14-9-2011, La Arena
IRINA SANTESTEBAN
El proyecto que limita la propiedad extranjera sobre la tierra, fue elevado al Congreso de la Nación por el Poder Ejecutivo en abril de este año y su articulado restringe la adquisición de grandes extensiones de tierras argentinas por parte de inversores extranjeros, a un 20 por ciento, como máximo, del total de tierras cultivables a nivel nacional. Asimismo, el proyecto prevé que una misma persona o empresa foránea no podrá adquirir más de mil hectáreas.
Sin embargo, a pesar de los esfuerzos de la diputada Vilma Ibarra, de Nuevo Encuentro, y titular de la Comisión de Legislación General, quien intentó hacer en junio una reunión plenaria de las Comisiones de Agricultura, dirigida por el radical Juan Casañas, y de Asuntos Constitucionales, conducida por Graciela Caamaño, del Peronismo Federal, la iniciativa no se pudo tratar por la negativa de los bloques opositores.
Iniciativa central.
Luego de las primarias del 14 de agosto, la presidenta, con el rotundo triunfo que le dieron las urnas, exhortó a las fuerzas políticas a tratar en el Congreso ese proyecto de ley porque, expresó, lo considera una iniciativa "central para los tiempos que vienen".
Cristina dijo en esa oportunidad que sería peligroso para la Argentina que se padezca un "desapoderamiento de recursos estratégicos no renovables". El ministro de Agricultura de la Nación, Julián Domínguez, también expresó que la tierra debe considerarse "no como una inversión, sino como un recurso estratégico no renovable".
Frente a la posición del diputado radical Ricardo Gil Lavedra, quien rechaza el proyecto por ser, a su juicio, "inconstitucional", Domínguez defendió la constitucionalidad del proyecto, y dijo que los argentinos "tienen la potestad soberana de defender el principal recurso estratégico no renovable", como la tierra. También invocó los pactos internacionales y la propia Constitución Nacional, que luego de la reforma de 1994 contempla el derecho de los pueblos a defender sus recursos naturales.
Prioridad.
El ministro también considera, como la presidenta, que el tratamiento de este proyecto es "una prioridad", ante la pretensión de comprar grandes extensiones por parte de algunos países y trasnacionales para producir acá, y luego llevar esa producción a los grandes centros de distribución.
Uno de los argumentos de la oposición en el Congreso es que los registros catastrales, de donde surge la propiedad de la tierra están en manos de las provincias y que en la mayoría de esas jurisdicciones los organismos son antiguos e ineficientes, lo que demoraría años en actualizarlos y establecer el Registro de Coordinación Nacional, que prevé el proyecto de ley. Esta dependencia debería reunir toda la información disponible para luego poder establecer la información exacta del porcentaje actual de posesión de tierras argentinas en manos extranjeras.
Según Domínguez, hay hasta ahora un relevamiento de sólo un ocho por ciento del total de la superficie de tierras en Argentina en manos privadas. Otras informaciones de entidades privadas estiran ese porcentaje a un 14 o 15 por ciento, siempre por debajo del 20, que es el límite máximo que establece el proyecto de ley.
Soberanía.
No sólo los diputados de la oposición rechazan este proyecto de ley. En su editorial del día 8 de septiembre pasado, el columnista de La Nación, Carlos Pagni, tildó de "chauvinista" a la iniciativa impulsada por la presidenta de la Nación y la calificó como un "formidable vector proselitista", porque tendría una "dosis de nacionalismo indispensable para desatar las inclinaciones xenófobas de un buen número de votantes". Confundir la defensa de la soberanía nacional con "xenofobia" es bastante grave para un periodista. Inclinaciones xenófobas son las de aquella persona que rechaza a los extranjeros por una razón discriminatoria. Pero limitar la posibilidad que personas o empresas extranjeras adquieran grandes extensiones de tierra, en particular en lugares donde se encuentran recursos naturales, como agua o minerales, vitales para la economía de un país, es una cosa muy distinta y existe en numerosos países.
