El Tiempo | 27 Agosto 2024 
Gobierno de Gustavo Petro vuelve a radicar en el Senado la ley procesal de la jurisdicción agraria en medio de señalamientos de 'expropiación exprés'
Por Juan Sebastián Lombo Delgado
En la mañana de este martes, el gobierno de Gustavo Petro radicó ante el Senado la ley de procedimiento de la jurisdicción agraria, el último articulado que falta por aprobación para que dicha especialidad de la justicia entre a funcionar en el país. El texto se hundió en la legislatura pasada por falta de trámite.
La radicación fue liderada por el ministro del Interior (Juan Fernando Cristo) y las ministras de Justicia (Ángela María Buitrago) y Agricultura (Martha Carvajalino). Los tres destacaron la importancia del articulado y al mismo tiempo hicieron velada referencia a la polémica con la que llega el proyecto, pues, según la representante Katherine Miranda y la senadora Paloma Valencia, la iniciativa busca otra vez darle trámite a la figura de la 'expropiación exprés'.
El ministro Cristo celebró la llegada de este proyecto, que busca la concreción de una jurisdicción cuyos orígenes son el acuerdo de paz con las extintas Farc. "Es muy satisfactorio que el primer proyecto de ley que se presenta por parte del gobierno es este proyecto de ley de la jurisdicción agraria", dijo Cristo, que aseguró que esta iniciativa va en sintonía con "el compromiso del gobierno con el campo colombiano".
"Es el compromiso del relanzamiento con el acuerdo de paz. Cerrar el ciclo y que podamos tener jueces agrarios, parece mentira que no hayamos tenido jueces agrarios con tantos años de conflicto", añadió el responsable de la política del gobierno Petro, que indicó que esta radicación hace parte del plan de choque para avanzar lo que más se pueda en la implementación en estos dos años que quedan de la actual administración.
"Si no intervinimos los territorios, no vamos a conseguir la paz y estaremos condenados al reciclaje de las violencias", expresó el ministro, que a renglón seguido recalcó que la radicación oficial de la propuesta solo se dio después de haberla socializado con la mayoría de bancadas: "Es un proyecto serio e integral. Recoge las preocupaciones que tuvieron las distintas bancadas".
"No es cierto que este gobierno quiere imponer solo su visión. Esta ley de jurisdicción trata de recoger todos los consensos", insistió el ministro, que le pidió la mayor celeridad al Congreso para el trámite.
La siguiente en tomar la palabra fue la ministra Ángela María Buitrago, que aseveró que esta iniciativa va a "acercar la justicia al territorio". "Vamos a evitar la resolución violenta", enfatizó la ministra, que destacó que no se están buscando mecanismos diferentes a las herramientas ya existentes en el trámite judicial.
"La jurisdicción agraria va a tener un trámite especial y expedito, no arbitrario", añadió la ministra de Justicia, que apuntó que de nada sirve haber tramitado un acto legislativo y una estatutaria sobre la jurisdicción agraria si no se habilita la ley procesal.
La ministra Buitrago concluyó diciendo: "No crean en las informaciones que buscan generar desinformación. Entiéndanlo en su construcción jurídica. Por favor léanlo y no sean influenciados por la desinformación".
La ministra de Agricultura también hizo mucho énfasis en dicho punto: "que no sea el terror mediático el que defina el destino de la justicia agraria". Carvajalino luego procedió a hablar del enfoque de esta jurisdicción, que implicaría la recuperación de baldíos, y la lucha contra el acaparamiento de tierras.
"Esos baldíos que debemos salir a proteger van a tener una estructura judicial para su defensa, los bienes acaparados volverán al dominio del Estado, pero protegeremos con garantías la propiedad privada", fue la tesis central de la ministra.
La polémica
Precisamente el proyecto llegó con reservas por parte de algunos sectores contrarios al gobierno e independientes. Han señalado que la iniciativa volvería a buscar un mecanismo para la expropiación exprés.
Esto debido a que vuelve a introducir el apartado que establece a la Agencia Nacional de Tierras (ANT) como instancia para resolver los procesos agrarios especiales consagrados en la ley 160 de 1994, que es la que creó el sistema nacional de reforma agraria.
"Van a radicar toda una ley para la jurisdicción agraria y rural, con la finalidad de proveer jueces especializados en este tema, pero quien decide es la ANT cuando debería ser un juez de la República", indicó la representante Katherine Miranda.
Una crítica similar hizo la senadora Paloma Valencia: ". La propuesta sugiere que los procesos agrarios sean resueltos por la Agencia Nacional de Tierras mediante actos administrativos, eliminando así la intervención de los jueces en estos casos". Luego recordó que esta modalidad ya había sido tumbada por la Corte Constitucional en su revisión del Plan Nacional de Desarrollo.
En ese sentido, la representante Miranda criticó que se incluya las actividades de la reforma agraria como de utilidad pública pero no se explica su alcance: "¿cuál es el racero que se usará para determinar que la tierra tiene esas características? ¿Si alguien tiene una finca en un terreno fértil, puede expropiarse?".
Ante esos señalamientos, la ministra de Agricultura, Martha Carvajalino, se manifestó en redes sociales. Aseguró que el proyecto es claro en que la expropiación agraria es propia de los tribunales agrarios en primera instancia, por los que la ANT no tiene que ver con dicha figura y de ninguna manera se hará de manera exprés.
"Confunden, quizá por desconocimiento del régimen agrario, la expropiación agraria con los procesos especiales agrarios. Confunden la recuperación de baldíos indebidamente ocupados con la revocatoria directa del acto administrativo", indicó Carvajalino, que dijo que una cosa es recuperar un baldío, propiedad de la nación, con la adquisición directa.
