22-5-2011, Tiempo Argentino
El 2 de junio se tratará en un plenario de comisiones de la Cámara de Diputados el proyecto de ley que envió el gobierno nacional al Congreso para limitar la compra de tierras por parte de extranjeros. Será la primera puntada de un bordado que promete discusiones no tanto por la oposición que podría presentársele –por ahora escasa– sino por la propuesta de distintos bloques políticos que han dicho que apoyan la propuesta pero que quieren unificar en un único proyecto algunas de las más de diez iniciativas presentadas con anterioridad, a las que se suma la del Poder Ejecutivo.
En el plenario de comisiones de Diputados participarán las de Legislación General (que dirige Ibarra) y Agricultura y Ganadería y, posiblemente, la de Asuntos Constitucionales. Aún no está confirmada la presencia del ministro de Agricultura, Julián Domínguez.
Ibarra señaló que “creo que vamos a poder llegar a un consenso fácilmente, ya que tanto el oficialismo como la oposición tienen vocación de sacar una ley que aborde definitivamente la cuestión del dominio de las tierras rurales”, enfatizó Ibarra. El diputado radical Pablo Orsolini, señaló que el primer proyecto que presentó como legislador tiene “muchas coincidencias” con el del Poder Ejecutivo y afirmó que “esperamos que se apruebe lo más rápido posible”, dadas las coincidencias que muestran todos los proyectos. Por su parte, el socialista Lisandro Viale, vicepresidente de la Comisión de Agricultura, celebró que se debata la cuestión pero se pronunció a favor de que antes se avance en un proyecto para crear un Registro Único de Catastro para las tierras en la Argentina, “para tener un relevamiento sobre la tenencia de la tierra”.
La falta de una legislación sobre el tema ha derivado en que unas 18 millones de hectáreas ya estén en manos extranjeras, con posibilidades de ampliarse a 26 millones en 2013 si no se pone coto a la tendencia, según un informe de Federación Agraria publicado por este diario el 6 de abril pasado. Un caso paradigmático de esta situación se da en Río Negro, donde el millonario Joe Lewis adquirió miles de hectáreas de tierras fiscales a precio vil, lo que ahora es investigado por la justicia provincial.
