7-5-2021, ENI Argentina
ENI Argentina, en articulación con otras iniciativas y organizaciones, elaboró un informe sobre el impacto ambiental del sistema alimentario en los derechos humanos. El documento contiene contribuciones para el Relator Especial de DDHH y Ambiente de la ONU y sienta posiciones de cara a la Cumbre de Sistemas Alimentarios de las Naciones Unidas.
El sistema alimentario imperante genera múltiples desequilibrios en el ambiente y no le garantiza a las comunidades una alimentación barata y de calidad. Un dato basta para entender este fenómeno: apenas el 13% de la tierra está en manos de agricultores familiares, que son quienes producen más del 60% de los alimentos que se consumen en el mercado interno; al mismo tiempo, el 1% de las explotaciones agrarias controlan el 36% de la tierra cultivada en nuestro país. Con esta concentración de la tierra en manos de quienes tienen la mirada puesta en el agronegocio y no en una alimentación de calidad, surge la pregunta: ¿Hacia dónde apuntar para lograr un sistema de alimentación sostenible?
Es por eso que ENI Argentina elaboró un amplio informe sobre la temática que tiene como objeto acercar información al Relator Especial de DDHH y Ambiente de la ONU, Dr. David Boyd. El documento fue realizado en articulación con la Iniciativa Tierra en los ODS, el Programa Defensoras Ambientales, Land Matrix LAC, la Plataforma Semiáridos de América Latina, la Unión de Trabajadores por la Tierra, el Programa SEDCERO, Fundación Plurales y FUNDAPAZ.
Además, el informe pretende sentar postura en torno a los debates que emergen ante la Cumbre de Sistemas Alimentarios de las Naciones Unidas. El foco está puesto en incorporar los derechos a la tierra en la construcción de alimentos saludables. La sostenibilidad alimentaria, al igual que todos los Objetivos de Desarrollo Sostenible, no puede lograrse si no se garantizan los derechos de quienes dependen de la tierra para su supervivencia.
Impactos ambientales del sistema alimentario global y efectos adversos sobre los DDHH en Argentina
Las inequidades de acceso a la tierra deben estar en el centro del debate sobre sistemas alimentarios sostenibles y derechos humanos. La alta concentración de la tierra, el uso extractivista de la misma, la predominancia de los monocultivos y el uso de agrotóxicos para garantizar el modelo agroexportador, generan graves impactos ecológicos, aumentan los conflictos y amenazas sobre los pequeños agricultores familiares (comunidades campesinas e indígenas), agudizando las desigualdades y poniendo en riesgo la seguridad y soberanía alimentaria.
En Argentina, al igual que en el resto de los países de América Latina, la concentración de la tierra no es un fenómeno novedoso. Pero es un fenómeno que avanza y pone en jaque la seguridad alimentaria. Hasta agosto de 2019, nuestro país registró un total de 217 casos de grandes transacciones de tierra, donde el mayor porcentaje de las inversiones son para cultivos a gran escala y/o ganadería. Esto representa una superficie total de 4.467.125 hectáreas (según datos de la iniciativa Land Matrix LAC) dedicadas, principalmente, al agronegocio.
En un informe anterior recopilamos las graves consecuencias que tiene el sistema imperante para las comunidades en relación al uso y acceso al agua. Alrededor del 70% de este recurso invaluable se destina a la agricultura.
El gran problema es que las políticas públicas actuales están impulsando aún más el modelo agroexportador, con lo que se pone en juego el acceso a la tierra, el agua y seguridad alimentaria de los sectores rurales del país. Es alarmante la presión de los países agroexportadores encabezados por Estados Unidos y Rusia (y acompañados de cerca por Brasil y Argentina) que en el Comité de Seguridad Alimentaria (CSA) de la ONU aprobaron las Directrices Voluntarias sobre los Sistemas de Alimentación y Nutrición (Dvsan) terminaron desvalorizando el modelo agroecológico para dar lugar a “otras innovaciones” impulsadas por la agroindustria (Agencia Tierra viva, 2021).
Y ya quedó evidenciado que la agricultura convencional, que utiliza pesticidas, herbicidas, fertilizantes químicos y combustibles fósiles, tiene graves consecuencias territoriales y no puede garantizar alimentos de calidad ni provisión de alimentos baratos. Esto genera desequilibrios y problemas que exceden lo puramente ambiental.
Efectos del cambio climático al sistema alimentario.
