Se cerrará el viernes 14 de noviembre la campaña que promueve que las tierras de Marina Cue sean para familias víctimas de la masacre. Las organizaciones nuevamente pedirán una reunión con el presidente Horacio Cartes.
Realizaron la denuncia al Ministerio Público y aseguran que pueden verse afectadas unas 15 mil hectáreas en el departamento de Alto Paraguay.
Curuguaty es el centro de la campaña contra el acaparamiento de tierra que pretende contar al mundo la historia de Paraguay a través de un caso paradigmático de lucha campesina.
En Villa Ygatimi, Canindejú, realizaron desmontes de área boscosa nativa por medio de la quema.
Más de 30.000 personas de España, Estados Unidos y varios países de Latinoamérica han firmado hasta este lunes una petición para exigir al Estado paraguayo que entregue a familias campesinas la tierra donde ocurrió la masacre de Curuguaty en junio de 2012.
Las principales organizaciones y asociaciones campesinas de distintos países de Latinoamérica exigieron hoy a los mandatarios de Paraguay y Guatemala, que restituyan las "tierras despojadas de forma ilegal y con violencia" a las comunidades de labriegos.
Como los países vecinos, el Paraguay debe adoptar medidas nacionalistas sobre la propiedad de la tierra.
El gobierno paraguayo debió aceptar hoy ante una reunión con dirigentes de las más importantes organizaciones campesinas la gravedad de la desaparición de la agricultura familiar en el país y la creciente extranjerización de la tierra.
Precios competitivos y favorables condiciones impositivas son el principal foco de atracción. Se estima que hay entre 1,8 y 2 millones de hectáreas en Paraguay que son propiedad de uruguayos.
El día 15 de junio de 2012, 17 personas—once campesinos y seis policías—murieron durante un operativo fiscal-policial con fines de desalojo, efectuado contra familias campesinas sin tierra que habían ocupado un predio conocido como Marina Kue, en el distrito de Curuguaty de Paraguay.
A dos años del golpe parlamentario que expulsara al gobierno de Fernando Lugo, el Frente Guasu sostiene que esta medida se llevó a cabo básicamente por el litigio de las tierras y las políticas públicas de dicho gobierno.
La Laguna S.A. justificó la violencia en Y’apo. El fiscal Lorenzo Lezcano advirtió hoy que la empresa actuó sin orden judicial.
