Pamela Cartagena *
La incorporación de un par de artículos regulatorios de la producción transgénica en la Ley de Revolución Productiva Comunitaria Agropecuaria de junio pasado [art 15.2 no se introducirán en el país paquetes tecnológicos agrícolas que involucren semillas genéticamente modificadas de especies de las que Bolivia es centro de origen o diversidad…y el 19.5 se establecerán disposiciones para el control de la producción, importación y comercialización de productos genéticamente modificados] generó muchas insatisfacciones en la sociedad civil nacional.
La prohibición explícita de transgénicos de especies en los que el país es centro de origen o diversidad muestra la voluntad del gobierno para proteger la biodiversidad y el patrimonio genético de nuestra Bolivia megadiversa. Pero el no especificar la necesidad de regular caso por caso los otros eventos transgénicos hace que la ley sea pasible a interpretaciones arbitrarias. Las interpretaciones de este vacío legal se hicieron presentes a 3 días de emitida la ley cuando el presidente de la ANAPO resaltó la posibilidad de usar semillas genéticamente modificadas de productos como el arroz, maíz, caña de azúcar algodón en los cuales el país no es centro de origen, para garantizar la seguridad alimentaria.
Actualmente la producción de transgénicos está limitada a la soya resistente a glifosato, aunque no existe certeza de que otros productos puedan estar ya siendo cultivados de manera ilegal, debido al interés del sector agroindustrial por esta tecnología, y a la debilidad y desinterés institucional del estado en el tema. Pero ¿qué significa la producción de transgénicos en un país como Bolivia que se ha planteado el paradigma del vivir bien y el respeto a la madre tierra?
Un doble discurso ideológico en la construcción de esta nueva Bolivia. Una parte del país con apertura comercial, tecnología productiva de punta y modelo agro exportador; y la otra con producción orgánica, tecnología tradicional y respeto a la madre tierra. En los últimos tiempos ha habido un desencuentro entre los discursos y posición ambientalista del gobierno con las decisiones globalizadoras adoptadas, quedando lejanas al mandato “gobernar obedeciendo” que reflejan la vigencia del modelo desarrollista brasilero que viene implantándose en el país.
Consolidar el avance de la extranjerización de la tierra del cual Bolivia no ha estado exenta por las políticas de tierras y de fomento a la producción agropecuaria intensiva gestadas desde el Plan Bohan en los 50s hasta algunos vacíos legales actuales que regulen el mercado de tierras. La ampliación de la superficie de cultivos de soya el departamento de Santa Cruz creció en un 1200% desde 1970 (Medeiros, 2008). La superficie hoy sobrepasa el millón de hectáreas, de las cuales 71,2% está en manos de productores extranjeros (40,4% brasileros, el 20,2% menonitas, 7,1% japoneses y 3,5% otros) y solo 28,8% en manos de productores nacionales (Urioste, 2011). Estas tierras son ocupadas por empresarios privados extranjeros que las han adquirido de latifundistas ó de familias campesinas indígenas que han cedido su tierra ya sea por venta o aparcería. La tendencia se agrava por la crisis energética y alimenticia en países del continente oriental cuyos gobiernos y empresas privadas han acelerado la compra de tierras en Latinoamérica y África con el objeto de garantizar producción de agro combustibles o alimentos básicos para cubrir la demanda energética y alimenticia de su población.
La temática de extranjerización de la tierra se debate hace algunos años, en Bolivia apenas ha comenzado a ser abordada desde círculos académicos y periodísticos; sin embargo, el dialogo sobre estas tendencias poco o nada ha llegado a las organizaciones sociales, y menos se están tomando medidas desde el gobierno para afrontarlas. Considerar los efectos ambientales, sociales y económicos que la extranjerización de la tierra ya significa para el país es vital: anualmente se pierden 300 mil hectáreas de bosque por actividades agropecuarias extensivas; se pierde parte de la biodiversidad nacional; muchas familias campesinas indígenas pierden sus modos de vida por el tránsito a la producción intensiva; se pierden saberes, tradiciones y cultura; y se fomenta una industria que genera una dinámica económica regional importante con una redistribución de beneficios totalmente inequitativa entre el país y el extranjero.
* Responsable de la Unidad Nacional de Desarrollo-CIPCA.