Donde acierta el periodista de "La Nación", y hunde el cuchillo donde duele, es al afirmar que el kirchnerismo "no se atreve a hazañas más audaces, como alguna estatización energética, a la boliviana". Con cinismo, porque si Cristina Fernández planteara la estatización del petróleo, del gas o de la minería, "la tribuna de doctrina" sería la primera en acusar al gobierno de "estatismo socializante y chavista". Algo de razón tiene Pagni, pues tanto la presidenta como el ministro de Agricultura citan la Constitución Nacional en cuanto plantea la defensa de los recursos naturales, pero hasta ahora, y luego de ocho años de gobierno kirchnerista, no se ha esbozado la nacionalización de los recursos naturales como los mencionados, y ésos sí que no son renovables.
Como para no pegar para un solo lado, el columnista de "La Nación", también se burla de lo que llama las incoherencias de los opositores, pues quienes hoy se niegan o dilatan el tratamiento del proyecto de ley de tierras, antes defendieron iniciativas similares, pero propuestas por la oposición, como la del diputado Pablo Orsolini de la UCR, cuya constitucionalidad fue defendida por Juan Pedro Tunessi, también radical. Hoy, otro radical, Gil Lavedra, tacha al proyecto oficial de inconstitucional.
La América.
En otra columna del mismo diario, pero esta vez escrita por el CEO del grupo Los Grobo, el ingeniero agrónomo y "rey de la soja" Gustavo Grobocopatel, éste defiende el concepto que la "pampa gringa" fue producto de la "extranjerización" de tierras, de inmigrantes que vinieron de Europa, la mayoría ni siquiera nacionalizados argentinos, que vinieron a hacerse "la América". Y reivindica a su propio árbol genealógico, como parte de esa gesta. Olvida el integrante del poderoso grupo, que aquellos inmigrantes venían de la miseria de un continente devastado por la guerra, a trabajar de sol a sol, y que fueron muy pocos los que se enriquecieron y se hicieron "la América". La mayoría de ellos debían pagar arrendamientos, no eran propietarios de sus tierras, y la situación que vivían explotó con el "grito de Alcorta" en 1912.
El proyecto de ley que hoy ocupa estas líneas, está dirigido a otros intereses que vienen a la Argentina a adquirir propiedades, no a pobres inmigrantes. Soros, Douglas Tompkins, Benetton o el argentino Tinelli, no son precisamente una réplica de aquellos colonos.
Para Grobo la explicación del interés del gobierno por lograr la aprobación de esta ley está ligada al interés por asegurar y controlar el destino de los alimentos, su producción y evitar la especulación. Y ante la pregunta de si esto se logrará, se contesta que no es la propiedad de la tierra la que producirá la seguridad alimentaria, sino el aumento de la producción, y que Argentina está hoy en condiciones de hacerlo, pues se produce cuatro veces más de los que se consume, y se puede incluso aumentar hasta ocho veces más.
Seguridad alimentaria.
Respecto a la especulación, nada dice este columnista, ni explica la causa del aumento incesante de los alimentos, al punto que muchos de ellos son directamente inaccesibles para los sectores más pobres. Obviamente, no figura en la columna de Grobocopatel, mención alguna a las 200 empresas monopólicas del mercado, que son las formadoras de precios. Tampoco habla de la reacción de estas empresas y sus amigos de los medios monopólicos, ante cualquier intento del gobierno de poner freno a los aumentos en los precios de la canasta alimentaria. El secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, ha sido incesantemente demonizado por la oposición y buena parte de la prensa cada vez que arremetía contra alguna empresa que se excedía en los aumentos de los precios de los alimentos.
Finalmente, Grobocopatel concluye que es "muy loable" la intención del gobierno de controlar la especulación y propender a la seguridad alimentaria, pero dice que esta ley no resolverá esas cuestiones sino que "va contra el desarrollo del país y el interés nacional". Curioso interés nacional el que defiende el CEO de uno de los grupos económicos más grandes en materia alimenticia de nuestro país.
Aunque sea limitada, esta ley debe tratarse y aprobarse, y habrá que seguir bregando por otras iniciativas que vayan "por más", como ha prometido la presidenta que será la impronta de su próximo gobierno, si gana las elecciones presidenciales de octubre.
