encargados de la administración absoluta de la entidad— a Alfredo Tapia Rizzo y a sus dos hijos: Alfredo José Tapia Villamizar y Juan Sebastián Tapia Villamizar. 
Lo particular es que ambas empresas extranjeras están en “estatus suspendido” por el Registro Público de Panamá desde el 10 de noviembre de 2019 y el 3 de mayo de 2022. Según certificados a los que accedió este portal, la medida se tomó, en el caso de Valores Latinoamérica S.A, por incumplir disposiciones tributarias y de registro contable; y, en el caso de Fundación Rizzo Internacional, por no nombrar a un agente residente tras la renuncia de Mulford Abogados. Esta acción de las autoridades del vecino país imposibilita a la empresa a realizar negocios, disponer de sus activos u otras acciones corporativas.
Con esa maraña empresarial, Alfredo Tapia maneja sus empresas en Colombia, a pesar de la suspensión impuesta sobre las empresas panameñas por las autoridades de ese país.
Nota de la redacción: esta es la primera entrega de la serie investigativa Los engaños de Alfredo Tapia para quedarse con tierras del Distrito de Riego de María La Baja.

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