El Periódico Austral | Jueves 17 de Marzo de 2011
Por: Sebastián Premici
Hay unos 17 millones de hectáreas en manos de extranjeros. El proyecto de ley que anunció la Presidenta en la Asamblea Legislativa y el debate que se viene en el Congreso. La discusión parlamentaria para regular la propiedad de la tierra podría convertirse en un tema estratégico desde lo geopolítico.
En la Argentina, hay aproximadamente 17 millones de hectáreas en manos de capitales extranjeros, cifra que equivale a toda la provincia de Córdoba o a la suma de Tucumán, Misiones, Jujuy y Formosa. La mayoría de los “emprendimientos privados” están radicados en la Patagonia y en la región Mesopotámica (Corrientes y Misiones), donde se encuentran ubicados los Esteros del Iberá.
En definitiva, están en juego no sólo vastas extensiones de territorio concentradas en manos extranjeras y nacionales, sino que también se pone de manifiesto la necesidad de legislar para el resguardo de los principales recursos, como el agua, los hidrocarburos y las tierras mismas. “Queremos dar un instrumento que asegure que los recursos naturales, que van a ser vitales para el siglo XXI, sigan precisamente en órbita y competencia nacional”, manifestó la presidenta Cristina Fernández durante la inauguración de las sesiones ordinarias del Congreso. En el mismo sentido, la mandataria habló de “copiar el modelo brasileño”. En el país vecino, la tierra es considerada, por su Carta Magna, un bien social de uso estratégico, tal cual estaba especificado en la Constitución Nacional de 1949.
“El gran boom de la compra de propiedades se dio durante el menemismo. En esa época, aparecieron los hermanos Benetton con 900.000 hectáreas en la Patagonia. También está Douglas Tompkins, quien tiene otras 900.000 hectáreas distribuidas en todo el país, sobre todo en el Sur y sobre los Esteros del Iberá, donde están las reservas más relevantes de agua. No cabe duda de que existen factores estratégicos por parte de capitales extranjeros para acceder a los recursos naturales. A su vez, está el interés por la expansión sojera, la deforestación, y el avance sobre las yungas”, explica Miguel Teubal, investigador del Conicet.
La Auditoría General de la Nación realizó dos informes sobre la extranjerización de la tierra, tanto en la Patagonia como en la Mesopotamia. De los 17 millones de hectáreas en manos de personas físicas o jurídicas de otros países, un porcentaje relevante se encuentra en las llamadas “zonas de seguridad”. Es decir, las regiones limítrofes definidas por una extensión de 150 kilómetros en área continental y 50 kilómetros en el área marítima. Para que cualquier persona de otro país pueda adquirir porciones de tierra en las zonas de seguridad debe pedir una autorización de previa conformidad ante el Ministerio del Interior. Según detectó la AGN, sobre un total de 428 trámites solicitados entre 2003 y 2007 para la región patagónica, se aprobaron sólo 137, mientras el resto fueron validados por la “vía de la excepción”, según lo publicado en Página/12 el pasado 8 de marzo.
Entre las irregularidades encontradas en algunos establecimientos, se destaca la falta de proyectos de inversión declarados y la copia de las escrituras correspondientes, lo que dificulta un adecuado conocimiento de la titularidad de los inmuebles ubicados en zonas de seguridad. “Prácticamente la totalidad de nuestras fronteras son áreas sensibles desde el punto de vista ambiental. En ellas están nuestros recursos más preciados, los hidrocarburos, el agua, la tierra. Para que estos recursos sigan estando bajo la órbita nacional, como planteó la Presidenta, habría que repensar ciertos criterios de federalismo. Es decir, iniciar un debate sobre la naturaleza regional de los temas ambientales para no colisionar con un federalismo que no está del todo abierto a lo que debe ser el patrimonio nacional”, indica Julio Guarido, jefe del área ambiental de la AGN.
