21-2-2012, El País
El Frente Amplio pretende otorgarle al Senado la capacidad de habilitar o no a las Sociedades Anónimas del agro a funcionar con acciones al portador. La comisión especial creada por Mujica elaboró un proyecto que será considerado este año.
Consolidado el polémico impuesto a la concentración de la tierra (ICIR), que grava a los campos con más de 2.000 hectáreas con índice Coneat 100 (productivos), el gobierno y el Frente Amplio (FA) prevén incluir en la discusión en 2012 nuevas normas dirigidas al campo, referentes tanto al control de la actividad empresarial en el sector como a frenar el proceso de extranjerización.
Las propuestas parten de la comisión de legisladores especialistas en el tema que conformó el Presidente José Mujica, integrada por el ex ministro de Ganadería y actual senador del Movimiento de Participación Popular (MPP), Ernesto Agazzi, el exdirector de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y conductor de la Vertiente Artiguista (VA), senador Enrique Rubio, y el diputado por Cerro Largo y secretario general del Partido Socialista (PS), Yerú Pardiñas, quien ocupa el lugar del senador Jorge Saravia (Partido Nacional), escindido del Frente Amplio en junio de 2011.
El primer proyecto a considerarse será el que otorga al Parlamento la potestad de aceptar o no las solicitudes de empresas del agro que funcionan como Sociedades Anónimas para convertirse sus acciones en nominativas.
Una ley aprobada en enero de 2007, cuando Mujica era ministro de Ganadería del gobierno de Tabaré Vázquez (2005-2010), establece que solo las personas físicas podrán ser titulares de inmuebles rurales y explotaciones agropecuarias. También podrán serlo las sociedades anónimas y sociedades en comandita por acciones "siempre que la totalidad de su capital accionario estuviere representado por acciones nominativas pertenecientes a personas físicas".
Rubio anunció ayer a El País que el proyecto con modificaciones a la norma, ya redactado y aprobado por Mujica, será incluido en las prioridades de la bancada de senadores de la coalición de izquierda cuando se levante el receso parlamentario el próximo 1° de marzo. Consiste en otorgarle al Senado la capacidad de decidir cuándo el Poder Ejecutivo puede dar lugar o no a las peticiones de las SA del agro. Según el senador de la VA, existe "interés" del gobierno en incorporar la modificación a la norma y que, además, la decisión de la Cámara Alta sea vinculante.
"Los legisladores tendrían que analizar la naturaleza de la inversión y evaluar el análisis técnico porque son temas delicados que no dan para juegos políticos. Pero sí tiene que haber responsabilidad compartida del Poder Ejecutivo y del Parlamento para conceder excepciones que a veces pueden ser de gran envergadura, porque de repente puede ser una sociedad anónima muy importante", comentó Rubio.
En los casos donde el Senado no se expida, la decisión sería exclusiva del Ejecutivo.
La norma iba a ser parte del listado de proyectos declarados prioritarios en la última agrupación parlamentaria del FA. Es por ello que Rubio y Agazzi tienen pensado hacerlo en la bancada de senadores del oficialismo y así iniciar el proceso de discusión. El interés de la izquierda es que el proyecto con modificaciones al sistema de excepción de las SA del agro sea considerado "a la brevedad".
Para la coalición de izquierda el control del Parlamento a las excepciones del gobierno sería un "garantía para la ciudadanía".
Según establece la ley 18.092, el Poder Ejecutivo podrá autorizar a que "tanto la titularidad de inmuebles rurales, como la de explotaciones agropecuarias, sea ejercida por sociedades anónimas o por sociedades en comandita por acciones, con capital accionario representado por acciones al portador, cuando el número de accionistas o la índole de la empresa impida que el capital accionario esté representado por acciones nominativas pertenecientes a personas físicas".
Cuando una sociedad autorizada compra otro campo debe pedir a otra el aval, pero si pasan 30 días sin que el Poder Ejecutivo opine, se considera aprobada.
Desde enero de 2007 hasta el 1° de julio de 2011, cuando venció la última prórroga para que empresas del sector regularicen su estatus antes de ser disueltas por la norma, el Poder Ejecutivo había habilitado 113 empresas a funcionar con acciones al portador. Entre las que obtuvieron la autorización están la avícola Granja Tres Arroyos, Eufores (forestal de Ence), Nuevo Manantial, Sociedad Criadores de Hereford del Uruguay, Citrícola Salteña, Adecoagro, Weyerhaeuser, Compañía Forestal Oriental (la forestadora de UPM, ex Botnia), Stora Enso, Salus y Frigorífico Modelo, de acuerdo a un relevamiento realizado por El País.
