Los fondos de inversión extranjeros compran cada vez más tierras agrícolas en Brasil

18-02-2011, Cronista

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FABIANA BATISTA San Pablo

Mientras el gobierno brasileño analiza imponerle a los extranjeros límites para la compra de tierras, se multiplican las adquisiciones de hablantes de otros idiomas en las principales regiones agrícolas del país. A pesar de que en la mayoría de los casos la discreción es vital para cerrar la operación y los players establecidos en el mercado afirman que esperaban un número de transacciones más importante que el que se conoce, el avance de los extranjeros está en curso y todavía tiene espacio para ganar fuerza.

Un ejemplo de esa tendencia lo da NAI Commercial Properties, multinacional del ramo inmobiliario que actuó como intermediaria en alrededor de 30 negocios con grandes tierras de Brasil en 2010, la gran mayoría con más de 10.000 hectáreas y formada por una o más estancias. De ese total, fondos de inversiones con sede en otros países adquirieron 16 parcelas.

Aloísio Barinotti, presidente de la empresa en Brasil, dijo que el interés aumenta. En 2009, NAI negoció la transferencia de 12 áreas grandes en Brasil, ocho de las cuales fueron compradas por fondos extranjeros. Un informe divulgado recientemente por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) muestra que, en 2010, se invirtieron cerca de u$s 14.000 millones en todo el mundo para compra de tierras agrícolas y, Brasil fue uno de los principales destinos, según la agencia Reuters.

Resulta difícil saber si el perfil de los negocios cerrados por NAI sirve para explicar lo que sucede en el mercado brasileño porque no existen datos oficiales disponibles que muestren quien vende y quien compra. Pero, si se considera sólo el nicho de grandes áreas para la producción de commodities para exportación, Barinotti afirma que la participación de NAI supera el 20%.

De todas formas, las inversiones extranjeras en tierras brasileñas no cesaron con la discusión acerca de esos límites.

En los 16 casos en que NAI actuó el año pasado en las ventas a fondos del exterior, las estancias están en los estados de Goiás, Mato Grosso, San Pablo, Paraná, Bahía y Tocantins. En total, suman 96.000 hectáreas, con la más grande ubicada en la región de Pedro Afonso, en Tocantins. Allí, dos estancias, de 40.000 hectáreas en total, se vendieron a un único fondo por R$ 6.000 la hectárea en promedio, un negocio que puede estimarse en R$ 240 millones.

En ese universo, apenas dos áreas tienen menos de 10.000 hectáreas. Una está en la región de Barretos (San Pablo), tiene 1.500 hectáreas y se vendió a R$ 32.000 por hectárea, el valor más alto entre todos los negocios de NAI. La otra está en la región de Luis Eduardo Magalhaes (Bahia), tiene 5.000 hectáreas y se vendió por R$ 10.000 la hectárea, en promedio. Los fondos pagaron directamente por las tierras o asociados a grupos brasileños, dijo Barinotti.

“Los fondos están más organizados, intercambiando informaciones sobre las operaciones que realizan para protegerse legalmente”, dijo el presidente de NAI, que cuenta con unos 200 fondos de inversión interesados. En lugar de interrumpir el flujo de negocios, la idea del gobierno de imponer restricciones -expresada en el último parecer de la Procuraduría General del Estado (AGU, sigla en portugués) sobre el tema, de junio de 2010- puede hasta estar acelerando negocios, antes de que se cierre la puerta a esas operaciones. Quién actúa en ese mercado, viene acompañando muy de cerca el debate. “Creemos que el parecer de la AGU es inconstitucional”, dijo Arlindo de Moura, presidente de SLC Agrícola, una de las mayores productoras de granos del país.

De Moura prevé una “interesante” pelea jurídica. “La ley a la que se refiere la restricción, expresada en el parecer, es de 1971 y preveía la existencia de empresas extranjeras y nacionales. La Constitución de 1988 vetó esa segregación y pasó a considerar que todas las empresas instaladas en el país son brasileñas. Por eso, a nuestro parecer, esa restricción no es legal”, enfatizó.

Pero a pesar de eso, la inseguridad jurídica complicó, en parte, los planes de SLC. El año pasado, la compañía estableció los planes de su unidad de tierras, Land Co., que se creó oficialmente en enero de 2011. La idea era captar u$s 300 millones para invertir en el proyecto, y en el segundo semestre del año pasado u$s 200 millones estaban en la etapa final de captación con fondos soberanos y privados. “Después del parecer de la AGU, la captación se detuvo. Muchos fondos que estaban con apetito aguardan una nueva legislación más clara”, afirmó Moura.

El impasse causa confusión. Según el ejecutivo, a las escribanías les resulta más complicado registrar un inmueble. “Las escribanías tienen dificultad para saber que municipios alcanzaron el límite de 5% de registros de tierras de parte de extranjeros”, señaló, en referencia al parecer de la AGU. Independientemente de la constitucionalidad del parecer, el problema está en la inseguridad jurídica que produce esa situación. “¿Qué impide que dentro de diez años se haga otro cambio?”, se preguntó Moura.

Como SLC Agrícola, Cosan, el grupo productor de caña de azúcar más grande de Brasil, creó hace casi dos años una empresa de tierras para aprovechar el apetito de los fondos de inversión y, al mismo tiempo, imponer su experiencia en producción agrícola para agregar valor a los activos. Bautizada como Radar, Cosan tiene 19% de participación en la empresa. El resto está principalmente en manos de fondos extranjeros.

“Cosan controla Radar. Por eso, no estamos bajo ninguna restricción. Lo que observamos es que las señales que da el gobierno redujeron la liquidez en el campo de forma general, obstaculizando el volumen de negocios que se venían realizando”, dijo Marcos Lutz, presidente de Cosan.

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