AAL negó las acusaciones, citando datos insuficientes utilizados en la investigación.

“Astra Agro y todas sus filiales operan de acuerdo con las leyes y políticas vigentes en Indonesia. La empresa ha identificado limitaciones en las fuentes de datos que han dado lugar a imprecisiones que no reflejan las condiciones reales. [on the ground]”, dijo el vicepresidente de relaciones públicas y relaciones con inversores, Fenny Sofyan, de la compañía, que es el segundo mayor productor de aceite de palma en Indonesia.

Según el informe de FOE, aproximadamente 18.000 hectáreas (ha) de concesiones de aceite de palma de AAL se superponen con tierras forestales de Indonesia e invaden áreas protegidas.

Esto se repite en seis provincias de Indonesia, con la violación más destacada en Sulawesi, donde más de 2.000 hectáreas de bosque protegido han sido invadidas por plantaciones de AAL, según el informe.

AAL está acusada de no obtener el Consentimiento Libre, Previo e Informado (CLPI) de las comunidades afectadas antes de convertir sus tierras a plantaciones de palma aceitera, lo que generó conflictos por la tierra en Sulawesi Central y Occidental.

Además, dos de las filiales de AAL (PT Sawit Jaya Abadi y PT Rimbunan Alam Sentosa) fueron señaladas por operar sin los permisos necesarios, afirmación cuestionada por AAL.

Según las leyes forestales de Indonesia, la conversión de áreas forestales en plantaciones sólo puede tener lugar cuando la empresa obtiene todos los permisos necesarios, incluida una carta de permiso forestal y un permiso de plantación, conocido como Hak Guna Usaha (HGU) en bahasa indonesio.

Disputas sobre reclamaciones e información.

AAL rechazó las acusaciones de FOE sobre deforestación, marginación de comunidades locales y uso ilegal de plantaciones.

“La política de sostenibilidad de Astra Agro se implementó oficialmente en 2015 y desde entonces no ha emprendido ninguna ampliación ni limpieza de nuevas tierras”, dijo Sofyan.

Más bien, el desmonte de tierras observado está relacionado con la replantación de plantaciones existentes, afirmó.

La investigación ha sido criticada por su mal uso de los datos, basándose en datos espaciales y mapas satelitales para identificar duplicados en lugar de mapas gubernamentales.

Yayasan Genesis Bengkulu, una organización indonesia sin fines de lucro que realizó investigaciones y análisis de plantaciones en nombre de FOE, tampoco tuvo acceso a datos verificados por HGU, que según AAL son esenciales para delinear con precisión los límites de las plantaciones.

Por ello, el productor de aceite de palma calificó las conclusiones de “engañosas”.

Sin embargo, AAL no ha compartido las coordenadas oficiales de su concesión y el gobierno no ha publicado las licencias de HGU para su revisión pública.

Para complicar las cosas, algunas de las plantaciones de AAL están ubicadas en terrenos donde se otorgaron los permisos originales, pero desde entonces el gobierno ha designado el área como propiedad forestal.

de acuerdo a información de la empresaSe permitían 14 subdivisiones antes del decreto que designaba el área como propiedad forestal, conocida en Indonesia como Surat Keputusan Penetapan Kawasan Hutan.

“Los cambios regulatorios siempre ocurren con el tiempo. De esta manera, hay muchos casos de devolución de una parte del área del HGU a la zona forestal, mientras que el HGU fue tomado hace mucho tiempo”, dijo Sofyan.

Sin embargo, la FOE señaló violaciones relacionadas con la validez del permiso AAL, señalando que según la ley indonesia, el gobierno no puede designar áreas con permisos existentes como propiedades forestales. La organización ecologista ha pedido al Gobierno que proporcione mayor transparencia y seguridad jurídica.

En relación con las acusaciones de violaciones de derechos humanos, AAL argumenta que aunque los principios de CLPI no se aplicaban cuando se establecieron las plantaciones, la empresa siguió las mejores prácticas en ese momento, incluidos procesos de consulta comunitaria que eran consistentes con los principios de CLPI actuales.

Las marcas de consumo y los financieros están conectados

Diez marcas han suspendido las compras a AAL y sus filiales, aunque muchas otras trabajan con el conglomerado, incluido el gigante de bienes de consumo Unilever, uno de los mayores compradores de aceite de palma del mundo.