Gustavo Grobocopatel
IRINA SANTESTEBAN
El proyecto que limita la propiedad extranjera sobre la tierra, fue elevado al Congreso de la Nación por el Poder Ejecutivo en abril de este año y su articulado restringe la adquisición de grandes extensiones de tierras argentinas por parte de inversores extranjeros, a un 20 por ciento, como máximo, del total de tierras cultivables a nivel nacional. Asimismo, el proyecto prevé que una misma persona o empresa foránea no podrá adquirir más de mil hectáreas.
Sin embargo, a pesar de los esfuerzos de la diputada Vilma Ibarra, de Nuevo Encuentro, y titular de la Comisión de Legislación General, quien intentó hacer en junio una reunión plenaria de las Comisiones de Agricultura, dirigida por el radical Juan Casañas, y de Asuntos Constitucionales, conducida por Graciela Caamaño, del Peronismo Federal, la iniciativa no se pudo tratar por la negativa de los bloques opositores.
Iniciativa central.
Luego de las primarias del 14 de agosto, la presidenta, con el rotundo triunfo que le dieron las urnas, exhortó a las fuerzas políticas a tratar en el Congreso ese proyecto de ley porque, expresó, lo considera una iniciativa "central para los tiempos que vienen".
Cristina dijo en esa oportunidad que sería peligroso para la Argentina que se padezca un "desapoderamiento de recursos estratégicos no renovables". El ministro de Agricultura de la Nación, Julián Domínguez, también expresó que la tierra debe considerarse "no como una inversión, sino como un recurso estratégico no renovable".
Frente a la posición del diputado radical Ricardo Gil Lavedra, quien rechaza el proyecto por ser, a su juicio, "inconstitucional", Domínguez defendió la constitucionalidad del proyecto, y dijo que los argentinos "tienen la potestad soberana de defender el principal recurso estratégico no renovable", como la tierra. También invocó los pactos internacionales y la propia Constitución Nacional, que luego de la reforma de 1994 contempla el derecho de los pueblos a defender sus recursos naturales.
Prioridad.
El ministro también considera, como la presidenta, que el tratamiento de este proyecto es "una prioridad", ante la pretensión de comprar grandes extensiones por parte de algunos países y trasnacionales para producir acá, y luego llevar esa producción a los grandes centros de distribución.
Uno de los argumentos de la oposición en el Congreso es que los registros catastrales, de donde surge la propiedad de la tierra están en manos de las provincias y que en la mayoría de esas jurisdicciones los organismos son antiguos e ineficientes, lo que demoraría años en actualizarlos y establecer el Registro de Coordinación Nacional, que prevé el proyecto de ley. Esta dependencia debería reunir toda la información disponible para luego poder establecer la información exacta del porcentaje actual de posesión de tierras argentinas en manos extranjeras.
Según Domínguez, hay hasta ahora un relevamiento de sólo un ocho por ciento del total de la superficie de tierras en Argentina en manos privadas. Otras informaciones de entidades privadas estiran ese porcentaje a un 14 o 15 por ciento, siempre por debajo del 20, que es el límite máximo que establece el proyecto de ley.
Soberanía.
No sólo los diputados de la oposición rechazan este proyecto de ley. En su editorial del día 8 de septiembre pasado, el columnista de La Nación, Carlos Pagni, tildó de "chauvinista" a la iniciativa impulsada por la presidenta de la Nación y la calificó como un "formidable vector proselitista", porque tendría una "dosis de nacionalismo indispensable para desatar las inclinaciones xenófobas de un buen número de votantes". Confundir la defensa de la soberanía nacional con "xenofobia" es bastante grave para un periodista. Inclinaciones xenófobas son las de aquella persona que rechaza a los extranjeros por una razón discriminatoria. Pero limitar la posibilidad que personas o empresas extranjeras adquieran grandes extensiones de tierra, en particular en lugares donde se encuentran recursos naturales, como agua o minerales, vitales para la economía de un país, es una cosa muy distinta y existe en numerosos países.