Freno a la extranjerización en la mira
La comisión de legisladores especializados en temas del campo creada por el Presidente José Mujica, retomará en 2012 su trabajo de asesoría con la meta puesta en frenar y reducir la extranjerización de la tierra. El fenómeno que forma parte de los postulados principales de la izquierda, es vinculado por los legisladores de la comisión con la concentración de campo, al que el gobierno apunta a atacar con el Impuesto a la Concentración de la Tierra (ICIR), aprobado en 2011. Según explicó ayer a El País el diputado de Cerro Largo y secretario general del Partido Socialista, Yerú Pardiñas, el grupo de trabajo pretende elevar al Poder Ejecutivo este año una propuesta sobre extranjerización de la tierra. "En la extranjerización hay que ver que el problema se agrava cuando se asocia a grandes propiedades, y nosotros tenemos que ver cómo podemos tender a homogeneizar la normativa en la región, porque tanto Brasil como Argentina han venido avanzando", comentó el legislador socialista. Para Pardiñas, desde el punto de vista de la propiedad extranjera no residente, "hay una vulnerabilidad productiva muy grande" y por ende identifica que ello constituye "un problema", tanto desde el punto de vista productivo como de soberanía, "ni que hablar".
"Habría que ver cómo es posible fijar normativas que tampoco frenen el proceso de desarrollo que está teniendo el agro uruguayo", agregó. En una repentina visita a la comisión a fines de 2010, Mujica encomendó jerarquizar la elaboración de un proyecto de ley a fin de frenar la extranjerización de tierras en todo el país, no sólo de parte de multinacionales sino también de Estados. "El Poder Ejecutivo le vino a encargar a los senadores de su bancada que hagan lo que puedan sobre el tema. No me preocupa tanto lo que ocurre ahora. Me preocupa lo que puede venir", dijo el Presidente a la salida.
El valor de la tierra
En 2011 el precio promedio por hectárea (US$ 4.521) en las compraventas de campos marcó un récord histórico, mientras que también hubo más transacciones y por una superficie mayor que en 2010, según datos del Instituto Nacional de Colonización, publicados por el semanario Búsqueda.
El incremento del valor promedio de la hectárea fue de 24% con respecto a 2010 y el monto total de las operaciones fue de US$ 745 millones, 9% menos que en comparación al año anterior (US$ 820 millones).
En total fueron 154 operaciones. La mayor parte se concretaron en Paysandú (18), Soriano (15), Treinta y Tres (14), Florida y Cerro Largo (12), Durazno y Río Negro (11).
El Frente Amplio pretende otorgarle al Senado la capacidad de habilitar o no a las Sociedades Anónimas del agro a funcionar con acciones al portador. La comisión especial creada por Mujica elaboró un proyecto que será considerado este año.
Consolidado el polémico impuesto a la concentración de la tierra (ICIR), que grava a los campos con más de 2.000 hectáreas con índice Coneat 100 (productivos), el gobierno y el Frente Amplio (FA) prevén incluir en la discusión en 2012 nuevas normas dirigidas al campo, referentes tanto al control de la actividad empresarial en el sector como a frenar el proceso de extranjerización.
Las propuestas parten de la comisión de legisladores especialistas en el tema que conformó el Presidente José Mujica, integrada por el ex ministro de Ganadería y actual senador del Movimiento de Participación Popular (MPP), Ernesto Agazzi, el exdirector de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y conductor de la Vertiente Artiguista (VA), senador Enrique Rubio, y el diputado por Cerro Largo y secretario general del Partido Socialista (PS), Yerú Pardiñas, quien ocupa el lugar del senador Jorge Saravia (Partido Nacional), escindido del Frente Amplio en junio de 2011.
El primer proyecto a considerarse será el que otorga al Parlamento la potestad de aceptar o no las solicitudes de empresas del agro que funcionan como Sociedades Anónimas para convertirse sus acciones en nominativas.
Una ley aprobada en enero de 2007, cuando Mujica era ministro de Ganadería del gobierno de Tabaré Vázquez (2005-2010), establece que solo las personas físicas podrán ser titulares de inmuebles rurales y explotaciones agropecuarias. También podrán serlo las sociedades anónimas y sociedades en comandita por acciones "siempre que la totalidad de su capital accionario estuviere representado por acciones nominativas pertenecientes a personas físicas".
Rubio anunció ayer a El País que el proyecto con modificaciones a la norma, ya redactado y aprobado por Mujica, será incluido en las prioridades de la bancada de senadores de la coalición de izquierda cuando se levante el receso parlamentario el próximo 1° de marzo. Consiste en otorgarle al Senado la capacidad de decidir cuándo el Poder Ejecutivo puede dar lugar o no a las peticiones de las SA del agro. Según el senador de la VA, existe "interés" del gobierno en incorporar la modificación a la norma y que, además, la decisión de la Cámara Alta sea vinculante.
