Desde el gobierno se muestra preocupación por la extranjerización y la concentración de los campos uruguayos, pero la realidad es más fuerte que las intenciones oficiales.
FABIÁN MURO
La concentración de la propiedad de la tierra uruguaya -con un componente importante de extranjeros- preocupa a varios de los protagonistas políticos del sector agropecuario. Pero esta preocupación no motiva, hasta ahora, medidas contundentes para frenar o enlentecer ese proceso.
Hoy, el suelo nacional es una fuente de oportunidades casi inagotable. Según la mayoría de los cálculos, lo seguirá siendo durante un buen tiempo. Hasta fondos de pensiones suecos vienen a Uruguay para proteger sus activos.
Y las grandes áreas que se compran para salvaguardar el dinero o multiplicar el lucro conllevan a menudo una lógica latifundista: la propiedad de la tierra se concentra en cada vez menos titulares, desplazando así a los pequeños y medianos productores del campo.
Aunque no haya una vínculo causal entre el fenómeno de la concentración y el de la extranjerización, muchas veces los procesos se dan simultáneamente. Como explica el director del Instituto Nacional de Colonización (INC) Andrés Berterreche, esto ocurre por el poder adquisitivo que tiene un fondo de inversión o una gran multinacional, que puede comprar grandes cantidades. "Hay campos de 12.000 hectáreas que pasan a formar parte de mayores emprendimientos. Hay empresas que tienen 250.000 hectáreas", detalla.
Dos ejemplos pueden servir para ilustrar el estado de situación: hay poco más de un millón de hectáreas -de los 16 millones totales que son productivas- destinadas a las plantaciones forestales. El 55% de ellas está en manos de 12 empresas. Esta es una consecuencia de un proceso que comenzó en la década de 1970 y que sigue, de acuerdo lo que informa el ingeniero agrónomo, sociólogo y decano de la Facultad de Ciencias Sociales, Diego Piñeiro.
Otro ejemplo fue aportado por el subsecretario del Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca (MGAP), Daniel Garín, en el taller Diálogo Social Sobre la Función Social de la Tierra, organizado el mes pasado por agrupaciones de productores familiares y aspirantes a colonos: 184 empresas detentan la titularidad de aproximadamente 2.500.000 de hectáreas (Garín aclaró a Qué Pasa que esos datos provienen del Censo Agropecuario 2000 y que refieren a aquellas unidades productivas de 5.000 hectáreas y superiores, generalmente destinadas a la producción ganadera).
"Todos los indicadores indirectos que tenemos nos muestran que la propiedad de la tierra se ha concentrado en los últimos años", amplía Diego Piñeiro. El académico está terminando una investigación sobre el proceso de concentración de la propiedad de la tierra para la Organización para la Agricultura y la Alimentación (FAO, por sus siglas en inglés) de las Naciones Unidas, que presentará en Chile el 30 de este mes y remarca: "Este es un tema de alta política".
A lo que se refiere Piñeiro es que la tenencia de la tierra -y los procesos en torno a ella- plantea dos países posibles en el futuro: uno con un sector agropecuario dominado por los grandes intereses, y otro donde aquellos que no tengan tanto capital a su disposición también tengan un lugar para prosperar.
El gobierno dice preocuparse por estos últimos y en el más reciente programa político del Frente Amplio (2010-2015) se insiste en que "la desconcentración de la propiedad de la tierra es un proceso que debemos comenzar en el segundo período de gobierno". Y también que "el proceso de extranjerización de la tierra que se constata en los últimos años principalmente parte de inversores de los países vecinos debe ser desestimulado".
Pero las medidas concretas para desestimular estas corrientes lucen modestas en contraste con la rapidez con la cual hectárea tras hectárea va yendo hacia un cada vez más reducido grupo de propietarios, muchos de los cuales provienen de otros países.
Si cada medida que toma el INC, según lo que dice Berterreche, trata de lograr un equilibrio entre el gran agronegocio y la granja familiar, las 4.000 hectáreas compradas desde que asumió como director y las 42.000 adquiridas durante la administración pasada no parecen gran cosa en comparación con los más de 12 millones que se han comprado, vendido y arrendado desde 2000 hasta hoy, aunque Piñeiro señala que una operación de compraventa, o arrendamiento, puede contabilizarse más de una vez para el mismo predio.
La velocidad en la que el gran agronegocio aventaja al Estado es notable. "Evidentemente que el proceso de compra y concentración puede ser más violento que la acción del propio Estado", dice el jerarca del INC sobre el tiempo en que lleva completar un proceso de colonización: recién se están empezando a concretar algunas de las que se empezaron durante la administración pasada. "Pero que se está haciendo, se está haciendo", asevera Berterreche, uno de los tres ministros de Agricultura que tuvo el gobierno anterior.
