En 2008, la empresa surcoreana Daewoo, alcanzó un acuerdo con el por entonces Gobierno de Madagascar para arrendar durante 99 años una extensión de 1,3 millones de hectáreas. Era la mitad de la tierra cultivable de la isla, superior al tamaño de Bélgica. El objetivo: producir maíz y biofuel para consumo del país asiático mientras el 70% de la población nativa vivía entonces por debajo del umbral de la pobreza.
«Corea necesita terrenos de cultivo de cereal en el extranjero a largo plazo para asegurarse una fuente de alimentos estable», afirmó en junio de 2008 Lee Myung-bak, presidente del país. Un año después, las revueltas de la población a causa de este acuerdo motivó un golpe de Estado, con el consiguiente cambio de Gobierno. Y la cancelación de todos los contratos.
La tierra se erige como el mayor trofeo de guerra disponible. Ahora más que nunca. Y es que la inversión en tierra cultivable se revela como una de las más rentables, en un momento de incertidumbre económica. Las razones son simples: por un lado el aumento que han experimentado los precios de los alimentos en los últimos años los convierte en una inversión muy apetitosa. Por el otro, las expectativas de que la demanda no dejará de crecer en un mundo cada vez más poblado y con recursos escasos alimentan la especulación. La Organización para la Agricultura y la Alimentación de las Naciones Unidas (FAO) estima que la producción de alimentos deberá crecer un 50% hasta 2050 para atender la demanda global. Y países como China albergan el 20% de la población mundial pero solo cuentan con el 8% de la tierra cultivable. El desequilibrio es evidente.
Esto ha provocado que empresas de países como China, Arabia Saudí, Corea del Sur, India o Emiratos Árabes Unidos se hayan lanzado a invertir en tierra fértil. No quieren que se vuelva a repetir una nueva crisis de los alimentos como la de 2008 en sus fronteras. Y no son los únicos. Grandes fondos de inversión y entidades financieras también están aumentando su presencia en extensiones de tierra. Según un estudio del Instituto de Investigación Oakland, universidades norteamericanas como Harvard han destinado su dinero a fondos especulativos que cierran jugosos contratos de compra o arrendamiento de tierras cultivables en África. Emergent, una sociedad de gestión londinense, dirige uno de los principales fondos de adquisición de tierras africanas. Comandada por antiguos empleados de sociedades como JP Morgan o Goldman Sachs, los clientes estadounidenses de Emergent habrían invertido unos 500 millones de dólares en parcelas cultivables en África con la intención de alcanzar rendimientos del 25%.
El continente donde se está registrando un mayor número de movimiento de este tipo de contratos es África, seguida de Asia e Iberoamérica. Según calcula Reuters, en los dos últimos años las inversiones en compra de tierra se han duplicado, pasando de 5.000 millones de dólares a 7.000 millones. De acuerdo a la ONG International Land Coalition, casi 80 millones de hectáreas han cambiado de manos en los últimos años, una extensión mayor que la de Francia. En 2010, el Banco Mundial cifró el dato en 57 millones de hectáreas. La tendencia, va a más.
Este aumento de la inversión en tierras está provocando que se produzcan fenómenos como que en pleno cuerno de África, en un año en el que la ONU ha decretado la hambruna en Somalia y en una zona donde más de 10 millones de personas están en peligro de morir de hambre, empresas indias afincadas en Etiopía tengan grandes extensiones de tierra cultivable dedicada a la producción de flores. ONGs como Grain critican que si la tendencia continúa, aumentarán los desplazados y el número de personas con hambre en todo el mundo.
¿Tierra de nadie?
La voracidad de firmas extranjeras está provocando que países como Liberia solo tengan en manos de sus inversores nativos el 7% de sus tierras cultivables. En el caso del recién creado Estado de Sudán del Sur, según un estudio de Norwegian People’s Aid, el 9% de la superficie del país ya habría sido adjudicado a firmas extranjeras.
Los defensores de este proceso, destacan la transferencia de tecnología y capital hacia los países receptores, una mayor contribución fiscal o la creación de puestos de trabajo para fomentar el establecimiento de este tipo de acuerdos, que se firman por duración de decenas de años. Sin embargo, en un artículo el semanario «The Economist» destacó que las promesas de creación de puestos de trabajo o de tributos al Estado que acarrean estos acuerdos no se cumplen en la mayoría de los casos.
El proceso continúa su rumbo. Según la agencia Xinhua, a finales de octubre, China y Sudán se comprometieron a promover relaciones bilaterales. Pagan Amun, el secretario general del Movimiento de Liberación Popular de Sudán, agradeció al país asiático su «apoyo» en la fundación de Sudán del Sur, y reconoció que fomentará la cooperación en áreas como la agricultura o el petróleo.
El Banco Mundial ha señalado que este tipo de inversiones acarrean riesgos «inmensos». Y es que las probabilidades de conflictos por recursos es cada vez mayor en un mundo con poblaciones en aumento, un cambio climático con inundaciones y sequías en crecimiento y unos recursos cada vez más escasos. El control de los alimentos está en juego.
