La salida de la subdirectora de tierras del Incoder, Jhenifer Mojica, sería una muestra más del inconformismo de un sector que no está de acuerdo con el nuevo modelo agrario que desea el Gobierno.
El rumor se hizo realidad este miércoles: la dirección del Incoder le aceptó la renuncia a la subdirectora de tierras, Jhenifer Mojica, uno de los alfiles que tenía la entidad para la recuperación de terrenos baldíos del Estado, que estarían en manos de multinacionales o propietarios, y que nutrirían el Banco de Tierras con el que se busca sacar adelante la ambiciosa Ley de Víctimas y de Restitución. Un hecho que pasaría inadvertido dentro de los cambios y relevos que se han dado en el Gobierno en los últimos días, a no ser porque sería una muestra más de la incomodidad que en algunos sectores ha tenido el cambio de política en materia de tierras que viene dando.
Así lo dejó entrever la misma Mojica, quien ha señalado que su renuncia nada tiene que ver con el proceso disciplinario que le abrió la Procuraduría por haber supuestamente presentado calificaciones de experiencias falsas, y que en cambio se debió a que no quiere “obstruir el cambio de políticas que se está implementando en el Gobierno en cuanto a tierras”. Señaló, además, que su salida se debe a un “desgaste” de casi tres años a cargo de casos delicados en la Subdirección, ejecutando políticas de tierras trazadas entonces por el exministro de Agricultura, Juan Camilo Restrepo. Y manifestó que tiene claro que su trabajo tocó intereses que generaron tensiones y acosos en su contra, al denunciar penal y disciplinariamente administraciones pasadas que adjudicaron irregularmente terrenos.
La llegada de Rubén Darío Lizarralde como ministro de Agricultura no sería ajena a estos cambios que se vienen dando en el Incoder. Lizarralde se posesionó este miércoles en la Casa de Nariño, en medio de fuertes críticas de la oposición y una férrea defensa del presidente Juan Manuel Santos de su designación. El senador del Polo Democrático Jorge Robledo, ha dicho que Lizarralde estaría inhabilitado para ser ministro por haber comprado tierras en la altillanura que podrían ser baldíos de la Nación y estaría prohibido por la ley 160 de 1994. Las Farc, desde Cuba, también criticaron el nombramiento diciendo que por la condición de empresario del agro de Lizarralde no podrá dar desarrollo a los acuerdos a los que se llegó con el Gobierno sobre ese tema.
Ante la polémica, el presidente Santos dijo que las críticas al nuevo funcionario son de tipo “político”, porque en este momento no se puede “conseguir un mejor ministro”. Y aseguró que “con su experiencia” va a salir adelante el “gran pacto agrario” que se firma este jueves --sin la participación de todos los sectores campesinos-- y que permitiría tener una política agropecuaria después de mucho tiempo. El mandatario también indicó en su momento que Lizarralde “es una de las personas que más sabe del agro colombiano”, al poner en marcha un “esquema de producción eficiente en el campo” en Indupalma, que el Gobierno desea reproducir a lo largo y ancho del territorio.
Un propósito que no es nuevo para el jefe de Estado, quien hace al menos tres meses ha hecho público su deseo de ajustar el modelo agrario del país, a través de la modificación del uso y la propiedad de los baldíos para, según él, “darles seguridad jurídica a los empresarios nacionales y extranjeros que han invertido o quieren invertir en grandes proyectos agroindustriales”.
Este debate tuvo su primer capítulo mediático con la defensa del presidente Santos a la renuncia del embajador de Colombia en Washington, Carlos Urrutia, a quien denunció la oposición por presidir en el pasado la firma de abogados Brigard y Urrutia, que asesoró la compra de baldíos por parte de empresas como Riopaila y Cargil, pasando por alto la ley 160 de 1994. Una norma que es clara en señalar que nadie puede acumular terrenos superiores a una Unidad Agrícola Familiar (UAF) en predios adjudicados como baldíos, porque esta tierra del Estado tiene un carácter social y debe ser destinada esencialmente a campesinos sin tierra.
Santos defendió al exembajador Urrutia diciendo que este insistió en su renuncia para “evitar perjudicar al Gobierno por quienes quieren politizar un bienvenido debate sobre el futuro del modelo agrícola que requiere la nación”. Pero antes de este primer capítulo, el Gobierno ya había objetado la ley de baldíos para familias pobres, argumentando que limitar la distribución de terrenos baldíos a familias pobres del país “no garantiza el aprovechamiento de la tierra, pues la inversión que requiere poner a producir un predio exige un capital inicial que las familias pobres no pueden proveer”.
Por lo pronto, la salida de Mojica de la subdirección de Tierras del Incoder, argumentando que no quiere obstruir el cambio de políticas de tierras que se está implementando en el Gobierno, deja el interrogante sobre si ese modelo agrario del país, que se ajusta con vigor en el Ejecutivo, entrará a chocar con quienes intentan sacar adelanta una política de restitución de tierras a víctimas del conflicto interno.