Donde acierta el periodista de "La Nación", y hunde el cuchillo donde duele, es al afirmar que el kirchnerismo "no se atreve a hazañas más audaces, como alguna estatización energética, a la boliviana". Con cinismo, porque si Cristina Fernández planteara la estatización del petróleo, del gas o de la minería, "la tribuna de doctrina" sería la primera en acusar al gobierno de "estatismo socializante y chavista". Algo de razón tiene Pagni, pues tanto la presidenta como el ministro de Agricultura citan la Constitución Nacional en cuanto plantea la defensa de los recursos naturales, pero hasta ahora, y luego de ocho años de gobierno kirchnerista, no se ha esbozado la nacionalización de los recursos naturales como los mencionados, y ésos sí que no son renovables.
Como para no pegar para un solo lado, el columnista de "La Nación", también se burla de lo que llama las incoherencias de los opositores, pues quienes hoy se niegan o dilatan el tratamiento del proyecto de ley de tierras, antes defendieron iniciativas similares, pero propuestas por la oposición, como la del diputado Pablo Orsolini de la UCR, cuya constitucionalidad fue defendida por Juan Pedro Tunessi, también radical. Hoy, otro radical, Gil Lavedra, tacha al proyecto oficial de inconstitucional.
La América.
En otra columna del mismo diario, pero esta vez escrita por el CEO del grupo Los Grobo, el ingeniero agrónomo y "rey de la soja" Gustavo Grobocopatel, éste defiende el concepto que la "pampa gringa" fue producto de la "extranjerización" de tierras, de inmigrantes que vinieron de Europa, la mayoría ni siquiera nacionalizados argentinos, que vinieron a hacerse "la América". Y reivindica a su propio árbol genealógico, como parte de esa gesta. Olvida el integrante del poderoso grupo, que aquellos inmigrantes venían de la miseria de un continente devastado por la guerra, a trabajar de sol a sol, y que fueron muy pocos los que se enriquecieron y se hicieron "la América". La mayoría de ellos debían pagar arrendamientos, no eran propietarios de sus tierras, y la situación que vivían explotó con el "grito de Alcorta" en 1912.
El proyecto de ley que hoy ocupa estas líneas, está dirigido a otros intereses que vienen a la Argentina a adquirir propiedades, no a pobres inmigrantes. Soros, Douglas Tompkins, Benetton o el argentino Tinelli, no son precisamente una réplica de aquellos colonos.
Para Grobo la explicación del interés del gobierno por lograr la aprobación de esta ley está ligada al interés por asegurar y controlar el destino de los alimentos, su producción y evitar la especulación. Y ante la pregunta de si esto se logrará, se contesta que no es la propiedad de la tierra la que producirá la seguridad alimentaria, sino el aumento de la producción, y que Argentina está hoy en condiciones de hacerlo, pues se produce cuatro veces más de los que se consume, y se puede incluso aumentar hasta ocho veces más.
Seguridad alimentaria.
Respecto a la especulación, nada dice este columnista, ni explica la causa del aumento incesante de los alimentos, al punto que muchos de ellos son directamente inaccesibles para los sectores más pobres. Obviamente, no figura en la columna de Grobocopatel, mención alguna a las 200 empresas monopólicas del mercado, que son las formadoras de precios. Tampoco habla de la reacción de estas empresas y sus amigos de los medios monopólicos, ante cualquier intento del gobierno de poner freno a los aumentos en los precios de la canasta alimentaria. El secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, ha sido incesantemente demonizado por la oposición y buena parte de la prensa cada vez que arremetía contra alguna empresa que se excedía en los aumentos de los precios de los alimentos.
Finalmente, Grobocopatel concluye que es "muy loable" la intención del gobierno de controlar la especulación y propender a la seguridad alimentaria, pero dice que esta ley no resolverá esas cuestiones sino que "va contra el desarrollo del país y el interés nacional". Curioso interés nacional el que defiende el CEO de uno de los grupos económicos más grandes en materia alimenticia de nuestro país.
Aunque sea limitada, esta ley debe tratarse y aprobarse, y habrá que seguir bregando por otras iniciativas que vayan "por más", como ha prometido la presidenta que será la impronta de su próximo gobierno, si gana las elecciones presidenciales de octubre.
