La comunidad Huarpe Salvador Talquenca, ubicada en la localidad de El Encón, departamento 25 de Mayo, expresó su profunda preocupación en un comunicado oficial y también su enérgico rechazo frente al reciente mandamiento judicial del juez Luis César Arancibia, que habilita la toma de posesión de tierras subastadas que el pueblo nación Huarpe considera ancestrales. La situación se produce en un contexto de creciente vulnerabilidad, luego de que, en diciembre del año pasado, el gobierno de Javier Milei anulara por decreto la Ley 26.160, una normativa clave para la protección de territorios indígenas en Argentina.
En diálogo con DIARIO HUARPE, Javier Alamino, uno de los abogados que representa a la comunidad indígena, contó que los hechos que originan este conflicto se remontan a 2012, cuando una abogada de la familia Cantoni Bravo subastó tierras pertenecientes históricamente a la comunidad para saldar honorarios. En ese momento, la intervención del juez Arancibia, del Tercer Juzgado Civil de San Juan, suspendió la ejecución de la subasta, en cumplimiento de la Ley 26.160, reconociendo así la validez de los reclamos territoriales indígenas. Sin embargo, tras la derogación de esta ley, los abogados de quienes compraron el terreno subastado han reactivado el reclamo de posesión, ignorando —según denuncian desde la comunidad— los derechos constitucionales e internacionales de los pueblos originarios y la preexistencia de la comunidad Talquenca en ese territorio.
Derechos preexistentes amparados por la Constitución
La Constitución Nacional Argentina, en su artículo 75 inciso 17, reconoce la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas y garantiza su derecho a la propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan. Desde la comunidad señalan que el nuevo intento de despojo vulnera este principio fundamental y desconoce el vínculo espiritual, histórico y cultural que mantienen con el territorio.
“No entendemos por qué otra vez vuelven con esto, cuando se sabe que nosotros vivimos acá antes que nadie”, expresó a DIARIO HUARPE Juana Castro, miembro de la comunidad.
Actualmente, más de 10 familias habitan el terreno en litigio y entre ellas, más de 15 niños y un número similar de abuelos, lo que incrementa la preocupación por las consecuencias sociales y humanas que un eventual desalojo podría generar.
Los pobladores originarios, en total comunión y respeto con el entorno ambiental que los rodea, subsisten gracias a la producción caprina, bovina, vacuna y equina. También producen miel, confeccionan tejidos y demás artesanías en cueros y cerámica, siguiendo las enseñanzas de sus antepasados.
Acciones legales y resistencia comunitaria
El equipo jurídico que representa a la comunidad, integrado por los abogados Javier Alamino y Ariel López, confirmó a DIARIO HUARPE que ya se ha presentado un recurso de revisión, reposición y apelación. En él, solicitan al juez que se considere la totalidad de los derechos de las comunidades indígenas y se declare la nulidad de la posesión otorgada, dado que la comunidad Talquenca tiene más de 117 años de presencia continua en el lugar.
Vale recordar que la comunidad Huarpe cuenta con reconocimiento del Estado Nacional como preexistentes al Estado mismo. Además, la comunidad Huarpe Salvador Talquenca posee personería jurídica como comunidad de pueblo originario, tras haber sido censados por el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), dependiente del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación.
Movilización y llamado a la solidaridad
Mientras se espera el fallo del juez Arancibia, el cual, según los tiempos legales podría darse esta semana o, a más tardar, la que viene, la comunidad se encuentra en estado de asamblea permanente y evalúa movilizarse en el microcentro de San Juan, en
defensa de sus derechos y piden el acompañamiento de organismos de derechos humanos, autoridades provinciales y nacionales, y de toda la sociedad sanjuanina.
“Nuevamente, el pueblo Huarpe se pone en alerta. Vamos a defender nuestro territorio y nuestros derechos por la defensa de nuestra cultura, de nuestra historia y el legado para las generaciones futuras”, concluyó Juana Castro
Sobre la Ley 26.160 y su derogación
La Ley 26.160, sancionada en 2006, surgió como respuesta a décadas de despojo, marginación y violencia hacia las Comunidades Indígenas. Su objetivo era suspender los desalojos y realizar un relevamiento territorial para garantizar la seguridad jurídica de los territorios. Sin embargo, el Estado nunca cumplió con esta obligación de manera integral, dejando a miles de comunidades en una situación de vulnerabilidad permanente y en diciembre del año pasado, el Gobierno de Javier Milei decretó el fin de la emergencia territorial indígena, derogando la Ley 26.160 y sus prórrogas. Esta medida, formalizada a través del Decreto 1083/2024, puso en jaque la protección de las tierras tradicionalmente ocupadas por las Comunidades Indígenas de Argentina y dio luz verde a los desalojos, priorizando los intereses privados y estatales sobre los derechos de los Pueblos Originarios.
En este marco, el Gobierno Nacional justificó la derogación de la ley, argumentando que generaba “inseguridad jurídica” y afectaba los derechos de “legítimos propietarios”. En los considerandos del decreto, se calificó a las comunidades como “fragmentadas”, acusándolas de hacer un “uso abusivo” de la normativa. Estas afirmaciones no solo deslegitiman los derechos territoriales de los Pueblos Indígenas, sino que perpetúan narrativas racistas que criminalizan la lucha por la tierra.
Con la derogación de la Ley 26.160, se habilitaron desalojos masivos que afectan y afectarán no solo a las comunidades indígenas, sino también a sus modos de vida, cosmovisiones y la preservación del territorio como espacio de vida colectiva.
"Estos desalojos son, en esencia, una forma de violencia estatal que responde a los intereses del capital inmobiliario, la minería y el agronegocio", afirman las comunidades originarias de San Juan
Actualmente, más de 10 familias habitan el terreno en litigio y entre ellas, más de 15 niños y un número similar de abuelos.