Los datos del daño generado por el sistema actual son elocuentes. Un estudio del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y del Centro para la Promoción de la Conservación del Suelo y del Agua (PROSA) publicado en 2019 muestra que el 36% del suelo argentino sufre procesos de erosión. Son alrededor de 100 millones de hectáreas distribuidas en diferentes áreas agrícolas del país. El Instituto de Suelos del INTA señala como principal origen de la erosión a la simplificación de los sistemas productivos y de rotación de cultivos (fundamentalmente el monocultivo, el desmonte, la expansión de la frontera agropecuaria, el sobrepastoreo y los cambios de uso de suelo) que se condice con una importante reducción de la superficie de monte nativo por la expansión de actividades agropecuarias intensificadas en los últimos veinte años con el monocultivo de soja.
En paralelo a esto, en apenas dos décadas la superficie de monte nativo pasó de 32 millones a 27 millones de hectáreas. Ante esto, la agroecología a pequeña y mediana escala permite una integración equilibrada con el ecosistema, lo que posibilita recuperar las funciones.
Recomendaciones para pasar a sistemas alimentarios que restauren y regeneren la naturaleza en lugar de degradar los ecosistemas
En este apartado, el informe se hace eco de las recomendaciones del Comité de Seguridad Alimentaria Mundial. Hay dos recomendaciones generales: por un lado, generar políticas que transformen los sistemas alimentarios en su conjunto y dejen de centrarse exclusivamente en el aumento del suministro alimentario, lo que diversificaría los alimentos y permitiría empoderar a grupos marginados y vulnerables; por otro lado, que la conformación de políticas alimentarias reconozca los vínculos entre los sistemas (alimentarios, ecológicos, económicos, etc.) para buscar sinergias en lugar de oposiciones entre esos sistemas.
La legislación en Argentina en relación a un sistema alimentario sostenible
En Argentina, las normas y diferentes leyes sobre el ambiente han avanzado en su implementación: los presupuestos mínimos de conservación ambiental (por ejemplo, la Ley de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos N° 26.331/2007), como también la Ley General del Ambiente N° 25.675/02. Sin embargo, es el mismo Estado que avanza en lo legislativo, pero son sus propios agentes o las deficientes políticas dirigidas de aplicación, que impiden efectivizar los derechos.
Desde nuestra posición, los bienes comunes que componen el patrimonio de la totalidad de los habitantes cuyos derechos ambientales están consignados en la constitución, se encuentran constantemente en procesos de disputa en las que la correlación de fuerzas pone de manifiesto la limitada capacidad de acción de las estructuras de gobierno -desde sus diversas subdivisiones, sea local, municipal, provincial y nacional- para priorizar el acceso a derechos ambientales por sobre la explotación de recursos que se traducen en ingreso de divisas.
Las transformaciones territoriales y productivas representan grandes desafíos para efectivizar los derechos consagrados a un medio ambiente seguro, limpio, saludable y sostenible, que la República Argentina legitima como estado miembro de la ONU. Sin embargo, en diferentes territorios los múltiples despojos a pequeños productores, comunidades indígenas y otras poblaciones subalternas, son constantes.
El respeto del derecho a la tierra por parte de la agricultura familiar, campesina e indígena, permite realizar una producción de alimentos sanos, sin explotación de los recursos naturales como los bosques, los humedales,montes y otros. Por el contrario, el avance del proceso de acaparamiento de tierras genera que grandes empresas (algunas multinacionales y otras nacionales o regionales) avancen sobre todos los recursos naturales existentes y terminan expulsando a la población local hacia los centros urbanos.
La producción de alimentos por parte de los agricultores familiares se desarrolla mediante sistemas de producción agroecológica muy eficientes en el uso de los recursos, y logra al mismo tiempo una producción diversificada. Esta es la forma de vida de numerosos campesinos e indígenas y si el vínculo con esta forma de producir se rompe, los derechos a la tierra comienzan a ser vulnerados.
Al intentar emplear un enfoque basado en los derechos, las organizaciones se han enfrentado a la criminalización, persecución y amenazas que sufren los y las defensoras de los derechos humanos y ambientales por luchar por el derecho a la tierra y el freno a los desmontes.
Por todo esto, destacamos como puntos relevantes para poblaciones de la agricultura familiar, campesina e indígena lo siguiente:
(I) Es imperante que la Ley 26.160 otorgue mayor estabilidad a las comunidades indígenas tomando las medidas necesarias de seguridad y de tenencia de la tierra, teniendo en cuenta lo postulado en la Constitución Nacional Argentina en su artículo n° 75 inc. 17. Así mismo, prorrogar la suspensión de desalojos y que urgentemente entre en funcionamiento la Comisión de regulación dominial.
(II) Es urgente reglamentar la Ley de Agricultura Familiar de manera participativa, aplicando los recursos necesarios al sector sin discriminaciones políticas de ningún tipo.
(III) Promover una política de titulación a nombre de mujeres o exigencia de titulación conjunta.
(IV) Extender la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) a zonas rurales para obtener datos oficiales del sector.