La cuestión sobre quién tiene la potestad de los recursos naturales fue una concesión que se hizo a las provincias durante la reforma constitucional de 1994. Allí, se definió que el manejo de los recursos naturales es potestad de cada una de las jurisdicciones. “Por suerte, en el gobierno han tomado conciencia de que no existe un marco jurídico claro para regular la tenencia de la tierra. La única legislación vigente data de la época de Perón -que es la que establece las Zonas de Seguridad, analizadas por la AGN-, pero no impide que los extranjeros compren tierras de manera indiscriminada. Obviamente, están las voces que dicen que, de avanzarse con este proyecto, podremos tener problemas en el CIADI. Deberá manejarse esa tensión que siempre surge cuando se tocan determinados intereses políticos y económicos. En definitiva, tendría que pasar a un control centralizado de lo recursos”, agrega Teubal.
APUNTES PARA LA LEY
En el Congreso hay más de diez proyectos para regular la propiedad de la tierra. Cada fuerza política tiene su iniciativa. Por ejemplo, la iniciativa de Pablo Orsolini y Ulises Forte, ambos de la Federación Agraria y la UCR, apunta a que las personas físicas o jurídicas de otra nacionalidad sólo estén en condiciones de poseer hasta un cuarto de la superficie de una comuna o región determinada por la autoridad de aplicación. En cambio, la propuesta de Verónica Benas (SI) habla de hasta un 10 por ciento de esa superficie, mientras que cada persona extranjera -física o jurídica- no podrá tener más de una unidad económica a su nombre. También se plantea la necesidad de crear un registro de los extranjeros que adquieren tierras en el país. Ahora, esta información debe ser solicitada en las direcciones catastrales de cada provincia.
“Debe evitarse la indiscriminada compra de tierras por parte de extranjeros, proceso que puede afectar el interés nacional, como consecuencia de la constitución de derechos reales sobre determinadas superficies del territorio del país. No es, por ende, la propiedad extranjera lo que está en cuestión, sino la necesidad de normativizar la concentración de vastas extensiones, proceso que, de continuar como hasta el presente, comprometería objetivos estratégicos vinculados al desarrollo nacional”, manifestó la diputada Diana Conti (FpV) en los considerandos de su proyecto.
EXTRANJERIZACIÓN
La extranjerización es un fenómeno que se produce tanto por la llegada de capitales de otros países como así también a partir de la alianza de esos capitales con socios locales en los llamados “pooles de siembra”. “Muchas veces se da la integración de productores locales con extranjeros para dedicarse al arrendamiento de las tierras y sembrar soja en todo el territorio argentino. Incluso, hay productores argentinos que cultivan bajo la forma de gestión familiar pero que, simultáneamente, administran ‘pooles’ en países aledaños”, sostuvo la investigadora Silvia Ferro, en su trabajo “La estructura de la propiedad de la tierra en el Mercosur”.
Por eso desde el Gobierno consideran que cualquier regulación sobre la tenencia de la tierra debería incluir también un capítulo -dentro del mismo proyecto o a través de una ley específica- sobre los tipos de contratos agrarios. Los lineamientos que se están manejando podrían llevar los plazos de alquiler a cuatro o cinco años, se restringirían los arriendos por cosecha y se limitaría la capacidad de unidades económicas que pueden alquilarse, sobre todo a los “pooles de siembra”.
Si bien el proyecto concreto estaría avanzado, se guarda celosamente en el Ministerio de Agricultura. Sin embargo, la Presidenta dio algunas pistas durante la Asamblea Legislativa. “Brasil ya hizo algo al respecto. No vamos a inventar nada nuevo”, anticipó. En el país vecino se consagró a la tierra como un bien social -lo mismo hizo Ecuador, tras la reciente reforma constitucional-. En este sentido, el Estado tiene la potestad de obligar a la desinversión si descubre que no hay un uso social.
También se impulsó una política pública de compra directa de alimentos a través de un organismo público. Por ejemplo, el 30 por ciento de la merienda escolar debe ser comprada directamente a los agricultores familiares. “De esta manera- aseveró la dirigente del Movimiento de los Sin Tierra, Etelvina Macioli, en un reportaje reciente-, se defiende el acceso a la tierra para los verdaderos campesinos. Hablar de una reforma agraria, por caso, es pensar en un conjunto de políticas que van desde la infraestructura básica para el desarrollo de los campesinos, herramientas de capacitación, salud y asistencia financiera. No es una sola ley, sino un conjunto de políticas de Estado”.