Respecto a la extranjerización, como explica el senador Jorge Saravia (ver recuadro), el proyecto de ley encomendado por el Poder Ejecutivo intentará frenar la compra de tierra por parte de Estados, no empresas o inversores privados particulares.
A los integrantes del gobierno que se declaran preocupados por la dirección en la que van los títulos de propiedad en Uruguay, como el propio titular del MGAP Tabaré Aguerre, tal vez les vendría bien una mano del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Desde ahí se podría reformar la arquitectura tributaria para que el sector agropecuario, aporte algo más con el fin de reforzar los parches que se saludan como necesarios pero insuficientes. En la investigación Radiografía del negocio sojero, de Redes-Amigos de la Tierra y presentada en diciembre, se informa que "según estimaciones del MEF, el agro sólo aporta el 3,3% del total de la recaudación de la Dirección General Impositiva".
La última reforma tributaria contempló, dice Piñeiro, una realidad que ya no es tal: un campo altamente endeudado y en problemas, como consecuencia de la crisis económica de 2002. Hoy, casi todos los indicadores van en una única dirección: ascendente.
En base a esta realidad es que la Comisión Nacional de Fomento Rural (CNFR), que aglutina a productores familiares, pide otro tipo de tributación. Pero como comenta el subsecretario del MGAP Daniel Garín, no hay ningún plan de revisar los impuestos.
Aguerre, por su parte, le dijo a la CNFR que en el actual quinquenio se apoyará con 88 millones de dólares a la agricultura familiar, 18 millones más que durante el gobierno anterior. "Hemos aplaudido que se den más recursos. Pero si se piensa en que los destinatarios son unos 35.000 productores, eso daría en teoría para unos 2.500 dólares durante cinco años. O sea, 500 dólares por año y productor", acotó el secretario general de la CNFR, Fernando López.
Ante una realidad que indica que las grandes inversiones se dan al mismo tiempo que un notable crecimiento de las exportaciones, el modelo de granja familiar, con sus escalas menores y su producción intensiva, no parecería tener muchas oportunidades de desarrollo.
Tal como están las cosas -estímulo a las inversiones extranjeras, bajo nivel de impuestos y un proceso de concentración que favorece al gran productor y desplaza al pequeño- hay satisfacción. Aún cuando esa realidad no contemple a aquellos que hoy advierten sobre el avance del gran agronegocio. "Es que el Frente no sabe qué hacer con el campo. Es un partido urbano y con orígenes en el movimiento obrero. Eso condiciona la mirada", afirmó un experto en el sector que pidió anonimato.
"La concentración, y muchas veces a manos de inversionistas extranjeros, es una pérdida para el país", opinó el decano de la Facultad de Ciencias Sociales Diego Piñeiro.
Desde el poder político, la visión sobre estos temas tiene otros carices. "Capaz que toda la concentración no es mala", le dijo Tabaré Aguerre a Búsqueda. Aunque también sostuvo, en el suplemento Agropecuario de El País, que sigue "diciendo lo mismo desde febrero en materia de la tierra: me preocupa la concentración porque en esos modelos queda gente por el camino".
Los que quedaron, o quedarán, por el camino serán tal vez el precio a pagar para llegar al anhelado país "agrointeligente" que José Mujica anunció como meta en su discurso de asunción presidencial.
Extranjero sí, pero no cualquiera
Que la propiedad de la tierra uruguaya esté en manos de inversores o empresas extranjeras tiene dos aristas complejas de resolver para el gobierno: por un lado, las inversiones foráneas no sólo son bienvenidas, sino que activamente se buscan. Por el otro, se teme que se pierda poder de decisión sobre las políticas que puedan diseñarse para el sector agropecuario. El senador Jorge Saravia dijo a Qué Pasa que el proyecto de ley que el presidente le encargó a él, a Ernesto Agazzi y Enrique Rubio no pretende frenar la inversión privada internacional, sino la que venga patrocinada por Estados, no empresas. "Tanto en Brasil como en Nueva Zelanda es inminente la aprobación de leyes para ponerle un tope a la cantidad de hectáreas que puedan ser adquiridas por Estados extranjeros. Lo mismo queremos hacer acá".
12
millones de hectáreas fueron comercializadas desde el año 2000 hasta el presente. 184empresas son propietarias de 2.500.000 de hectáreas, según el subsecretario del MGAP.
500.000
hectáreas son las necesarias para la demanda de productores familiares, según el director del INC.
