4-9-2011, La Capital
“Los sectores que más resistirían una discusión profunda sobre la distribución equitativa de la tierra son aquellos que la consideran un bien de renta agraria, un insumo empresarial, aquellos actores representados en las corporaciones agrarias nucleadas en la autodenominada mesa de enlace”.
Esta afirmación pertenece a Silvia Lilian Ferro, doctora en Historia Económica e investigadora en temas de desarrollo rural, quien consideró que el proyecto de ley que pone límites a la venta de tierras rurales a extranjeros que envió la presidenta Cristina Fernández al Congreso es una “excelente puerta de entrada, no sólo por el tema en sí, que necesita ser ampliado, sino por la fuerte habilitación política para dar la discusión de fondo”.
En relación a la iniciativa que se debate en la Cámara de Diputados, la especialista analizó la importancia y los alcances de la misma, la situación de la tenencia en la Argentina en relación a sus pares latinoamericanos y la resistencia que este debate podría encontrar en determinados sectores de la sociedad. Además, destacó la importancia de profundizar la discusión en torno a la concentración de las tierras y la necesidad de una reforma constitucional que establezca la función social de la propiedad, como sucede en países como Brasil, Paraguay y Bolivia.
Actualmente, en el Congreso hay 15 proyectos que buscan regular la tenencia de tierras rurales en manos extranjeras, entre ellos el que envío la presidenta de la Nación. La semana pasada, a partir del debate en la comisión de Legislación General, se introdujeron modificaciones a la iniciativa oficialista y se prevé que en los próximos días avance el diálogo en las de Agricultura y Asuntos Constitucionales. Respecto a esta discusión, Ferro consideró que “la nacionalidad de los adquirentes es uno sólo de los temas que afectan en la estructura de propiedad de la tierra en la Argentina, que es inequitativa y con rasgos de uso insostenible”, y explicó que hay “muchos otros indicadores de desigualdad que no se resuelven solo desde la cuestión de la nacionalidad del propietario”.
concentracion. En principio, la investigadora aclaró que hay que diferenciar el concepto de “concentración” respecto del de “extranjerización”, y puso como ejemplo los incidentes ocurridos en Libertador San Martín, en Jujuy, donde fueron asesinadas cuatro personas durante un violento desalojo en los terrenos del ingenio Ledesma. “En estos conflictos no hay posibilidad que el proyecto sobre el dominio nacional sobre la tierra que se está discutiendo tenga ninguna injerencia”, explicó.
Desde el punto de vista de la investigadora, es fundamental discutir la “democratización del acceso a la tierra”. Los sectores vinculados a la agroexportación (donde se ubica la mayor parte de los propietarios rurales, tanto de la Pampa húmeda como de las demás regiones agroecológicas) “no sólo cuentan con acceso a todos los factores productivos en condiciones ventajosas (tierra, capital, trabajo y tecnología), sino que son los actores que fijan la agenda”, dijo.
En este contexto, los campesinos y pueblos originarios “no son ni siquiera considerados actores agrarios por no estar vinculados a la exportación de productos agrarios”, pese a que se trata de actores fundamentales en el cumplimiento del principal objetivo de cualquier política agropecuaria: “alimentar a la población del territorio nacional donde esos alimentos se producen”, señaló.
“La extranjerización es apenas un capítulo de lo que deberíamos tratar si queremos abordar algo que podamos llamar ley de propiedad de la tierra”, consideró. Por ello, propuso —entre otras cuestiones— establecer límites individuales a la tenencia en manos de ciudadanos argentinos. “Eso sí afectaría a la actual concentración desmedida y rentística sobre la propiedad de la tierra en el país”, definió.
De todos modos, si bien explicó que la cuestión de fondo “es mucho más completa que el origen nacional de los compradores de tierras”, consideró que este proyecto de ley “puede ser el primer paso que habilite la discusión pública del conjunto de inequidades que hacen a un uso insostenible de las tierras rurales y por qué no también de las urbanas”.
“Este proyecto es una excelente puerta de entrada, no solo por el tema en sí, que necesita ser ampliado, sino por la fuerte habilitación política para dar la discusión de fondo que propicia este proyecto enviado por la Presidenta al Congreso. Cómo usemos esa oportunidad que ella nos brinda es ya nuestra responsabilidad”, reflexionó Ferro.
Resistencia. Como toda propuesta de cambio, este debate también podría encontrar obstáculos en determinados sectores que vean afectados sus intereses económicos. “Por obvias razones, los sectores que mas resistirían una discusión profunda sobre la distribución equitativa de la tierra son aquellos que la consideran un bien de renta agraria, un insumo empresarial. Es decir, aquellos actores representados en las corporaciones agrarias nucleadas en la autodenominada mesa de enlace”, analizó Ferro.
En este grupo, también incluyó a “aquellos que conforman latifundios, tanto los que vienen del patriciado fundiario desde el siglo XIX (cuyos apellidos son fácilmente identificables aún hoy), como aquellos que mediante compra o arrendamiento hoy conforman unidades de producción a escala de decenas de miles de hectáreas”.
“recursos naturales”. La Argentina es el único de los cuatro miembros plenos del Mercosur que carece de una institución que fije las políticas de distribución de tierras. Brasil posee el Instituto Nacional de Colonizaçao e Reforma Agraria (INCRA); Paraguay, el Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) y Uruguay, el Instituto Nacional de Colonización (INC). En el caso de Bolivia, uno de los Estados asociados, existe el Instituto Nacional de la Reforma Agraria (INRA). “Toda la región limítrofe —con la sola excepción de Chile— cuenta con organismos nacionales con total competencia en el desarrollo, ejecución y monitoreo de políticas de distribución de tierras fiscales”, explicó Ferro.
Según explicó la investigadora la Argentina “tuvo un Consejo Agrario Nacional (CAN) creado por ley en 1940, que intervino específicamente en la distribución de tierras fiscales en conjunto con las provincias y en programas de colonización con rasgos similares a los que hoy ejecuta el Incra”. La quita de potestades nacionales sobre el patrimonio natural (denominación correcta del conjunto de elementos entre los que se encuentra la tierra), se inició con el golpe de Estado del 55 y “se fue acentuando a medida que se fueron transfiriendo de facto a las provincias las potestades sobre el dominio de las tierras fiscales”.
Finalmente, con la reforma constitucional del 94, el Estado nacional cedió a las provincias “el dominio originario de los recursos naturales existentes en su territorio”, según reza el último párrafo del artículo 124. “Esa forma tan reduccionista de llamar a la tierra, integrándola a factores meramente de renta, como sugiere la expresión «recursos naturales», nos habla de un horizonte de ideas propio de los 90 que ya consensuamos dejar atrás, y que, sin embargo, en ese tema seguimos debatiendo sobre estos ejes y hasta usando esas expresiones”, apuntó Ferro.
Para la investigadora, “es hora de pensar que así como en la Constitución nacional de 1949 —en el articulo 38— existió la función social de la propiedad que hoy está en la mayoría de las cartas constitucionales de los países de la Unasur, podamos pensar en que este nuevo consenso sobre el Estado y sus posibilidades necesita de reformas constitucionales indispensables”.
En este sentido, sostuvo la necesidad de “recuperar de lleno el rol del Estado en la igualación de oportunidades de acceso a la tierra, sin perder el norte de una reforma constitucional que devuelva la función social de la propiedad a nuestra carta magna y medidas de equidad de acceso, como en las constituciones de Brasil, Paraguay y Bolivia, solo por citar ejemplos de países cercanos”.
