Debido a la amenaza que representa para el derecho a la alimentación de la población malgache y para el derecho de todos los pueblos a disponer libremente de su tierra y de sus recursos naturales, la población malgache se ha opuesto a este proyecto. El Colectivo de Defensa de la Tierra malgache ha dirigido varias peticiones al gobierno de Madagascar, exigiendo el cese inmediato de todos los proyectos de arrendamiento de la tierra y la revisión de las leyes que permiten a compañías extranjeras adquirir o arrendar tierras.