ENI Argentina, en articulación con otras iniciativas y organizaciones, elaboró un informe sobre el impacto ambiental del sistema alimentario en los derechos humanos. El documento contiene contribuciones para el Relator Especial de DDHH y Ambiente de la ONU y sienta posiciones de cara a la Cumbre de Sistemas Alimentarios de las Naciones Unidas.
El sistema alimentario imperante genera múltiples desequilibrios en el ambiente y no le garantiza a las comunidades una alimentación barata y de calidad. Un dato basta para entender este fenómeno: apenas el 13% de la tierra está en manos de agricultores familiares, que son quienes producen más del 60% de los alimentos que se consumen en el mercado interno; al mismo tiempo, el 1% de las explotaciones agrarias controlan el 36% de la tierra cultivada en nuestro país. Con esta concentración de la tierra en manos de quienes tienen la mirada puesta en el agronegocio y no en una alimentación de calidad, surge la pregunta: ¿Hacia dónde apuntar para lograr un sistema de alimentación sostenible?
Es por eso que ENI Argentina elaboró un amplio informe sobre la temática que tiene como objeto acercar información al Relator Especial de DDHH y Ambiente de la ONU, Dr. David Boyd. El documento fue realizado en articulación con la Iniciativa Tierra en los ODS, el Programa Defensoras Ambientales, Land Matrix LAC, la Plataforma Semiáridos de América Latina, la Unión de Trabajadores por la Tierra, el Programa SEDCERO, Fundación Plurales y FUNDAPAZ.
Además, el informe pretende sentar postura en torno a los debates que emergen ante la Cumbre de Sistemas Alimentarios de las Naciones Unidas. El foco está puesto en incorporar los derechos a la tierra en la construcción de alimentos saludables. La sostenibilidad alimentaria, al igual que todos los Objetivos de Desarrollo Sostenible, no puede lograrse si no se garantizan los derechos de quienes dependen de la tierra para su supervivencia.
Impactos ambientales del sistema alimentario global y efectos adversos sobre los DDHH en Argentina
Las inequidades de acceso a la tierra deben estar en el centro del debate sobre sistemas alimentarios sostenibles y derechos humanos. La alta concentración de la tierra, el uso extractivista de la misma, la predominancia de los monocultivos y el uso de agrotóxicos para garantizar el modelo agroexportador, generan graves impactos ecológicos, aumentan los conflictos y amenazas sobre los pequeños agricultores familiares (comunidades campesinas e indígenas), agudizando las desigualdades y poniendo en riesgo la seguridad y soberanía alimentaria.
En Argentina, al igual que en el resto de los países de América Latina, la concentración de la tierra no es un fenómeno novedoso. Pero es un fenómeno que avanza y pone en jaque la seguridad alimentaria. Hasta agosto de 2019, nuestro país registró un total de 217 casos de grandes transacciones de tierra, donde el mayor porcentaje de las inversiones son para cultivos a gran escala y/o ganadería. Esto representa una superficie total de 4.467.125 hectáreas (según datos de la iniciativa Land Matrix LAC) dedicadas, principalmente, al agronegocio.
En un informe anterior recopilamos las graves consecuencias que tiene el sistema imperante para las comunidades en relación al uso y acceso al agua. Alrededor del 70% de este recurso invaluable se destina a la agricultura.
El gran problema es que las políticas públicas actuales están impulsando aún más el modelo agroexportador, con lo que se pone en juego el acceso a la tierra, el agua y seguridad alimentaria de los sectores rurales del país. Es alarmante la presión de los países agroexportadores encabezados por Estados Unidos y Rusia (y acompañados de cerca por Brasil y Argentina) que en el Comité de Seguridad Alimentaria (CSA) de la ONU aprobaron las Directrices Voluntarias sobre los Sistemas de Alimentación y Nutrición (Dvsan) terminaron desvalorizando el modelo agroecológico para dar lugar a “otras innovaciones” impulsadas por la agroindustria (Agencia Tierra viva, 2021).
Y ya quedó evidenciado que la agricultura convencional, que utiliza pesticidas, herbicidas, fertilizantes químicos y combustibles fósiles, tiene graves consecuencias territoriales y no puede garantizar alimentos de calidad ni provisión de alimentos baratos. Esto genera desequilibrios y problemas que exceden lo puramente ambiental.
Efectos del cambio climático al sistema alimentario.
