4-6-2013, CEPES Rural
Actualmente, la Costa peruana contaría con 863 mil hectáreas de tierras de cultivo [1]. De esta superficie, cerca del 10% tendría algún grado de participación de inversionistas extranjeros, ya sea de forma independiente o como accionista mayoritario o minoritario de capitales peruanos.
En el Perú nadie ha puesto en tela de juicio la compra de inmuebles rurales por parte de extranjeros, debido a que se ha venido considerando su participación como marginal en comparación a grupos económicos nacionales como Gloria, Oviedo o Romero.
A diferencia de Perú, en otros países de Sudamérica se limita o prohíbe la transferencia de terrenos agrícolas a extranjeros, sean personas naturales o jurídicas. Buena parte de estas medidas son de índole geopolítica, y tienen por objeto limitar la adquisición de tierras por parte de extranjeros en zonas de frontera o de seguridad.
Sin embargo, en los últimos años, algunos gobiernos de la Región han decidido reforzar otro conjunto de herramientas legales para enfrentar fenómenos concretos de extranjerización de la tierra que vienen ocurriendo en sus territorios.
Por ejemplo, la vigente Constitución de Bolivia prohíbe a los extranjeros adquirir tierras del Estado. En Brasil la adquisición de inmuebles rurales por parte de extranjeros está sujeta a la fiscalización del Estado y, en el mejor de los casos, no puede superar la cuarta parte (1/4) del territorio de los municipios. El gobierno argentino, por su lado, ha introducido recientemente una serie de restricciones a la extranjerización de la tierra (Ley Nº 26.737), como el límite de quince por ciento (15%) a toda titularidad de tierras rurales por parte de extranjeros.[2]
A pesar de esto, las expectativas de que alguna de estas medidas tenga éxito son reducidas, tomando en cuenta que las disposiciones que prevén para contrarrestarlo no tendrán efectos hacia atrás (irretroactivas) y que la extranjerización de la tierra en estos tres países es un fenómeno sumamente extendido[3].
Un reciente estudio auspiciado por la FAO indica que en Argentina 6 millones 722 mil hectáreas estarían bajo el control de inversionistas extranjeros. En Brasil, los datos arrojan 4 millones 348 mil hectáreas extranjerizadas, y en el caso de Bolivia, inversionistas extranjeros, principalmente brasileros y argentinos, poseerían más de un millón de hectáreas de las mejores tierras agrícolas y ganaderas.[4]
El Perú ni por asomo tiene la cantidad de tierras de los tres países mencionados. El año 2011, por cada peruano existía apenas 0,15 de una hectárea cultivable, muy por debajo de los promedios de Argentina (0,96), Brasil (0,40) y Bolivia (0,40).[5]
Sin embargo, la escasez de tierras en nuestro país no ha sido impedimento para la llegada de inversionistas extranjeros, principalmente en la Costa donde se concentran las tierras de mejor calidad y la inversión pública en mega proyectos agrícolas como Chavimochic, Olmos, Chinecas, etc.
Como se mencionó anteriormente, de las 863 mil hectáreas de tierras de cultivo que tiene la Costa, aproximadamente 84 408 hectáreas, casi el 10%, tendría algún grado de participación de inversionistas extranjeros.
Con estos datos a la vista es momento de prestar atención a la adquisición de inmuebles rurales por parte de extranjeros, examinar qué efectos ha tenido en otros países de la región y proponer medidas preventivas para que no amenace la seguridad alimentaria o acentúe las desigualdades.
El ascenso en la demanda global de alimentos y madera, sumada a las políticas que promocionan la producción de biocombustibles y proyectos de conservación y compensación del carbono, constituyen poderosos incentivos para que inversionistas extranjeros incrementen su participación en la adquisición de inmuebles rurales, desde nuestra perspectiva es importante saber ¿Cuál será el costo?
Notas:
[1] Esta cifra considera las aproximadamente 779 mil ha de riego que figuran en el Censo Nacional Agropecuario de 1994, y las 84 mil hectáreas que se habrían ganado producto de las obras de irrigación de Olmos y Chavimochic.
[2] Un límite específico de mil hectáreas abarca la zona denominada «núcleo», que integran los departamentos y partidos de Córdoba, Santa Fe, Buenos Aires, Pergamino, Arrecifes y Carmen de Areco, considerada la de mayor aptitud agrícola de Argentina.
[3] Por esa razón, es más probable que Argentina, Brasil y Bolivia hayan decidido reforzar el control de la extranjerización de su territorio de manera preventiva, teniendo a la vista el informe de la FAO que indica que forman parte del grupo de siete países que concentran más de la mitad de la tierra con potencial para la producción agrícola mundial.
[4] En FAO (2012). Dinámicas del mercado de la tierra en América Latina y el Caribe: concentración y extranjerización.
[5] Según los perfiles de país de FAOSTAT.
[6] El socio mayoritario de Camposol es la familia peruana Dyer que tiene una participación del 33.2% en el número de acciones. Pero hace pocas semanas la empresa Golden Target Pacific Ltd, controlada por el grupo económico chino Ng, habría adquirido el 11.3% de las acciones de la empresa, y junto al Deutsche Bank AG (Alemania) que ya manejaba el 14.58% de las acciones se convierten en los dos principales socios minoritarios de Camposol.
[7] Según la Superintendencia del Mercado de Valores, además del Grupo Wong (Perú) que tiene un importante paquete de acciones de Andahuasi a través de su empresa Río Pativilca S.A, figuran como accionistas minoritarios las siguientes empresas domiciliadas en Panamá: Ducktown Holdings S.A con el 17% de acciones; Inversiones Dagomar S.A. con 16%; y Zabuck International INC con el 13% de acciones.
[8] Según la Superintendencia del Mercado de Valores, el accionista mayoritario de Pucalá es la empresa estadounidense Cromwell Assets S.A. con una participación del 51% en las acciones de la azucarera.
