Infoterritorial | 29 Enero 2024
Incendio en los Alerces: Las comunidades responden a las acusaciones del gobernador
Mientras las Comunidades Mapuche Tehuelche señalan la coincidencia de la adjudicación al Grupo HL S.A del magnate británico Joe Lewis para un proyecto de hidroeléctrico en la zona cercana al incendio el Parque Nacional Los Alerces (PNLA), el gobernador de Chubut responsabilizó por el siniestro a la Resistencia Ancestral Mapuche (R.A.M) y apuntó contra una comunidad que habita en el PNLA pidiendo su desalojo.
¿Por qué Ignacio Torres sospecha de ciertos mapuche, pero no del multimillonario británico Joe Lewis acusado de apropiarse de 12.000 hectáreas en la Patagonia, incluyendo el Lago Escondido? ¿Sabrá el gobernador que el 25 de diciembre pasado esa misma comunidad, que él señala, también sufrió los daños del fuego en la entrada del territorio que habitan? ¿Aportará pruebas a la justicia para sostener sus mediáticos dichos?
Consultamos a integrantes de Lof Pailako por los dichos de Torres, esto nos respondieron: “¿Quién es Ignacio Torres para decir con soltura quién es o no mapuche? Con qué fundamenta tal aberración? Y le preguntamos a él quienes son sus antepasados: Desde cuando habitan sus ancestros estas tierras? Porque nuestra historia está firme en nuestra memoria, nos corre la sangre milenaria que cruzaba la cordillera, que corría guanacos para comer, nos caen las lágrimas de nuestras abuelas violadas, abusadas, despojadas, hambreadas. Somos mapuche por tuwun por kupalme, no por el dedo señalador de esta wingka, cipayo del empresariado. Y al bosque milenario, los animales, el lawen los sentimos, nos entristece y nos da rabia, vamos muriendo con ellos.“
Por su parte, los trabajadores que combaten el incendio desatado el 25 de enero denuncian que siguen trabajando precarizados y con sueldos paupérrimos. Por esta razón, el pasado 18 de enero los Brigadistas del Servicio Provincial de Manejo del Fuego se manifestaron en la oficina de Secretaría de Bosques, en Esquel, exigiendo paritarias y el pase a Planta Permanente. Nacho Torres, flamante gobernador, llegó a la zona del incendio el 28 de enero. Prontamente medios locales y nacionales difundieron los dichos de Torres. No obstante, poco se dice de la responsabilidad del gobierno de la provincia acerca de la precaria situación en las que los brigadistas realizan sus tareas.
El futuro de la Ley de Manejo del Fuego (26.815) es incierto. Aunque su derogación fue anunciada por el presidente Javier Milei en cadena nacional, ésta no fue plasmada en el polémico DNU. Esta ley fija restricciones para el uso de las tierras después de un incendio forestal, prohibiendo el cambio de destino por 30 o 60 años según el área. Si la intención del presidente se cumple, las más de 1000 hectáreas consumidas por el fuego en el bosque nativo podrían ser objeto de negocios inmobiliarios, extractivistas.
Lof Pailako, la comunidad a la que sin nombrar Torres acusó de delincuentes y pidió el desalojo, sufrió un principio de incendio hace un mes, los mismos habitantes de la comunidad se pusieron a disposición de los brigadistas para apagar el fuego y días después publicaron el video de esa situación en las redes sociales. En reiteradas ocasiones publicaron en su defensa ante los ataques mediáticos: “Nuestra intención siempre fue, es y será proteger y convivir en armonía con la mapu (tierra)”
Las comunidades Mapuche Tehuelche repudiaron con un comunicado público los dichos del gobernador: “Sabemos de los intereses extractivistas que, por ejemplo, lleva el magnate terrateniente Lewis dentro del “parque nacional los alerces”; hace algunas semanas anunciaron la construcción de una represa hidroeléctrica, entre otros intereses inmobiliarios que existen justo por la zona en donde comenzó el incendio.”
A pocos días de iniciado un incendio de semejante magnitud, parece al menos imprudente y precipitado señalar autores, principalmente desde la máxima autoridad de la provincia. Es imprescindible llevar adelante una investigación rigurosa, que no prejuzgue, y que permita realizar acciones preventivas que eviten daños a los bosques, que se producen año tras año, y que deterioran el hábitat en donde viven las comunidades indígenas que son señaladas como sospechosas. Parece contradictorio que sean las mismas comunidades las que dañen sus fuentes de vida, las que denuncian permanentemente la destrucción de los ecosistemas por el avance de las actividades extractivistas.
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/2023/07/anexo_2._if-2023-78289795-apn-dngemec.pdf
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/2023/07/anexo_2._if-2023-78289795-apn-dngemec.pdf