Basado en Unilever 2022 información del directorio de fábricaAAL figura como una de sus fábricas, aunque no como proveedor directo de la marca, que se ha comprometido públicamente a utilizar aceite de palma sostenible y libre de deforestación.

Así lo confirmó el representante de la empresa. “Astra Agro Lestari no es proveedor directo de Unilever. El aceite de palma de los sitios de AAL no está vinculado indirectamente a nuestra cadena de suministro a través de un tercero. “

El portavoz añadió que la empresa está evaluando el estado de la denuncia y no puede comentar sobre las conclusiones del informe.

El proveedor de agronegocios Olam, que también se ha propuesto adquirir fábricas vinculadas a la filial de AAL, no hizo comentarios al cierre de esta edición.

En el evento también participaron firmas financieras globales, incluidas Vanguard y HSBC.

BlackRock ha sido señalado en el informe de FOE por sus activos, a pesar de haber votado en contra de la reelección de la junta directiva y de los comisionados de AAL en abril de 2023 debido a preocupaciones sobre las acusaciones.

El mayor gestor de activos del mundo posee hasta septiembre del año pasado el 11 por ciento del grupo empresarial AAL.

Otros han optado por no participar en el grupo debido a preocupaciones climáticas y medioambientales.

Norges Bank se suma a otros 28 financieros. En febrero, la institución financiera eliminó las empresas matrices de AAL, Jardine Matheson Holdings, Jardine Cycle & Carriage y Astra International, del Fondo de Pensiones del Gobierno Noruego Global (GPFG), que gestiona.

La FOE criticó a Jardine Matheson, propietaria de una participación mayoritaria en Astra International AAL, por no utilizar su influencia para reclamar una compensación.

En respuesta a las consultas de Eco-Business, el portavoz Jardine Matheson se centró en AAL. declaración pública sobre el tema, así como AAL plan de ACCION a las denuncias planteadas.

El portavoz también explicó que AAL está abierta al diálogo tanto con FOE como con WALHI, la rama indonesia de FOE, y ha ofrecido reunirse con las organizaciones para discutir medidas adicionales para fortalecer sus sistemas y procesos.

“Jardin Matheson apoya el compromiso de AAL con la transparencia y sus esfuerzos para participar activamente en este tema”, dijo la compañía en un comunicado.

Deficiencias de gestión, cadenas de suministro poco claras

La violación de AAL refleja problemas más amplios de gobernanza y gestión de la cadena de suministro industria del aceite de palma, dicen los ambientalistas.

“El problema sistémico es la débil aplicación de la ley y la supervisión. Esta situación es lo que AAL sigue explotando”, afirmó Uli Siagyan, activista de bosques y plantaciones de WALHI.

El cerrado proceso de obtención de permisos también permitió a AAL talar los bosques de Indonesia a un ritmo sorprendente y convertirlos en plantaciones de monocultivos, según el informe.

Indonesia es el mayor productor de aceite de palma del mundo. 40 por ciento El aceite de palma ha sido identificado como uno de los principales impulsores de la deforestación en el país, a lo que la administración de Joko Widodo respondió prohibiendo la expansión del cultivo de aceite de palma en 2018.

La moratoria ha contribuido a una tendencia general de disminución de la cubierta forestal desde 2012, aunque las causas exactas de la disminución han sido objeto de controversia.

Desde entonces, la moratoria expiró y se prevé que la deforestación alcance las 30.000 hectáreas en 2023 por segundo año consecutivo. No se espera que se renueve la moratoria.

Los amplios esfuerzos para aumentar la sostenibilidad de la producción de aceite de palma también han enfrentado obstáculos, ya que el control y la regulación del aceite de palma son complejos y la trazabilidad es una preocupación clave en toda la cadena de suministro.

Si bien los esquemas de certificación de organizaciones como la Palm Oil Roundtable han buscado aumentar la trazabilidad y la transparencia, las deficiencias institucionales socavan el proceso y dejan a estos esquemas vulnerables a la explotación.

“Las empresas pueden hacer compromisos retóricos para proteger los derechos humanos y lograr la sostenibilidad ambiental, pero hablar es barato. Se requiere rendición de cuentas”, dijo Gaurav Madan, alto activista por los derechos forestales y territoriales de FOE Estados Unidos.