Los datos del daño generado por el sistema actual son elocuentes. Un estudio del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y del Centro para la Promoción de la Conservación del Suelo y del Agua (PROSA) publicado en 2019 muestra que el 36% del suelo argentino sufre procesos de erosión. Son alrededor de 100 millones de hectáreas distribuidas en diferentes áreas agrícolas del país. El Instituto de Suelos del INTA señala como principal origen de la erosión a la simplificación de los sistemas productivos y de rotación de cultivos (fundamentalmente el monocultivo, el desmonte, la expansión de la frontera agropecuaria, el sobrepastoreo y los cambios de uso de suelo) que se condice con una importante reducción de la superficie de monte nativo por la expansión de actividades agropecuarias intensificadas en los últimos veinte años con el monocultivo de soja.
En paralelo a esto, en apenas dos décadas la superficie de monte nativo pasó de 32 millones a 27 millones de hectáreas. Ante esto, la agroecología a pequeña y mediana escala permite una integración equilibrada con el ecosistema, lo que posibilita recuperar las funciones.
Recomendaciones para pasar a sistemas alimentarios que restauren y regeneren la naturaleza en lugar de degradar los ecosistemas
En este apartado, el informe se hace eco de las recomendaciones del Comité de Seguridad Alimentaria Mundial. Hay dos recomendaciones generales: por un lado, generar políticas que transformen los sistemas alimentarios en su conjunto y dejen de centrarse exclusivamente en el aumento del suministro alimentario, lo que diversificaría los alimentos y permitiría empoderar a grupos marginados y vulnerables; por otro lado, que la conformación de políticas alimentarias reconozca los vínculos entre los sistemas (alimentarios, ecológicos, económicos, etc.) para buscar sinergias en lugar de oposiciones entre esos sistemas.
La legislación en Argentina en relación a un sistema alimentario sostenible
En Argentina, las normas y diferentes leyes sobre el ambiente han avanzado en su implementación: los presupuestos mínimos de conservación ambiental (por ejemplo, la Ley de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos N° 26.331/2007), como también la Ley General del Ambiente N° 25.675/02. Sin embargo, es el mismo Estado que avanza en lo legislativo, pero son sus propios agentes o las deficientes políticas dirigidas de aplicación, que impiden efectivizar los derechos.
Desde nuestra posición, los bienes comunes que componen el patrimonio de la totalidad de los habitantes cuyos derechos ambientales están consignados en la constitución, se encuentran constantemente en procesos de disputa en las que la correlación de fuerzas pone de manifiesto la limitada capacidad de acción de las estructuras de gobierno -desde sus diversas subdivisiones, sea local, municipal, provincial y nacional- para priorizar el acceso a derechos ambientales por sobre la explotación de recursos que se traducen en ingreso de divisas.
Las transformaciones territoriales y productivas representan grandes desafíos para efectivizar los derechos consagrados a un medio ambiente seguro, limpio, saludable y sostenible, que la República Argentina legitima como estado miembro de la ONU. Sin embargo, en diferentes territorios los múltiples despojos a pequeños productores, comunidades indígenas y otras poblaciones subalternas, son constantes.
El respeto del derecho a la tierra por parte de la agricultura familiar, campesina e indígena, permite realizar una producción de alimentos sanos, sin explotación de los recursos naturales como los bosques, los humedales,montes y otros. Por el contrario, el avance del proceso de acaparamiento de tierras genera que grandes empresas (algunas multinacionales y otras nacionales o regionales) avancen sobre todos los recursos naturales existentes y terminan expulsando a la población local hacia los centros urbanos.
La producción de alimentos por parte de los agricultores familiares se desarrolla mediante sistemas de producción agroecológica muy eficientes en el uso de los recursos, y logra al mismo tiempo una producción diversificada. Esta es la forma de vida de numerosos campesinos e indígenas y si el vínculo con esta forma de producir se rompe, los derechos a la tierra comienzan a ser vulnerados.
Al intentar emplear un enfoque basado en los derechos, las organizaciones se han enfrentado a la criminalización, persecución y amenazas que sufren los y las defensoras de los derechos humanos y ambientales por luchar por el derecho a la tierra y el freno a los desmontes.
Por todo esto, destacamos como puntos relevantes para poblaciones de la agricultura familiar, campesina e indígena lo siguiente:
(I) Es imperante que la Ley 26.160 otorgue mayor estabilidad a las comunidades indígenas tomando las medidas necesarias de seguridad y de tenencia de la tierra, teniendo en cuenta lo postulado en la Constitución Nacional Argentina en su artículo n° 75 inc. 17. Así mismo, prorrogar la suspensión de desalojos y que urgentemente entre en funcionamiento la Comisión de regulación dominial.
(II) Es urgente reglamentar la Ley de Agricultura Familiar de manera participativa, aplicando los recursos necesarios al sector sin discriminaciones políticas de ningún tipo.
(III) Promover una política de titulación a nombre de mujeres o exigencia de titulación conjunta.
(IV) Extender la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) a zonas rurales para obtener datos oficiales del sector.