"Los legisladores tendrían que analizar la naturaleza de la inversión y evaluar el análisis técnico porque son temas delicados que no dan para juegos políticos. Pero sí tiene que haber responsabilidad compartida del Poder Ejecutivo y del Parlamento para conceder excepciones que a veces pueden ser de gran envergadura, porque de repente puede ser una sociedad anónima muy importante", comentó Rubio.
En los casos donde el Senado no se expida, la decisión sería exclusiva del Ejecutivo.
La norma iba a ser parte del listado de proyectos declarados prioritarios en la última agrupación parlamentaria del FA. Es por ello que Rubio y Agazzi tienen pensado hacerlo en la bancada de senadores del oficialismo y así iniciar el proceso de discusión. El interés de la izquierda es que el proyecto con modificaciones al sistema de excepción de las SA del agro sea considerado "a la brevedad".
Para la coalición de izquierda el control del Parlamento a las excepciones del gobierno sería un "garantía para la ciudadanía".
Según establece la ley 18.092, el Poder Ejecutivo podrá autorizar a que "tanto la titularidad de inmuebles rurales, como la de explotaciones agropecuarias, sea ejercida por sociedades anónimas o por sociedades en comandita por acciones, con capital accionario representado por acciones al portador, cuando el número de accionistas o la índole de la empresa impida que el capital accionario esté representado por acciones nominativas pertenecientes a personas físicas".
Cuando una sociedad autorizada compra otro campo debe pedir a otra el aval, pero si pasan 30 días sin que el Poder Ejecutivo opine, se considera aprobada.
Desde enero de 2007 hasta el 1° de julio de 2011, cuando venció la última prórroga para que empresas del sector regularicen su estatus antes de ser disueltas por la norma, el Poder Ejecutivo había habilitado 113 empresas a funcionar con acciones al portador. Entre las que obtuvieron la autorización están la avícola Granja Tres Arroyos, Eufores (forestal de Ence), Nuevo Manantial, Sociedad Criadores de Hereford del Uruguay, Citrícola Salteña, Adecoagro, Weyerhaeuser, Compañía Forestal Oriental (la forestadora de UPM, ex Botnia), Stora Enso, Salus y Frigorífico Modelo, de acuerdo a un relevamiento realizado por El País.
Freno a la extranjerización en la mira
La comisión de legisladores especializados en temas del campo creada por el Presidente José Mujica, retomará en 2012 su trabajo de asesoría con la meta puesta en frenar y reducir la extranjerización de la tierra. El fenómeno que forma parte de los postulados principales de la izquierda, es vinculado por los legisladores de la comisión con la concentración de campo, al que el gobierno apunta a atacar con el Impuesto a la Concentración de la Tierra (ICIR), aprobado en 2011. Según explicó ayer a El País el diputado de Cerro Largo y secretario general del Partido Socialista, Yerú Pardiñas, el grupo de trabajo pretende elevar al Poder Ejecutivo este año una propuesta sobre extranjerización de la tierra. "En la extranjerización hay que ver que el problema se agrava cuando se asocia a grandes propiedades, y nosotros tenemos que ver cómo podemos tender a homogeneizar la normativa en la región, porque tanto Brasil como Argentina han venido avanzando", comentó el legislador socialista. Para Pardiñas, desde el punto de vista de la propiedad extranjera no residente, "hay una vulnerabilidad productiva muy grande" y por ende identifica que ello constituye "un problema", tanto desde el punto de vista productivo como de soberanía, "ni que hablar".
"Habría que ver cómo es posible fijar normativas que tampoco frenen el proceso de desarrollo que está teniendo el agro uruguayo", agregó. En una repentina visita a la comisión a fines de 2010, Mujica encomendó jerarquizar la elaboración de un proyecto de ley a fin de frenar la extranjerización de tierras en todo el país, no sólo de parte de multinacionales sino también de Estados. "El Poder Ejecutivo le vino a encargar a los senadores de su bancada que hagan lo que puedan sobre el tema. No me preocupa tanto lo que ocurre ahora. Me preocupa lo que puede venir", dijo el Presidente a la salida.
El valor de la tierra
En 2011 el precio promedio por hectárea (US$ 4.521) en las compraventas de campos marcó un récord histórico, mientras que también hubo más transacciones y por una superficie mayor que en 2010, según datos del Instituto Nacional de Colonización, publicados por el semanario Búsqueda.
El incremento del valor promedio de la hectárea fue de 24% con respecto a 2010 y el monto total de las operaciones fue de US$ 745 millones, 9% menos que en comparación al año anterior (US$ 820 millones).
En total fueron 154 operaciones. La mayor parte se concretaron en Paysandú (18), Soriano (15), Treinta y Tres (14), Florida y Cerro Largo (12), Durazno y Río Negro (11).
